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Acompaño en su campaña por la gubernatura del estado a Josefina Vázquez Mota; lo hago convencido de sus capacidades, su profesionalismo y de que nuestro país requiere urgentemente la presencia de la mujer —aunque no cualquiera— en cargos públicos, pero muy especialmente al frente de gobiernos estatales y también en la Presidencia de la República.
Los problemas que laceran a nuestro país son la corrupción y la impunidad, de ahí se derivan la inseguridad, la falta de empleos, la destrucción de nuestro medio ambiente y, finalmente, la quiebra económica. La imagen de la mujer es más limpia que la de los hombres por muchas razones; no es una condición absoluta, pero no hay duda que el cuidado y el orden que imponen en casa y en la familia les da una cualidad especial y superior a la de los hombres en la vida profesional.
Conozco bien el Estado de México por su conurbación y cercanía con la Ciudad de México pero, fundamentalmente, por las responsabilidades públicas que he tenido en pasadas administraciones federales. También recuerdo las excursiones familiares a lugares hermosos del estado que hoy, al volver después de algunos años, puedo comprobar la irresponsabilidad y la corrupción de malos gobiernos que han destruido, no solo la belleza escénica y natural de muchos sitios, sino que están convertidos en muladares donde impera el desorden, la falta de servicios públicos dignos y, lo más grave, los daños ecológicos que observamos son, en su mayoría, irreversibles.
Algunos ejemplos son: 1.— El Distrito de Temporal de Lerma. Solía ser el más importante y productivo del país. Un distrito de temporal es una zona agrícola que no cuenta con un sistema de irrigación, pero que la condición natural de lluvias lo convierte en una área muy productiva; era el caso de este distrito donde la lluvia se presentaba puntualmente para primero preparar la tierra, sembrar y finalmente cosechar. En las administraciones de Montiel y Peña Nieto este distrito desapareció, hoy está convertido en una zona urbana espantosa, con malos servicios, sin parques ni áreas verdes y con una inseguridad brutal.
2.— Teoloyucan, una cuenca lechera importante con varias unidades de riego que recibían el agua de las presas Guadalupe y La Conchita a través de canales primarios y secundarios y con parcelas perfectamente niveladas para un riego eficiente. Hoy está invadida de unidades habitacionales mal planeadas, con pésimos servicios que han convertido los canales de riego en drenajes de aguas negras con riesgo constante de inundación.
3.— Tecámac, Almoloya y Huehuetoca también contaban con unidades de riego bien construidas y productivas, mismas que han desaparecido para dar paso a unidades habitacionales promovidas por las principales desarrolladoras inmobiliarias del país, pero que, lamentablemente, han convertido a estos municipios en un verdadero desastre socioambiental.
Algunos piensan que este fenómeno es consecuencia de la presión urbanística generada por el crecimiento demográfico, pero es falso. En realidad es producto de la corrupción e impunidad que ha imperado en las últimas administraciones estatales y que ha destruido el futuro de millones de familias.
La corrupción la identificamos claramente en la violación constante a los cambios de uso del suelo donde —aunque siendo una atribución municipal, en los casos de distritos y unidades de riego, lo mismo que en bosques, áreas naturales protegidas, zonas de inundación y de recarga de acuíferos— hay responsabilidad inherente de autoridades estatales y federales.
El cambio de uso de suelo de agrícola a urbano en una unidad de riego destruye la infraestructura física de muy alto costo porque estamos hablando de la construcción de presas, canales, ductos, sistemas de bombeo, entre otros. Las zonas ejidales que se empobrecieron por las malas políticas de gobiernos demagógicos también contaban con una infraestructura de mucho valor, pero el abandono del campo en su totalidad ha orillado a muchos campesinos a deshacerse de sus tierras a cambio de unos cuantos centavos.
Los desarrolladores fueron adquiriendo tierras agrícolas a precio de regalo para luego obtener el codiciado “cambio de uso de suelo”, casi siempre mediante irregularidades y con una plusvalía millonaria. Los cabildos municipales violaron la normatividad porque los cambios de usos de suelo no responden a una planeación de ordenamiento ecológico ni de desarrollo urbano.
Esta situación tristemente se observa en todo el estado y los últimos gobiernos, en lugar de invertir en servicios públicos de calidad, se han dedicado a “los buenos negocios”. El Estado de México requiere un buen gobierno que garantice un cambio de fondo.
ciudadposibledf.org
twitter: @JL_Luege
