La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de presentar su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México” después de la visita que hicieron el año pasado.
Ya se imaginará cómo reaccionaron nuestras autoridades: mal.
Aunque la CIDH “valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente (a) la situación presentada en el informe”, también detallan que entre la pasada administración federal y la actual “no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia”.
Peor aún. Detallan que, de acuerdo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre diciembre de 2006 y agosto pasado se tenían registrados 151 mil 233 homicidios en todo el país. Consideran que las desapariciones forzadas en nuestro país han “aumentado en forma dramática” en México.
—La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la Guerra Sucia y que ha propiciado su repetición hasta hoy.
Es decir, no hemos cambiado el acceso a la justicia en décadas. Pervive la impunidad. ¿Cómo decir que no es así?
La CIDH no quita el dedo de la herida: recuerdan casos como Tlatlaya, Estado de México; Apatzingán, Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán. Claro, Ayotzinapa.
¿Qué nos dicen sobre la tortura? Retoman cifras de la PGR, que hasta abril del año pasado aceptó que tenía 2 mil 420 investigaciones en el tema y de todas ellas… sólo 15 sentencias condenatorias (que representan el 0.61%). Sólo en este tema, el informe detalla que en torno a las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa: “el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra”.
Sobre Ayotzinapa y el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, James Cavallaro, presidente de la CIDH, resalta que los integrantes de este equipo de trabajo han sido blanco de ataques difamatorios y de desprestigio.
Por supuesto que de ninguna manera nuestro gobierno aceptó semejante informe. Vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, de plano consideran que están equivocados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
—“(El Informe) desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”.
Insisten que aquí no hay ninguna crisis en materia de derechos humanos. ¡Qué va!
Que sus apreciaciones se deben a que sólo acudieron a “lugares focalizados” y “entrevistas sobre temas específicos”.
Para qué alarmarse de que en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se tiene registradas 351 personas desaparecidas, y sólo hay una persona detenida, como lo decía ayer Aldo Meza. Se trata de un policía acusado de desaparición forzada.
Qué decirles a Las Rastreadoras, un grupo de madres de familia y también familiares de personas desaparecidas en Sinaloa, que ante la falta de respuesta de las autoridades, ellas realizan tareas de búsqueda. El gobierno de Mario López les prometió un equipo canino para localizar cuerpos. Hasta principios de febrero pasado, la ayuda no había llegado.
¿Qué les decimos a los integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y también de Por Amor a ellxs, en Jalisco?
¿Y qué decirles a los familiares de las 840 mujeres asesinadas en el Estado de México entre 2011 y 2013, motivo por el cual se emitió la alerta de género el año pasado?
¿Qué decirles a los papás de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, quienes mantiene un plantón en la Fiscalía estatal en espera de que les digan dónde están sus hijos? Todo indica que lamentablemente fueron asesinados, de acuerdo con autoridades federales. De nuevo fueron policías, parte del Estado, que ha fallado.
¿De motines? Ay, lo sucedido en Topo Chico seguramente fue una pelea cualquiera. O lo de Piedras Negras. ¡Si tenemos pleno control de las prisiones en el país!
Ayer la canciller Claudia Ruiz Massieu consideró que el informe debía tener también “el reconocimiento de avances (en materia de derechos humanos) compromiso que ha tenido el gobierno de México”.
Es cierto que se ha avanzado, pero el tamaño del reto es tan grande que no es tiempo de felicitaciones, sino de acciones. Desestimar que hay una crisis no ayuda a nadie. Me extraña el silencio, por cierto, de Roberto Campa.
A propósito, ni el gobierno ni la CIDH ponen realmente énfasis en la también crisis de derechos humanos en la que permanentemente viven las personas con discapacidad en México. Sólo dejo el tema ahí.
Y siguiendo con el tema de derechos humanos, ayer Carlos Beristáin y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI se reunieron en Bruselas con integrantes de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Les solicitaron su colaboración a fin de que apoyen la labor que están haciendo. Reiteraron que los ataques en contra de los integrantes del GIEI son para intentar “cerrar el espacio en la búsqueda de la verdad en el caso”. Hicieron énfasis en que aún no pueden entrevistarse con los integrantes del 27o Batallón de Iguala.
Ayer precisamente el Centro Pro de Derechos Humanos difundió 8 de las razones por las cuales el gobierno mexicano-Enrique Peña Nieto debe permitir que los integrantes del GIEI se entrevisten con los militares.
Entre algunas de ellas están:
--Porque en democracia, las fuerzas armadas no deben ser autónomas sino sujetarse a controles civiles.
--Porque se encuentra demostrado que elementos del 27o Batallón presenciaron la agresión contra algunos de los estudiantes desaparecidos.
--Porque el noche del 26 de septiembre de 2014 el Ejército operó en Iguala con un cuerpo irregular, cuya intervención debe indagarse.
--Porque el Ejército intervino en la información recabada por el C4.
--Porque los investigadores de la PGR no interrogaron exhaustivamente a los militares acerca de sus posibles vínculos con grupos delictivos.
No me cabe en la cabeza que realmente se crea que se “cuida” al Ejército Mexicano con estas medidas. En serio, no.
Lo que empezó con un simple reclamo en Facebook está tomando tintes casi bíblicos. Aunque estemos en un Estado laico, espero que esto no llegue al extremo de Caín y Abel, por el bien de todos, aunque suene a coalición electoral.
Le explico querido lector, lectora.
Andrés Manuel López Obrador lamentó que su hermano Arturo apoyara a Héctor Yunes, candidato del PRI al gobierno de Veracruz. Doble golpe moral para el líder de MORENA.
Luego echó más leña al fuego:
--Los traidores existen hasta en la familia...cuando no hay ideales, cuando no hay principios, por lo general no se resiste la tentación del poder. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos…
Compruebo que los López Obrador son de mecha corta. Arturo no se quedó callado y respondió que le podrán decir lo que quieran, pero traidor no.
Que él no ha traicionado a nadie, y bajita la mano le pregunta si no se mordió la lengua porque para traición, su hermano ha estado en tres partidos políticos. ¡Zas!
--La tiranía es creer que todos van a marchar cuando yo marche y que todos van a bailar al son que yo toque. Andrés Manuel hace eso y no se vale porque no todos pensamos igual... tampoco hay que ser tirano porque uno no pude aspirar a que todos piense igual que uno.
Arturo –quien dice que lo sigue queriendo-- le recuerda que mientras él lo apoyo en la pasada campaña presidencial en Tlaxcala, el Peje no metió las manos para defenderlo cuando le quitaron la candidatura a diputado federal por esa entidad.
Y peor aún. Según Arturo, Andrés Manuel se está quedando sólo. De los seis hermanos que son, sólo uno lo apoya.
Él lo dijo:
--Vamos a cerrar la frontera, construiremos un muro... tal vez le ponga mi nombre: Donald Trump. Sin comentarios.
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