La primera Constitución de la Ciudad de México (CDMX) ofrece la oportunidad única de diseñar un marco institucional superior al que hoy tenemos. En términos llanos, e interpretados con mi sesgo de economista, esto significa escribir las nuevas reglas formales fundamentales que creen orden y reduzcan incertidumbre, al fijar límites a la conducta de los ciudadanos, de las autoridades así como a la interacción entre los distintos poderes públicos.

Esto incluye límites a la interacción entre el gobierno central y las alcaldías, y la de estos órdenes de gobierno con los ciudadanos. Todo ello con la finalidad de disponer de una estructura de incentivos. De estar bien diseñados estos incentivos, pueden promover conductas virtuosas que den lugar a la competencia y en otros a la cooperación que redunden en prosperidad y bienestar. De ser lo contrario, los incentivos en el extremo promoverán depredación.

La redacción del proyecto de esta primera Constitución corresponderá al actual jefe de Gobierno, el cual deberá enviar a más tardar el 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente para ser discutido, modificado, adicionado y votado.

A los capitalinos nos tocará votar el próximo 5 de junio por 60 diputados constituyentes bajo la modalidad del principio de representación proporcional. Esto significa que nuestro voto será por una de las planillas con los integrantes que presente cada uno de los partidos o por uno de los candidatos independientes. Los otros 40 diputados constituyentes provendrán de la siguiente forma: 14 diputados federales designados por la Cámara de Diputados; 14 senadores designados por el Senado de la República; 6 los designará el jefe de Gobierno y los otros 6 el Presidente de la República.

Dicho lo anterior, en este Constituyente recaerá una responsabilidad inmensa para mejorar las condiciones actuales de millones de personas que viven en la CDMX. Y dado el peso que tiene la economía de la CDMX, una buena Constitución de CDMX tiene el gran potencial de incidir positivamente en la economía nacional.

La primera Constitución de CDMX no puede elaborarse en abstracto. Tiene que tomar como referencia la situación actual. Si bien CDMX ocupa el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano, está muy lejos de lo que es su potencial. Pese a que ocupa el primer lugar en los índices de salud, de educación e ingreso, el Coneval identifica que la CDMX tiene 2.5 millones de pobres, de los cuales 150 mil viven en pobreza extrema. Esto incluye a las 779 mil personas con rezago educativo y a los 1.8 millones que padecen la carencia de acceso a los servicios de salud, o a los 4 millones que sufren la carencia de acceso a la seguridad social.

Esto nos exige replantear la estructura de incentivos y de manera muy especial la organización del gobierno y sus programas. De seguir la CDMX con el énfasis de cultivar clientelas en lugar de construir infraestructura con la capacidad de atraer y retener inversiones que crean empleo bien remunerado, la CDMX estará condenada al fracaso. No es casualidad que 49% de las personas empleadas estén en la informalidad, de acuerdo con datos de Inegi para 2014.

El futuro de la CDMX está en la formalidad; está en las actividades productivas que demandan talento, el cual abunda, pero ante falta de oportunidades se ve obligada a emigrar a los estados que sí están creciendo porque atraen inversión. No es casualidad que el crecimiento de la población en la CDMX también vaya a la baja. En 2005 éramos 8 mil 979 millones de habitantes en CDMX; la de 2015 el Inegi la estimó en 8 mil 846 millones.

Lo que está pasando no nos conviene ni a los capitalinos ni a los mexicanos. Votemos con responsabilidad por nuestros diputados constituyentes.

Candidato Diputado Constituyente por el PRI.

Economista.

@jchavezpresa

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