La precarización del mercado laboral constituye uno de los problemas estructurales de la economía mexicana para el que la política económica a nivel federal, estatal y municipal no tiene solución.
Sin lugar a dudas es el resultado del modelo económico de apertura comercial que no tiene un fundamento basado en el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional.
Se tienen leyes internas y múltiples tratados internacionales que no logran incidir para abatir los rezagos económicos y sociales generados por la cadena de crisis recurrentes y de bajo crecimiento que inició en 1982, un círculo vicioso que no se ha superado con la estrategia de apertura económica de baja productividad.
Los malos resultados se sintetizan en la precarización del mercado laboral. Las cifras disponibles del Indicador de Tendencia Laboral de la Pobreza solamente permiten observar la evolución del mercado laboral desde 2005; sin embargo, son contundentes, únicamente seis entidades han logrado reducirla: Jalisco (-18.2%), Durango (-11.5%), Yucatán (-8.2%), Chihuahua (-4.4%), Michoacán (-1.9%) y Campeche (-0.9%).
Por el contrario, las entidades en donde más avanzó la fueron Baja California (84.8%), Nuevo León (58.6%), Ciudad de México (48.1%), Tamaulipas (37.4%) y Quintana Roo (35.7%).
La mayor parte de la precarización laboral se suscitó en el periodo 2007-2012, cuando los efectos previos a la recesión de 2009 afectaron a la economía nacional, particularmente a los estados industriales que dependían del mercado de Estados Unidos.
Desde 2007 se podía contabilizar la pérdida de empleo para las personas de mayores estudios y la desaparición de los empleos mejor remunerados. La crisis de la “gripita”, ante la que estábamos “blindados”, vino a acelerar la degradación de un modelo económico de bajo valor agregado que cuenta con algunos sectores altamente competitivos que no son suficientes para generar bienestar a una población de 120 millones de personas.
Se debe mencionar que la mayor parte de las entidades comenzaron a reducir la precarización laboral después de 2012; no obstante, aún hay casos en donde el problema avanza. Desde el cuarto trimestre de 2012 y hasta el primero del presente año, Chihuahua (-31.5%), Jalisco (-28.3%), Nuevo León (-20.2%), Guanajuato (-19.5%), Coahuila (-17.8%) y Aguascalientes (-15.5%) son las entidades que han logrado los mejores resultados para revertir la precarización laboral.
Su común denominador es que cuentan con una industria sólida. Como región, el Bajío se puede considerar el caso más exitoso: gracias a un modelo de industrialización que le permitió atraer inversiones creadoras de valor agregado.
Por el contrario, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Colima, Oaxaca y la Ciudad de México representan a las entidades en donde la precarización laboral se siguió elevando aun después de que la mayor parte de los efectos de la crisis de 2009 se han diluido. Todos estos casos no cuentan con una industria sólida, de hecho, su actividad predominante es de servicios, particularmente en el comercio al por menor, mucho de ello en la informalidad.
Resalta el caso de la Ciudad de México, la desindustrialización que enfrenta no es compensada por otra actividad productiva que permita mejorar las condiciones económicas y laborales de su población: es evidente que su problema es la precarización laboral de las fuentes de trabajo que pagan más de 5 salarios mínimos: desde fines del año 2000 ha perdido más de 300 mil puestos de ocupación y empleo bien remunerados.
Para Veracruz la afectación llega por el lado de la recesión que se vive en el sector petrolero, situación que incide negativamente en un estado que además ha enfrentado desequilibrios sociales, falta de eficacia y transparencia en su administración pública.
En Hidalgo y Oaxaca ya se han dado algunos pasos hacia la senda correcta, el de la industrialización, si tienen éxito podrán revertir la precarización laboral que enfrentan.
Conforme llega el fin de la presente administración se hará necesario estructurar un nuevo programa de política económica, por la necesidad electoral y la de gobierno que surja del proceso político. Si no hay apertura para un nuevo enfoque de política económica, que vaya más allá de la estabilización macroeconómica, la firma de tratados comerciales y los ajustes fiscales, México seguirá condenado a un crecimiento económico de solo 2.5%
Director del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico
