Un autogolpe de Estado se gesta desde lo más alto del poder. No se trata de una asonada o rebelión militar, sino de una estrategia política para entregar poder inaudito a las Fuerzas Armadas.
¿Se trata de una estrategia política para evitar que cualquier extraño enemigo del sistema dominante pueda llegar a gobernarnos?
Legisladores discuten una iniciativa, elaborada por los diputados priístas César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo, que propone amarrar la seguridad nacional a la seguridad interior; plantea entregar a la milicia facultades de investigación y persecución de delitos de manera ilimitada… por si se ofrece.
De aprobarse el documento, a las operaciones militares de rutina como destacamentos y escoltas de seguridad, bases de operaciones móviles y fijas, intercepciones terrestres, aéreas y marítimas, patrullajes, vigilancia, custodia en instalaciones estratégicas o asistencia a la población en casos de desastre, se sumarían “otras que puedan ser necesarias”.
En esto último radica lo ambiguo…
Como en el caso de la Ley de Seguridad Nacional, la propuesta prevé que soldados y marinos puedan hacer uso de cualquier método para obtener información mediante escuchas telefónicas, trabajos de geolocalización e intervención de correos electrónicos… y más.
En los hechos, la información de instituciones gubernamentales y organizaciones civiles autónomas quedaría sometida a los intereses del poder, custodiado por la milicia. Eso irrita a las ONG.
La iniciativa pretende justificar la mayor acción militar como facultad del Estado para garantizar su propia subsistencia, incluyendo, desde luego, el monopolio del uso legítimo de la fuerza.
El proyecto legislativo se suma a la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Interior, presentada por el senador panista Roberto Gil, que busca otorgar a los soldados un sólido marco legal para actuar contra amenazas como el narcotráfico y la corrupción, deficiencia en la profesionalización de los cuerpos “civiles” de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico ilícito de armas, lo cual, por cierto, es inaplazable.
Para no sembrar temores ni malos pensamientos, la iniciativa establece que las acciones militares extraordinarias serían coordinadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de la Secretaría de Gobernación.
Las propuestas del PRI y el PAN, respaldadas por el Presidente de la República, responden a una insistente presión de las Fuerzas Armadas, sin embargo, van más allá, al sepultar el deseo político y social de regresar a los soldados a los cuarteles, mientras las autoridades civiles sean incapaces de salvaguardar el Estado de derecho.
Insisto. ¿Los priístas pretenden entregar la custodia de la plaza a los militares, con tal de calmar el mal humor social… y evitar perder el poder?
EL MONJE ASALTADO: Tenga mucho cuidado con el creciente crimen silente. Asalto sin palabras, armas, ni golpes de por medio, cuando le sustraen a uno tarjetas de crédito o cheques, sin llevarse todo, solo algo, lo suficiente para que ante la indolencia de burócratas bancarios, como los que abundan en HSBC, los rateros cobren cheques y ordeñen a usted su cuenta. Tómelo en cuenta. Son ladrones disfrazados de comensales, en cualquier centro comercial, restaurante o cafetería. Ojo con los vecinos de mesa… y sus cómplices del valet parking. Caro cuesta el descuido, que encima del desfalco, debe pagar el ofendido con una denuncia ante el MP, que sirve solo para poco. La policía siempre vigila, dizque sirve y protege, sí, pero más y mejor al ladrón que a la víctima.
@JoseCardenas1
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