A 99 años de su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantiene vigente en principios fundamentales que plasmaron los constituyentes de 1917. Sin embargo, después de cientos de modificaciones se actualiza un debate sobre la posibilidad de un rediseño integral que, manteniendo inalterables derechos y libertades plasmadas en la misma, nos lleve a una Constitución para el siglo XXI.
Los principios sociales de la Revolución plasmados en nuestra Carta Magna deben ser intocados: la democracia, los derechos a la alimentación, a la educación pública gratuita, al trabajo, al salario mínimo, a la justicia, a la libertad de culto y la prohibición de monopolios.
Pero, en sentido contrario al texto constitucional, seguimos con grandes déficits: rezago social, desigualdad y pobreza, falta de oportunidades suficientes para las nuevas generaciones, corrupción, impunidad e inseguridad.
Ante esta realidad, hay quienes plantean —anclados en un absurdo conservadurismo, con un discurso supuestamente de “salvación nacional”— que la solución de los problemas es regresar al texto original de la Constitución del 17, como si a la vuelta de casi un siglo el país no hubiera cambiado o no hubiéramos evolucionado como sociedad.
Hay que reconocer que se han logrado reformas que han significado verdaderas revoluciones pacíficas, progresistas, garantistas, congruentes con las aspiraciones de los revolucionarios constituyentes del 17: el derecho de las mujeres al voto, la ampliación de los derechos humanos, de libertades políticas e individuales que han propiciado una mayor competencia política y una notable y verdadera pluralidad, la transparencia y la rendición de cuentas, y como resultado de ello, nuevas instituciones para hacerlos realidad.
Pero también ha habido importantes reformas que han contravenido el sentido profundo de los principios fundacionales establecidos en la Constitución del 17, particularmente al artículo 27 sobre la propiedad social de la tierra y de la nación sobre sus productos energéticos, así como al artículo 123 acerca de los derechos de los trabajadores. Han sido reformas altamente controvertidas y que no se dieron sobre la base de consensos entre las principales fuerzas políticas del país.
En aras de honrar a quienes hace 99 años, con enorme visión del México soberano y democrático, concibieron derechos y libertades, estamos obligados a reflexionar sobre los retos que tiene México, inmerso en la globalización del siglo XXI.
De cara al primer centenario de nuestra Constitución, sostengo que, debiendo preservar los preceptos y principios fundacionales vigentes establecidos en nuestra Carta Magna, se requiere hacer en ella una reforma profunda para armonizar y actualizar nuestro sistema político con los contrapesos reales, hacer efectiva la división de poderes y trasladar todos los aspectos de excesiva reglamentación establecidos en la Constitución, a una especie de leyes fundamentales que, sin excepción, estemos todos obligados a respetar en un nuevo pacto social. Esto es hacer realidad los principios señalados en nuestra Carta Magna para tener un verdadero Estado democrático, social y de derecho, alejado del populismo y del autoritarismo, que se ofrecen como salidas a los problemas de la nación.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
