Urge ganar la guerra contra los huachicoleros no sólo para frenar el saqueo impune de recursos nacionales, el desfalco a las arcas del país y someter al ejército criminal que ha causado daños (tasados en 20 mil millones de pesos por la Secretaría Hacienda) por el robo de gasolinas y diésel en puntos clave de Puebla, Tamaulipas, Veracruz o Guanajuato.
El combate a la ordeña de ductos tiene como prioridad garantizar la viabilidad de la reforma energética.
Apenas el miércoles pasado, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anunciaron la posposición de la llamada “Temporada Abierta” programada para el próximo 15 de junio, ante la incertidumbre provocada por los chupaductos.
La “Temporada Abierta” es el mecanismo que prevé la firma de contratos con empresas petroleras extranjeras para que puedan almacenar y trasladar combustibles a través de la infraestructura de Pemex. Es decir, si no se gana la guerra contra los huachicoleros, compañías como Texaco, Shell, Exxon, etcétera, que pretenden operar en el mercado nacional, pagarían una especie de cuota de peaje por utilizar los ductos de la paraestatal para hacer llegar sus productos al consumidor final.
El problema es que los nuevos clientes de Pemex no se animan a entrarle porque tienen la certeza de que firmar en este momento sería para ellos un mal negocio. Nadie en su sano juicio arriesgaría miles de millones de dólares en el uso de una red de tubos llena de agujeros, que derrama una cantidad incuantificable de litros de combustibles, es decir, que merman “la mercancía”.
Los empresarios petroleros, con toda razón, no piensan subsidiar el atraco y perder dinero. Las compañías que pueden invertir en México miran con espanto la experiencia de los expendedores nacionales de gasolina, quienes están siendo obligados a cerrar sus estaciones de servicio porque no pueden operar bajo condiciones de extorsión y amenaza de la delincuencia organizada, o por la venta ilegal de gasolinas y diésel a precios muy por debajo a los del comercio legal.
“El combustible robado no se está vendiendo al menudeo, sino que está llegando a estaciones de gasolina y a grandes empresas”, advierte el director de Pemex, José Antonio González Anaya.
Se entiende que bajo tales condiciones es inviable la modernización del mercado mexicano de los energéticos.
La corrupción y las complicidades solapadas desde hace años por algunos trabajadores de Pemex, miembros del sindicato y algunos gobiernos municipales y autoridades policiales, comienza a costar más caro de lo que nos imaginábamos.
No sólo están en juego miles de millones de pesos, sino la viabilidad de la reforma reina con la cual el gobierno peñista pretende pasar a la historia.
Así que, del tamaño del sapo, debe ser la pedrada.
EL MONJE RADIOFÓNICO: Como apareció se esfumó. Tecnoradio, ese misterioso ente empresarial que casi, casi, se instala en el cuadrante de la radio con trampas, trucos y mentiras, no pagó los 288 millones ofrecidos por 34 frecuencias de FM y tres de AM. Tecnoradio perderá depósitos de garantía de “seriedad” (40 millones de pesos) por falta de seriedad. Quizás los dueños no tuvieron para pagar, aunque lo más seguro es que la decisión de recular fue el intento fallido por mentir para ocultar la informacion detrás de su verdadera identidad vinculada a Radiorama, el grupo radiofónico más grande del país, y en particular con Javier Pérez de Anda, cabeza del consorcio. Ahora le toca el micrófono al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para explicar por qué fue omiso al permitir que se violaron la Ley de Competencia y las bases de la licitación. Podría haber sanciones penales. Aún faltan varios capítulos para el final de esta radionovela.
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