Casi todas las editoriales de especialistas y constitucionalistas coinciden en la pésima elaboración del proyecto de nueva Constitución que presentó el Jefe de Gobierno, con una serie interminable de errores, planteamientos contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un sinnúmero de ocurrencias que no deben estar en una constitución porque corresponderían, en todo caso, al orden legislativo secundario o incluso reglamentario.
Sin embargo, en días pasados, algunos de los responsables de la redacción en el “grupo de notables” han tratado de justificarse mediante la descalificación de los críticos. Algunos nos han llamado retrógrados y otros dicen que las posiciones en contra solo son una prueba de que el proyecto es de “avanzada”.
La realidad es que el proyecto presentado por Mancera no sirve, es de tan mala calidad que resulta hasta ocioso perder el tiempo en su discusión; lo más práctico sería trabajar sobre una propuesta elaborada por verdaderos constitucionalistas, sencilla, breve y en lenguaje llano.
Por otra parte, la situación en el pleno de la Asamblea es patética; se pierde el tiempo en discusiones sin ninguna importancia y no pueden llegar a acuerdos. Las votaciones son de viva voz y no se alcanzan los votos necesarios para aprobar cuestiones, incluso, de tipo administrativo.
Muchos de los flamantes diputados constituyentes que son senadores, diputados federales, líderes de organizaciones y algunos artistas, simplemente no asisten. Otros, que esperábamos pusieran su experiencia en este importante proceso, ya renunciaron. Entonces, ¿para qué quisieron participar?
Hemos tratado en este espacio muchas de las inconsistencias y propuestas que son inconstitucionales. Hoy analizaremos únicamente el apartado “D”, denominado Derechos de las personas jóvenes, del Artículo 16, Ciudad Incluyente, para demostrar los gravísimos errores que presenta el proyecto.
Este apartado “D” contiene cinco incisos donde se hace referencia a los derechos de las personas jóvenes. El inciso 1 establece que las personas que tengan entre 12 y 29 años de edad son jóvenes. Continúa diciendo que aquellas entre los 12 y 18 años, también gozarán de los derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes.
No obstante, en el inciso tres del mismo apartado “D” se establece que: “Las autoridades adoptarán medidas especiales para garantizar sus derechos a la identidad individual y colectiva, a la autonomía, independencia y emancipación; a la libertad de expresión e información; al libre ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos; a la participación política; a insertarse en actividades productivas y desarrollarlas”.
Es evidente el error y la confusión al tratar a los jóvenes adolescentes en el mismo nivel que a los jóvenes mayores de 18 años. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los jóvenes adolescentes entre los 12 y 18 años siguen bajo la tutela de los padres y por lo tanto no pueden tener acceso a los derechos que se establecen en el inciso tres para las personas mayores de 18 años.
Asimismo, en el inciso cuatro se establece el derecho de las personas jóvenes entre 12 y 15 años a participar en consultas ciudadanas, y a las personas mayores de 16 años, el derecho a votar en los procesos locales de la Ciudad de México.
Por todo lo anterior, resulta evidente que el Apartado D viola flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y debe desecharse. Un joven adolescente puede tener incluso mejor criterio que un adulto, pero debe permitirse continuar con su educación y maduración hasta alcanzar la mayoría de edad para poder participar legalmente en los procesos tanto de consulta como de elección.
La propuesta, como se hace, demerita la consulta ciudadana como si no tuviera importancia en la vida democrática de la Ciudad, siendo exactamente lo contrario: las consultas son manifestación de una democracia participativa de mayor compromiso. La baja participación en las consultas en la Ciudad de México es un reflejo de la falta de civismo, educación y compromiso social de los capitalinos, así como una falla estructural y de confianza en las instituciones, lo cual resulta muy grave.
El documento está plagado de este tipo de errores que ahora los responsables de su elaboración no quieren reconocer. La Asamblea Constituyente debe desechar el proyecto en su totalidad y elaborar una verdadera Constitución que sirva como marco para la discusión de leyes secundarias.
ciudadposibledf.org
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