Apoyada en el Pacto por México, la administración del presidente Peña Nieto impulsó y logró iniciar varias reformas cuya necesidad se reconocía hace tiempo. La calidad conceptual y la implementación de esas reformas son variadas, por lo que con seguridad algunas serán revisadas y modificadas; en todo caso, representan un gran avance, pues México salió de la inacción. Por razones obvias no se plantearon todas las reformas que se requieren, pues plantearían un ejercicio imposible de materializar políticamente. De las que quedaron fuera, la que parece más importante es la reforma del federalismo mexicano (véase EL UNIVERSAL enero 16, 2014), pero sorprende que otras de gran relevancia parezcan perdidas, por falta de interés político de la administración actual. El mejor ejemplo es la reforma en materia de salud.

A partir de los estudios que se formularon bajo el liderazgo de Julio Frenk (Macroeconomía y salud) como secretario de Salud en 2005-2006, y de la introducción del Seguro Popular, se inició un cambio importante en el sentido correcto. Funsalud ha contribuido con múltiples estudios, que constituyen un conocimiento sólido de la problemática. Desde entonces, lo destacable es que haya proseguido la afiliación al Seguro Popular de Salud, que en diciembre de 2006 tenía 15.6 millones de afiliados, 52.9 millones en 2012, y 57.2 en 2015. Como resultado, de los 119 millones de mexicanos, según la ASF todavía casi 4 millones de mexicanos carecen de algún tipo de seguro, una vergüenza para México.

Como resultado, ahora en el país el gasto en salud equivale a 6.2% del PIB, en comparación con 4.9% en 2000. A pesar de ese avance, todavía queda mucho camino por recorrer pues, por ejemplo, en la OCDE el gasto total en salud representa 8.9% del PIB. Además, estos indicadores deben considerarse con cuidado, pues ocultan las enormes brechas del gasto per cápita. Por ejemplo, en México se gasta mil 48 dólares por persona al año, mientras que en la OCDE, 3 mil 453. Como en todo, en general obtenemos lo que pagamos, esto es, una salud de mil 48 dólares, que se compara con una de 4 mil 351 en Canadá, 2 mil 898 en España, 3 mil 235 en Inglaterra, y mil 606 Chile.

Eso explica que en México haya 1.6 camas, 2.2 médicos y 2.6 enfermeras por cada mil habitantes, mientras que en la OCDE, los números correspondientes son 4.8, 3.3, y 9.1 por cada mil habitantes.

De los pendientes, lo más notable es que no haya habido cambios por el lado de la oferta de servicios de salud. Estos siguen siendo provistos por instituciones diferentes, que ofrecen servicios distintos, de calidades variadas, y a costos desiguales, y a los cuales sólo tienen acceso sus afiliados. No se ha avanzado en la “portabilidad” de los servicios, esto es, que un trabajador afiliado al Seguro Social pueda ser atendido en el ISSSTE, o en otra institución pública de salud, y viceversa. Las duplicidades e ineficiencias derivadas de esta estructura institucional son bien conocidas. Tampoco ha aumentado sustancialmente la subrogación, lo que permitiría que los particulares contribuyeran a proveer servicios de salud y no sólo instituciones gubernamentales.

Las implicaciones de la salud en términos de bienestar, distribución del ingreso, productividad, competitividad también son claras. Entonces, ¿por qué esta problemática no recibe, por parte de gobierno y sociedad, la atención que amerita? ¿Por qué una discontinuidad tan grave en la reforma del sector salud? Quizá porque al igual que para otras actividades del gobierno, se requieren más recursos, que no están disponibles, y enfrentar intereses poderosos, con el desgaste político consecuente.

Los problemas de dicho sector están debidamente identificados y diagnosticados, lo que falta para avanzar es voluntad política de los gobiernos federal y estatales. Como se reconoce en un estudio reciente de la OCDE, “es poco probable que ocurra una reorganización estructural en el futuro cercano”. Por tanto, urge incorporar el tema a la agenda de la elección de 2018, para saber qué proponen los precandidatos, comparar sus propuestas, y evaluarlas.

Economista

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