El otro día platicaba —electrónicamente— con un conocedor del Ejército, disculpen que no lo cite. Me llamó “ingenua” con respecto a una columna de la semana pasada cuando pregunté —y contesté basado en el informe del GIEI de la CIDH— cuánto sabía el Ejército al respecto de Ayotzinapa.
En el Ejército, me dijo en pocas palabras, la instrucción es mejor ser acusados de omisos que de asesinos, sobre todo desde Tlatlaya. Ya hemos comentado la molestia profunda del Ejército por hacer un trabajo que no les pertenece y para el que no tienen el marco legal —es labor de la policía— y por si fuera poco, arriesgarse a minar su credibilidad por exponerse a violaciones de derechos humanos.
La cosa es que no hay para dónde hacerse. También hay responsabilidades por omisión. Si, acaso, el Ejército supo, pues habría que leerles otra vez el Artículo 1º, párrafo 3 de nuestra Constitución:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley”. También hay que citar el Código de Justicia Militar, Artículo 382: “El que infrinja alguno de los deberes que le corresponden, según su comisión o empleo, o deje de cumplirlo sin causa justificada, y el hecho u omisión no constituyere un delito especialmente previsto por este código, será castigado con la pena de un año de prisión. Cuando la infracción sea debida a torpeza o descuido, la pena será de cuatro meses de prisión. Si resultare daño a algún individuo, se procederá conforme a las reglas generales sobre aplicación de penas”.
Estas acusaciones podrán ser percibidas por algunas personas dentro del Ejército como “latosas” acusaciones de derechos humanos, pero lo cierto es que una Institución tan importante como las Fuerzas Armadas no deben pagar por la acción u omisión de unos cuantos. Ojalá se entienda así.
Por cierto, esta persona también me reclamó la falta de insistencia que tenemos organizaciones de derechos humanos para lograr que las violaciones a derechos humanos al interior del Ejército se vean, también, en un tribunal civil. Tiene razón.
Entre hoy y el próximo sábado habrá tres nuevos gobernadores en el país. No son del PRI: hay uno del PRD, otro del PAN y otro más, independiente. En Michoacán, Querétaro y Nuevo León, respectivamente. A ver si como ganaron las elecciones gobiernan, con ese alto nivel de expectativa. Hoy los dos primeros.
1) Comencemos por Michoacán, donde tomará posesión el perredista Silvano Aureoles Conejo. Con él regresa el PRD al Palacio de Gobierno, luego de un polémico periodo gobernado por el PRI, con Fausto Vallejo, el interino Jesús Reyna (hoy preso), y Salvador Jara.
Aureoles llega a una entidad azotada por la delincuencia organizada, enfrentada con guardias comunitarios, y salpicada por los escándalos de los videos de Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador electo, con Servando Gómez La Tuta. Rodrigo estuvo preso en el penal de Santiaguito, acusado de encubrimiento, el cual dejó después de haber pagado una fianza de 7 mil 9 pesos, para enfrentar el proceso el libertad.
Pendiente está la situación de José Manuel Mireles, quien fuera líder de las guardias comunitarias de Tepalcatepec. Está detenido en el Penal Federal de Hermosillo, Sonora. El 3 de julio pasado, la PGR dio a conocer que se desistía de la acusación en contra de Mireles, por lo que la decisión correspondía al juez encargado. Días más tarde, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito le dictó un nuevo auto de formal prisión por portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Sus familiares han solicitado su libertad debido a problemas de salud.
Como si le faltara algo, en julio pasado hicieron su aparición Los Blancos de Troya, otro presunto grupo de autodefensa en la zona de Apatzingán.
Por cierto, ¿qué hará en torno a la investigación sobre los hechos registrados en Apatzingán en enero pasado, donde hubo civiles muertos en extrañas situaciones
¿Será que Silvano evaluará la labor realizada por el ex comisionado federal Alfredo Castillo? No hay que olvidar que fue precisamente Michoacán donde en diciembre de 2006 inició la estrategia federal de Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada, y fue en Morelia, durante la ceremonia del Grito de Independencia, donde se registró el primer granadazo terrorista de grupos armados contra la sociedad civil.
Michoacán se ubica en el lugar 10 de la lista de estados más endeudados, con 16 mil 700 millones de pesos. Además, haciendo un corte de caja a las finanzas estatales al pasado 30 de junio, el actual gobierno tenía deudas a corto plazo por un monto de 8 mil 484 millones de pesos.
Será hoy cuando dé a conocer a los integrantes de su gabinete. Por cierto, la senadora y ex adversaria para la gubernatura, Luisa María Calderón Hinojosa, declinó la invitación de Silvano a ser secretaria de Finanzas o coordinar la Contraloría estatal.
2) En Querétaro también habrá retorno de partido a Palacio de Gobierno. Hoy rendirá protesta Francisco Domínguez Servién, con quien el PAN regresa a encabezar ese gobierno, luego del periodo de José Calzada Rovirosa, hoy secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Domínguez ganó por 379 mil 790 votos contra 321 mil 32 sufragios que recibió el priísta Roberto Loyola Vera; sólo una diferencia de 58 mil 758 votos.
En el Congreso local, el PAN tendrá 13 legisladores, 8 el PRI, mientras que PRD, Nueva Alianza, Partido Verde y MORENA, 1 cada uno.
Uno de los problemas que el gobernador electo pidió resolver al gobernador interino Jorge López Portillo Tostado y a Gilberto Herrera Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, es que antes de este 30 de septiembre, se resuelvan las broncas entre la rectoría de esa casa de estudios y el Sindicato de Trabajadores de la misma.
Otro de las papas calientes que ha reconocido que le dejarán, es la situación en las cárceles estatales, como lo son las llamadas de extorsión que se hacen desde esos sitios. Ya adelantó que, una vez en el cargo, realizará una investigación sobre los actuales funcionarios y se sancionará a quienes hayan cometido fallas, por ejemplo en la colocación de inhibidores.
De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Querétaro ocupa el lugar 30 de las entidades con menor deuda pública, al primer trimestre de este año, con mil 200 millones de pesos.
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