Gritos desesperados desata la violencia criminal, exacerbada por la delincuencia organizada que pelea a muerte, sangre y plomo el dominio de plazas clave para imponer su “ley”.
Sólo por citar los últimos ejemplos, a estas horas la población de Reynosa está secuestrada; el ayuntamiento activa el semáforo de alarma por la grave situación de riesgo para la población, que ha dejado de mandar a los niños a las escuelas y cerrado comercios y oficinas; no sólo de noche Reynosa es un cementerio.
No menos alarmante es la violencia ardiente en la zona dominada por los huachicoleros chupaductos, entre Orizaba y Puebla, donde el enfrentamiento de ayer dejó el amargo sabor de 10 muertos (4 militares; 6 civiles) y 14 detenidos.
En Culiacán y alrededores, la población teme una narco-revancha sangrienta por la detención del tal Licenciado Dámaso, compadre perverso de El Chapo Guzmán.
Los muertos por goteo por la guerra entre cárteles en San José del Cabo también cuentan…
Una entrevista con Eva Reyes, defensora de los Derechos Humanos en Reynosa, Tamaulipas, puede usarse como ejemplo de la desesperación de la gente ante el terror sembrado por las bandas delictivas; aplíquese en cualquier zona inflamada del cuerpo nacional, y si persisten las molestias rásquese con sus propias uñas.
“Nunca podremos acostumbrarnos a que cuando cae asesinado un narco jefe venga la disputa por el trono criminal. El problema es el criterio de las fuerzas policiales al dejar que se maten entre sí, y ver cómo todo el mundo saca las manos y condena a la ciudadanía a su suerte. El gobierno tiene que revisar la estrategia, hasta ahora fallida, para frenar la narco-violencia”, reclama la activista.
Cierto…
Se acabó la paciencia, la crisis provocada por las disputas criminales obliga a tomar decisiones urgentes y asumir consecuencias.
El Presidente de la República hizo un enérgico llamado a los mandatarios estatales “a redoblar esfuerzos propios, decididos y comprometidos que vayan mucho más allá de mantener una inercia en el manejo de las instituciones encargadas de la seguridad pública, a fin de evitar regresar a escenarios del pasado”.
Miguel Ángel Osorio Chong recibió la orden superior de ser contundente. Advierte que el gobierno federal mantendrá su apoyo en seguridad a estados y municipios, “pero nunca más sin condiciones”.
“El convenio que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para el combate al crimen organizado será renovado a cambio de que las autoridades locales ofrezcan resultados en la depuración de los cuerpos policiacos y la conformación de todas las estructuras encargadas de procurar justicia”, advierte el secretario de Gobernación.
El ultimátum del titular del gabinete de Seguridad Nacional tardó en llegar. Los gobiernos estatales llevan diez años largos en la “conchudez”, haciéndose patos, por decirlo de manera leve; una y otra vez han prometido renovar y profesionalizar las fuerzas de seguridad y a fin de cuentas poco o nada han logrado si no es con apoyo federal.
Gobernadores van y vienen; y casi todos terminan ahogados en su propia verborrea… y en el mismo pantano.
Si los mandamases estatales andan mal, los alcaldes están peor. De los 2 mil 446 municipios y 16 delegaciones de la CDMX, apenas 50 (2%) están en condiciones de cumplir con su obligación prioritaria de garantizar seguridad a la población.
La Federación no puede desentenderse, está obligada a rescatar los territorios secuestrados por el crimen, sin embargo, la responsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno es darle la vuelta a una dinámica perversa que pretende apagar las llamas sin atacar el origen del fuego.
EL MONJE CONTADOR: El fracaso en el combate a la violencia criminal se escribe con tinta roja. 2017 podría ser el año más violento de la última década, sólo en enero y febrero se abrieron 3 mil 779 averiguaciones por homicidios dolosos, 331 denuncias más respecto a las 3 mil 448 actas contabilizadas en el primer bimestre de 2011, que era hasta ahora el más letal desde que se miden los homicidios dolosos.
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