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La aprobación de la iniciativa de ley de ingresos avanzó en la Cámara de Diputados. Poco análisis se hizo sobre los fundamentos macroeconómicos de la propuesta del Poder Ejecutivo. Como en otros años se confió en el escenario de crecimiento planteado. El problema es que en los últimos tres años ha fallado; de manera sistemática se han debido realizar correcciones a la baja.
Para 2017 toda la planeación de ingresos se hizo estimando que el PIB crecerá 2.5%, sin embargo hay focos rojos que deben atenderse. El primero de ellos viene desde Estados Unidos. El gobierno mexicano considera que la actividad industrial norteamericana se elevará 2%, una cifra que podría ser inalcanzable.
Durante los últimos 13 meses la producción industrial del principal socio comercial de México sólo ha contabilizado tasas negativas, ni un resultado positivo. El desequilibrio es estructural, la capacidad potencial industrial de Estados Unidos solo avanzó un promedio de 0.5% en los últimos 21 meses, ¿de dónde vendrá el crecimiento adicional?
Sin el impulso de la manufactura norteamericana México no puede acelerar su desempeño productivo, las exportaciones nacionales dependen del funcionamiento de su principal socio comercial. La depreciación del peso no es factor de incremento en las exportaciones.
Por eso es delicado que no se haya revisado a la baja el supuesto del PIB de Estados Unidos para 2017, se confía en que se elevará 2.2%, sí no ocurre el marco macroeconómico se verá afectado y con ello mermarán los recursos disponibles para el gobierno. Los diputados no se enteraron que la Reserva Federal norteamericana ya disminuyó su prospectiva de crecimiento.
Un segundo aspecto a revisar es el mecanismo de ajuste al que han recurrido los legisladores mexicanos, nuevamente utilizan el tipo de cambio y la plataforma petrolera para incrementar la expectativa de ingresos. No hay propuestas de fondo para transformar la administración de las finanzas públicas federales.
Si bien se puede pensar que colocar la cotización del dólar a 18.65 pesos es más realista que la propuesta del ejecutivo, también debe reconocerse que eso no aporta elementos para mejorar la situación financiera del gobierno federal. Por ejemplo, el Poder Legislativo no presentó ninguna propuesta para combatir la informalidad de la economía, un hueco por donde escapan miles de millones de pesos. De igual forma no realizó ningún planteamiento para mejorar el desempeño del sistema tributario mexicano. En mejora regulatoria no hay trabajo por parte del Poder Legislativo.
Los diputados prefirieron aumentar en 5 mil millones de pesos el techo de la deuda. Les es más fácil el autorizar pedir más préstamos, el mismo error de los últimos 40 años. Parece que no se enteraron de las advertencias que por distintos medios han llegado sobre el peligro del endeudamiento, poco han aportado para disminuir el débito del sector público mexicano, por el contrario, decidieron recurrir a un esquema que sólo compromete el futuro de México.
Ahora todo queda en manos de los senadores, quienes no cuentan con una oficina de análisis del presupuesto que les permita realizar modificaciones sustanciales. Además algunos están más preocupados en aumentar impuestos para, en teoría, combatir males de salud pública que no se han podido atender a través del presupuesto. Lejos quedará el abordar integralmente el problema de la poca sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales.
El tanque de oxígeno otorgado a las finanzas públicas por parte de las últimas modificaciones fiscales se ha terminado, y tuvo un elevado costo en términos de crecimiento económico, limitó la capacidad productiva de la economía nacional y la dejó a expensas de un consumo que termina privilegiando a las importaciones.
En 2017 se podrían vivir las consecuencias de ser reactivos ante un escenario global y nacional que reclamaba un trabajo de fondo por parte de los legisladores.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
