Pobre Guerrero, atravesado por la violencia de la pobreza, más del 40 por ciento de la población, es decir, más de un millón de habitantes, vive con hambre porque no consume el promedio necesario para subsistir, por la violencia de sobrevivir con bajos ingresos, por la violencia de la marginación, de la falta de trabajo y de oportunidades, por la violencia de los caciques rurales y políticos que mantienen a la población sometida al no desarrolló en aras del control político, por la violencia intrafamiliar derivada de la misma pobreza, por la violencia entre los pueblos provocada por conflictos agrarios, religiosos y políticos.
A toda esa violencia, hay que sumarle la violencia salvaje e irracional de la delincuencia organizada, la violencia de las policías comunitarias confrontadas entre sí y potenciada por sus vínculos con aquellos cárteles de la droga en disputa por el control territorial de algunas zonas del estado para la siembra y trasiego de amapola y marihuana.
La violencia que se padece en zonas como Chilapa, Zitlala, Tixtla, Chilpancingo, Tierra Colorada, Teloloapan y Arcelia, está relacionada con policías comunitarias aliadas o fachadas de la delincuencia organizada, enfrentadas entre sí, generando terror entre la población, lejos del propósito de brindarle seguridad; y en la Acapulco, Tierra Caliente, Costa Grande, zona Norte y la Sierra, por la presencia de grupos de delincuentes filiales a cárteles de la droga antagónicos.
La violencia delincuencial se expresa con hechos tan o más abominables como de los que nos aterrorizábamos de grupos fundamentalistas fanáticos de estados musulmanes, hoy son parte de una cotidiana realidad con la aparición de personas decapitadas y desmembradas, de la que no podemos acostumbrarnos.
A todo esto se le suma la violencia de organizaciones y grupos sociales que implementan medidas radicales, cómo bloqueos a calles, avenidas y carreteras para arrancar al estado respuestas a sus demandas a veces legítimas, y muchas veces sólo encabezados por líderes corruptos que obtienen beneficios de la industria de la protesta.
Guerrero es un estado con una violencia distinta a la que se observa en otras entidades, aquí se conjugan el agravio y rechazo social al gobierno por las condiciones ancestrales de pobreza y su lento actuar o de plano por su frecuente omisión, como es el caso de la atención a la casi guerra civil que existe entre las policías denominadas comunitarias en el valle del Ocotito.
Es diferente por el desafío que representa para el Estado el hecho de que la delincuencia organizada y las policías comunitarias pretenden arrebatarle su prerrogativa de brindar la seguridad y justicia, y convertirse en un Estado dentro del Estado, así como por la confrontación entre grupos de población derivada de la ruptura de la cohesión social.
Lo extraño de todo esto es que siendo una situación de alto riesgo a la seguridad nacional en extremo delicada, el gobierno federal actúe como si no fuera tal, y no hablo de la necesidad de un virrey o comisionado, sino simplemente de la urgencia de que las instituciones funcionen y cumplan con sus facultades de ley, de hacer operativos disuasivos, intervenciones dirigidas, de revisión de giros rojos, retenes para la aplicación de la ley de armas y explosivos, entre otros, porque esta violencia escapa a las capacidades del mismo gobierno estatal, la pregunta es qué espera el gobierno federal para actuar, ¿otro Iguala del 26 de septiembre de 2014?
El enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, dejando su estela de cuerpos y mensajes, entre policías comunitarias peleándose el territorio para dar seguridad a estos grupos en el trasiego de drogas, entre la pobreza y la mayoría de la población que la padece, y entre está y el gobierno, hacen a Guerrero un estado al borde de pasar a ser una tierra sin ley, en la que manda la ley del más fuerte, en el qué hay ausencia de política, entendida no como servir a los demás, sino como el mecanismo diseñado para dar estabilidad y cohesión a la sociedad, al borde de casi una guerra civil.
