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Hoy por la tarde iniciará el ayuno de padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Lo realizarán en el Zócalo de la ciudad de México. El jueves se reunirán con Enrique Peña Nieto, al parecer a las 13 horas, que quizá en un museo. (¿Qué tal el de Memoria y Tolerancia? Mera sugerencia). Van los familiares, sus abogados y al menos cuatro de los integrantes del GIEI —la única que quizá no llega es Claudia Paz y Paz.
Llegamos a la fecha sin resultados claros. Sin que las víctimas —se calcula que son 700 los familiares directos no sólo de los 43, sino de los 6 que murieron, 80 que son víctimas de persecución y atentados y 30 que sufrieron ataques contra su vida— se den por satisfechos al saber lo que pasó y quiénes son los culpables a un año de una de las noches más tristes de la historia reciente en México. No hay aún sentencias a nadie y menos por “desaparición forzada”.
Llegamos también divididos, polarizados. Se percibe en el ánimo nacional una suerte de apuesta cuasi religiosa y excluyente: los que dicen que la PGR dice la verdad y los que dicen que no y que el GIEI (grupo de expertos de la CIDH) la tiene.
Se ha comprendido mal el papel institucional del GIEI: su mandato en el país —acordado con el Estado mexicano— no es hacer una investigación paralela, sino “auditar” —hacer una “verificación técnica” a la ya hecha, ver http://media.wix.com/ugd/3a9f6f_7681a5e91f594a16a27e8573ed60c5a8.pdf—, participar como “coadyuvante”.
Los nuevos elementos que han señalado están, casi todos, en la misma investigación de la PGR. Claro, hay elementos adicionales, como el famoso peritaje de José Torero, y también otros, pero esos dejémoslos a un lado por hoy. El informe presentado el pasado 6 de septiembre apunta otras cosas igual de interesantes… y polémicas.
Hoy en la columna, las partes del informe que mencionan la participación del Ejército mexicano.
Nadie, ojo, está acusando al Ejército de nada, pero sí saben cosas que, hasta el momento, no han precisado y se han negado a que integrantes del GIEI les hagan preguntas (es verdad que no es parte de su mandato formal participar en estas diligencias, pero el gobierno sí lo permitió en otros casos, ¿por qué en este no?).
Una pregunta clave: ¿se les podría acusar, legalmente, por omisión, por no actuar como garantes del orden? No lo sé. Hay que investigar.
Antes de seguir quiero reconocer algo, decirlo: en esta batalla continuada de lucha contra la delincuencia, el Ejército ha entrado de emergente leal, por instrucción de dos presidentes, ya por muchos años, sin marco legal que se los permita. El Ejercito está molesto: no sólo hace algo que no le corresponde, sino que su participación en muchos casos ha sido cuestionada y su credibilidad se ha deteriorado.
El C4, Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo.
Uno. Ahí llegaron los primeros informes reportando los enfrentamientos; pero también es aquí donde se concentran algunas inconsistencias documentadas en el informe.
En la página 316 se detalla, en torno a las comunicaciones de audio en ese centro:
— “a) La mayor parte de ellas aparecen como comunicaciones de personas que avisan de hechos de violencia o piden ayuda a través del teléfono de emergencias 066. b) Se dan algunas comunicaciones que señalan la intervención de ciertos agentes de fuerzas estatales o federales en verificar las actuaciones o informaciones existentes. c) Hay dos periodos en los que no aparecen comunicaciones en el C4 que ha sido proporcionado al GIEI, durante ciertas horas. Dichos periodos coinciden con el tiempo posterior al primer ataque de la calle Juan N. Álvarez y el tiempo del segundo ataque en el mismo lugar. d) En un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo se señala que no tienen acceso a información a partir del C4 en ciertos momentos esa noche porque la comunicación está intervenida por Sedena”.
¿Radicará aquí la cerrazón de las autoridades federales para permitir una entrevista del GIEI con elementos del 27º Batallón de Infantería con sede en Iguala?
Dos. El C-4 tenía videos. ¿Qué pasó con ellos?
– “El C-4 monitoreó la salida de los normalistas desde Chilpancingo a las 6pm, hasta su llegada a las cercanías de Iguala. Las cámaras de seguridad que forman parte del sistema de vigilancia y coordinación podrían proporcionar información sobre una parte de estos hechos, pero se señaló que estaban inutilizadas y en otros casos las grabaciones existieron y no se proporcionaron a la PGR ni al GIEI. Solo imágenes de una cámara pudieron identificar patrullas que llevaban detenidos en la salida a Taxco. Otras imágenes fueron al parecer destruidas, y tres grabaciones de video de la estación de autobuses pudieron rescatarse tras las gestiones del GIEI en mayo de 2015, al final de las cuales aparece presencia policial a pie en la calle Hermenegildo Galeana tras salir los autobuses de la central”.
La semana pasada, Denisse Maerker mostró imágenes en las cuales se demuestra que personal de Protección Civil, en la patrulla PC 003, sí atacó a los estudiantes. Se demostró con investigaciones que dichos funcionarios tenía nexos con Guerreros Unidos.
¿Qué fuerzas del orden participaron o al menos estuvieron enterados?
De acuerdo con el informe del GIEI, se tuvo la participación de elementos de la policía federal, ministerial, policía municipal de Iguala y Cocula. Ahora sabemos que también una de Protección Civil.
– “En ambos escenarios de los autobuses estrella de Oro 1568 y 1531 donde hubo normalistas desaparecidos, los agresores fueron al menos policías municipales de Iguala y Cocula. En el escenario del Palacio de Justicia, según testigos, los perpetradores dijeron que iba a llegar policía o grupos de Huitzuco para llevarse a parte de los normalistas...Antes de todo eso, tanto la policía federal, estatal, como el ejército tuvieron personal destacado en la caseta de Iguala en ese momento, donde los normalistas se disponían a tratar de tomar autobuses y una patrulla estatal habría observado su llegada antes de retirarse. Según testimonio de los normalistas, la policía federal estuvo presente muy cerca del otro lugar de boteo, el cruce de Huitzuco. Es decir, antes de los hechos los normalistas tuvieron seguimiento tanto de la policía federal, como la estatal y el ejército que tenían conocimiento de que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa en actividades de boteo y toma de autobuses...Por otra parte, diferentes testigos señalan la presencia de policía federal en el escenario del Palacio de Justicia en dos momentos diferentes y también de policía ministerial según los normalistas, otros testigos y policías municipales; de policía ministerial en el escenario de Juan N. Álvarez, según algunos policías ministeriales; y agentes de inteligencia del ejército en el escenario de calle Galeana (salida a Juan N. Álvarez) y del Palacio de Justicia según reportes y declaraciones de miembros del ejército; de policía ministerial en el escenario de persecución a normalistas en la Colonia Pajaritos, según el testimonio de dichos sobrevivientes”.
¿Y dónde aparecen las patrullas del Ejército? Se detalla en la página 318:
“Además de la policías municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia de donde fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes del ejército, de la policía federal y ministerial en distintos momentos. Tras la detención de los normalistas una patrulla del ejército visitó la comisaría de barandilla donde aparentemente habría sido llevado un grupo de normalistas detenidos, y posteriormente la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina donde se habían refugiado un grupo de normalistas sobrevivientes y uno de los heridos graves. También resguardó la escena del crimen donde quedaron muertos dos normalistas en la calle Juan N Álvarez y Periférico Norte tras el segundo ataque. Posteriormente otra patrulla del ejército llegó entre 6 y 7am y resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón, antes de que llegaran las autoridades civiles”.
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