Más Información
Las elecciones del pasado 4 de junio, principalmente las del Estado de México y Coahuila, representan una peligrosa regresión para la vida democrática del país.
Las denuncias presentadas por el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC), encabezado por el PAN, pero que agrupa a las principales fuerzas opositoras que participaron en el proceso, revelan un retroceso de 40 años en la confianza de los procesos electorales.
A las 3 de la madrugada del 5 de junio, la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio a conocer los resultados del “conteo rápido” que daban como ganador al candidato Guillermo Anaya, del PAN. El conteo rápido corresponde a una muestra estadística de las casillas en el estado con un alto nivel de confianza. Durante varias horas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) era coincidente, manteniendo una ventaja del PAN. El problema surgió a las 4 p.m. del mismo día cuando el PREP cambió y dio una ligera ventaja al PRI; en ese momento, el IEC, sin explicación, detuvo el PREP cuando faltaba 28% de las actas por computar. En Edomex y Nayarit, el PREP alcanzó 97% del cómputo; hay que recordar que la copia del acta de escrutinio del PREP debe estar en un sobre adherido al paquete electoral y en algunos casos –por error– los funcionarios de las casillas omiten esta importante obligación, pero nunca en un porcentaje de esa dimensión.
El FDC han denunciado innumerables casos de violación a los paquetes electorales, en primer lugar, porque fueron resguardados por la Policía Estatal y no por el Ejército, por otra parte, hay evidencias que demuestran que los paquetes electorales fueron abiertos y violados antes del escrutinio distrital.
La actitud parcial del IEC y las evidencias de violaciones a los paquetes electorales obligan a la anulación del proceso. Resulta inconcebible que después de innumerables reformas electorales, que han llegado a niveles de sofisticación exageradas tengamos en 2017 una burda manipulación, omisión y probable participación de los propios institutos electorales.
En 1972, participé por primera vez como representante de casilla en las elecciones federales; al finalizar el día y llevar a cabo el cómputo, se evidenció que había muchas más boletas en las urnas que los electores que yo había contado a lo largo del proceso. De la indignación que me provocó ese hecho surgió mi interés por participar en todos los procesos como observador y como parte de los Frentes de Defensa del Voto y de Resistencia Civil que fueron surgiendo como movimientos ciudadanos naturales, hasta que en 1985 me adherí como miembro del PAN.
Nos convertimos en expertos para prevenir y atacar las trapacerías de un sistema electoral al servicio del PRI-gobierno. Poco se recuerdan ahora los problemas con las ”urnas embarazadas” que ya estaban con boletas antes de la votación o las casillas “zapato” donde todos los votos eran para el PRI, o la que bautizamos “zapato imperial”, donde los votos, además de ser para el PRI, superaban a los electores registrados.
En las reformas electorales de los últimos 30 años se logró la autonomía de los institutos electorales y una normatividad que garantizara la libertad en el ejercicio del voto y la confiabilidad en el escrutinio por parte de la autoridad electoral; por esta razón resulta muy grave lo que sucedió en los pasados comicios.
Se está comprobando la subordinación de los institutos electorales estatales a los gobiernos del PRI; está quedando evidenciada la inoperancia del Instituto Nacional Electoral, que a través de los organismos públicos locales electorales (OPLEs), no garantizó una organización eficaz ni la vigilancia imprescindible en los procesos. Esto mismo demuestra que la reforma electoral de 2014, que dio origen a los OPLEs, solo engordó la burocracia y encareció los procesos.
Las elecciones en Coahuila y Edomex deben ser anuladas y dar paso a una revisión profunda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a sancionar a los responsables de las violaciones a la normatividad y lo más importante, dar paso a una reforma donde sea una sola autoridad electoral la responsable de organizar los comicios en el país.
