Al igual que sucedió en el inicio de la administración de Carlos Salinas de Gortari, con lo que terminaría siendo su programa icono Solidaridad, el actual sexenio decidió implementar una estrategia que, en principio, estaría orientada a combatir el flagelo de la pobreza que se vive en México.
Con ello se rompía con el discurso que se esgrimió durante el gobierno de Felipe Calderón de que el país no sufría del problema de pobreza.
En su discurso del 1 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la encargada de la Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces Rosario Robles, a instrumentar la polémica Cruzada Nacional Contra el Hambre que luego tendría un colofón en el programa Sin Hambre.
La presentación formal de la estrategia se hizo el 21 de enero de 2013, cuando se anunció que la cruzada sería uno de los instrumentos de política pública centrales para abatir la crisis social provocada por un modelo económico improductivo.
A diferencia de lo acontecido con Solidaridad, la cruzada parece no poder sobrevivir al propio ciclo sexenal que la gestó. Hay varias razones en ello: los programas asistencialistas no representan la solución de fondo, la falta de eficacia de la administración pública y que en el equipo de política económica y social hay diferencias de fondo respecto a la visión que prevalecía en diciembre de 2012.
La pobreza es el resultado de los límites de la política económica aplicada durante los últimos 40 años, de su incapacidad de generar crecimiento sostenido.
Sin generación de riqueza no se pueden satisfacer las necesidades de una sociedad que desde 1980 no ha vivido una década de éxito económico y social. El resultado es el aumento de pobreza que se suscitó en el sexenio pasado.
En teoría, el objetivo de la cruzada era el de atacar uno de los aspectos más lacerantes de dicho flagelo, el hambre.
A cuatro años y medio de ese fecha, se puede establecer que la cruzada ha caído en el abandono y es presa de la falta de eficacia en su gestión.
De acuerdo con el Balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre 2013-2016, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la estrategia “incumplió con el propósito central de empoderar a los beneficiarios, de responder a las necesidades identificadas por los comités, de hacerlos corresponsables ni de ejercer contraloría social sobre las acciones de la cruzada”.
Sin lugar a dudas que ello representa una contradicción respecto a la definición la misma.
De acuerdo con la propia Secretaría de Desarrollo Social: “La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. Pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre”. De acuerdo con el Coneval eso no ha ocurrido.
La relevancia de anterior radica en que, ante la falta de crecimiento económico que supere 2% en el cierre de la actual administración, la pobreza seguirá constituyendo un rezago socioeconómico para el que la estrategia de política pública no tiene respuesta, particularmente para en lo denominado como carencia alimentaria que, de acuerdo con el Coneval, afectó a 28 millones de mexicanos en 2014.
Lamentablemente aún no es posible conocer las cifras de pobreza que imperaban en México durante 2016. La polémica decisión de modificar las encuestas que el Inegi realiza para generar la información requerida en el cálculo de la pobreza generó dudas razonables sobre el resultado de su medición.
Podría existir un fuerte sesgo desde la recolección de los datos que distorsione la dimensión real del desequilibrio social.
De momento, y en función del análisis citado del Coneval, de los recortes al presupuesto público y del débil crecimiento económico, se puede establecer que el diagnóstico realizado al inicio de la actual administración aún es válido: la pobreza y el hambre están presentes en la vida de millones de mexicanos, algo muy delicado porque “la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos”.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre no pudo solucionar el desequilibrio porque el gasto asistencial no es suficiente ante las limitantes estructurales de un modelo económico improductivo.
Fotografía: ARCHIVO EL UNIVERSAL
