La Red Compartida es un invento que surgió a raíz del Pacto por México. La idea –que parecía buena de inicio —era crear una gran red de telecomunicaciones inalámbricas que sirviera para prestar servicios de telefonía móvil y banda ancha (internet) en todos los rincones del país. En particular para servir a la gente humilde que no tiene acceso a estos servicios.
Pero muy pronto, una serie de intereses comerciales por parte de ex-servidores públicos, así como dificultades desde el gobierno para aterrizar una compleja norma constitucional, pusieron en duda la viabilidad del proyecto.
Sumado a ello, las nuevas condiciones del sector telecomunicaciones de mayor competencia y disminución de precios —luego de las reformas del 2013— podrían hacer innecesario este proyecto de Red Compartida. Esto pues obliga al Estado a —tan sólo del diferencial entre la Ley de Ingresos del 2015 y la aprobada para 2016— dejar de percibir 31 mil 400 millones de pesos durante los 20 años de la concesión. Un regalo para quién se quede con esta banda a expensas de todos los mexicanos.
Su impulsor fue Juan Molinar, ex secretario de la SCT, quien falleció recientemente. Sin embargo, hay mucho que decir de su ex jefe de asesores en la propia SCT, y a quien luego hizo presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan.
El proyecto de la Red Compartida nació en un contexto de opacidad y bajo criterios de nula transparencia, basándose en un estudio que fue contratado sin licitación pública (lo hicieron inexplicablemente por adjudicación directa) por un monto de 6 millones de dólares. Para brincarse los procedimientos que los entes públicos deben seguir para este tipo de contrataciones, se utilizó un Fideicomiso (el del e-México) cuyo objetivo era el de desarrollar el Sistema Nacional e-México, surgido por iniciativa presidencial del 1° de diciembre de 2000, y no el estar haciendo estudios y mucho menos adjudicaciones directas para otros fines.
A pesar de que los fondos provinieron de la SCT, extrañamente se le encomendó a la extinta Cofetel hacer el Libro Blanco sobre ese estudio. Ese Libro Blanco, que debiera contener toda la información relativa a cómo se contrató el estudio que justificó la Red Mayorista, omite un pequeño detalle: se olvidó incluir el nombre del proveedor que elaboró dicho estudio, quien recibió los 6 millones de dólares. Tampoco informa cuál fue el criterio para seleccionarlo de manera discrecional. Omisiones que dieron lugar a las primeras sospechas, aunque luego nos enteramos, de manera informal, que se trataba de la consultora McKinsey.
Mony de Swaan ha utilizado el tipo de información obtenida bajo su mandato en la Cofetel —como la de la Red Compartida— y su acceso a funcionarios de SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para avanzar intereses personales. Poniendo esa información al mejor postor. Primero quiso hacerlo con Tresalia, fondo de inversión que pretendía asociarse con Virgin Mobile para su entrada a México, proponiéndole deshacer contratos con Telefónica y esperar a que estuviera lista la Red Compartida. Lo que ocasionó denuncias por parte de Telefónica ante la Secretaría de la Función Pública.
Ahora, De Swaan se ostenta como ejecutivo de Nokia, incluso visitando a operadores de telecomunicaciones para promover la Red que planeó desde el gobierno. No tendría nada de malo que un exservidor público ingresara al sector privado a laborar en las materias que conoce. Pero el brinco del sector público al privado es menos transparente cuando se pretende utilizar información privilegiada. De hecho, la propia SCT reconoce esto pues en las prebase que ya publicó formalmente establece un inciso denominado “4.16 Causales de Descalificación”. En el dice que será causal de descalificación de cualquier concursante el contar con asesoría de personas que hayan sido contratadas por la SCT o que de alguna manera hayan “participado o asesorado en la estructuración, analisis e implementación del proyecto (de la Red Compartida)”. Lo que es el caso del expresidente de la Cofetel.
Probablemente Nokia termine también por desligarse de él, por lo menos formalmente, para no estar en riesgo de una descalificación. El mantener este criterio en las bases de licitación que serán publicadas en diciembre de este año, sin duda representa un gran acierto por parte de la SCT para atajar de golpe ese tipo de prácticas indebidas.
En los hechos, el proyecto de la Red Mayorista, impuesto de manera caprichosa en nuestra Carta Magna, les ha causado muchos dolores de cabeza a los actuales funcionarios de la SCT y del IFT, quienes han buscando la manera de darle viabilidad al mismo y hacerlo lo más atractivo posible para los inversionistas. Esto sin violar la Constitución, por lo que han tenido que ser muy creativos, particularmente en la Subsecretaría a cargo de Monica Aspe.
Para ello, en primera instancia disminuyeron de manera considerable el monto de derechos por el aprovechamiento del espectro radioeléctrico que deberá pagar de manera periódica el operador de la red mayorista. Pese a que un documento elaborado por la SCT y el IFT el 28 de agosto de 2014 sostuvo que para lograr que la operación de la red fuera financieramente autosustentable se debían fijar los derechos en 0.20 dólares por MHz por habitante, en el paquete económico propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2016, se redujo el derecho de la banda de 700 MHz a 0.02 dólares por MHz por habitante.
Así, en esta lógica de ser creativos y darle viabilidad a la Red Compartida, la propuesta aprobada tanto por Diputados como Senadores en materia de derechos implica una reducción del 89% de ingresos al Estado mexicano. Lo que implica que el Gobierno en vez de recibir anualmente un monto de 3,015 millones de pesos (mdp), únicamente recibirá 366 mdp. El impacto puede dimensionarse al analizar los 20 años de la vida de la concesión: de un solo golpe –en aras de la viabilidad- se convenció a la SHCP y al Congreso para que en lugar de recibir 34,850 mdp por ese periodo de tiempo, sólo reciba 3,450 mdp. Ello sin tomar en cuenta que al ganador de la licitación no se le cobrará contraprestación alguna.
Otro elemento que la SCT ha tenido que introducir en el modelo de Red Compartida, con el objeto de darle viabilidad, es la figura del subarrendamiento de una parte de la banda de 700 MHz, tema que aún genera muchas dudas entre los especialistas, específicamente en cuanto a si es legítimo destinar para los fines de los grandes operadores y su rentabilidad privada, parte del espectro previsto para mejorar el bienestar social. Pero este tema se abordará más adelante cuando en definitiva se publiquen las Bases de dicha licitación.
Cambiando de tema: 1)¿Qué funcionarios de la Cofetel le ofrecieron a Francisco Gil, presidente de Telefónica México, renunciar a la empresa española para encabezar su proyecto de Red Compartida? 2) Sobre el “apagón”, a la SCT le faltan por entregar 2.8 millones de televisores digitales, lo que implica que deberá entregar 47 mil diarias en lo que resta del año (contando fines de semana y días festivos). El reto no es menor.
Twitter: @JTejado
