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Durante años se dijo que los tribunales administrativos del Poder Judicial Federal eran incapaces de resolver con eficiencia los litigios especializados relacionados con los millonarios asuntos de las telecomunicaciones o de competencia económica. Se aducía, desde falta de capacidad de los jueces, hasta la captura de los juzgados por las empresas.
El surgimiento de juzgados especializados para atender temas de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica fue una propuesta realizada por organismos como la OCDE y el Banco Mundial. Esta propuesta luego fue retomada en el Pacto por México y se crearon, solamente, dos juzgados especializados y dos tribunales colegiados para ver estos asuntos.
A dos años de su creación, las resoluciones de estos tribunales están bajo escrutinio público.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) ha hecho un estudio muy minucioso de las sentencias de estos juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
El análisis estadístico de los fallos judiciales revela una peligrosa tendencia de los juzgados y tribunales especializados para inclinar la balanza a favor de las autoridades. El estudio de la BMA revela que en los tribunales colegiados solamente 12% de las sentencias es a favor de los particulares y las empresas, mientras que un 88% es a favor de las autoridades (IFT, Cofece o la SCT). Y en los Juzgados de Distrito la estadística no es muy diferente, pues también en los amparos indirectos los particulares sólo ganan 10% de los amparos, en contra de un 90% de fallos a favor de las autoridades.
También, según la BMA, los pocos juicios que logran los particulares ganar son debido a temas de forma o procedimentales —falta de firmas, notificaciones hechas indebidamente— y son pocos los asuntos en que los particulares ganan por temas de fondo.
Para ver si las quejas de la BMA eran fundadas se revisaron las estadísticas de otros juicios administrativos en tribunales también radicados en el Distrito Federal y los números no pintan bien para el Poder Judicial de la Federación. Así, mientras en los juzgados especializados —de telecomunicaciones y competencia— los particulares ganan apenas un 10% de los litigios; en el resto de los juzgados administrativos los particulares ganan hasta un 34% de los casos presentados según las estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal. Esto significa que en los juzgados administrativos hay tres veces más probabilidades de ganar a las autoridades que en los juzgados especializados.
Esto sólo puede significar una de dos cosas: a) que en sus apenas dos años de existencia, los abogados del IFT y de la Cofece son mucho mejores que el resto de sus pares en otras oficinas gubernamentales; o , b) que hay un peligroso sesgo de los tribunales especializados para favorecer a las autoridades y que en los hechos han sido “capturados” por los reguladores.
Como sea, los datos de la BMA ponen en un predicamento al Poder Judicial de la Federación pues lo que se deriva es que no hay independencia sobre los órganos que tienen que supervisar. Es decir, se habría movido la balanza de una captura regulatoria por parte de los regulados a una captura por parte de los reguladores.
Hay quien pueda preferir que sea el Estado mexicano quién “capture” al Poder Judicial, pero es un tema delicado dado que las empresas que buscan justicia luego de decisiones en los sectores de telecomunicaciones y competencia no tienen acceso a la suspensión en el Amparo. Así, la combinación de no poder suspender actos de una autoridad mientras se llega al fondo del juicio y la probabilidad de que se falle siempre a favor de las autoridades hace, en los hechos, que exista una denegación de justicia en México para sectores económicos muy relevantes. Pero también para sectores que a través de la radio, la televisión y las telecomunicaciones se encargan de transmitir toda la información pública, por lo que incluso la libertad de expresión pudiera estar amenazada en este entorno.
Pero no son sólo los juzgados y los tribunales especializados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está también tomando decisiones cuestionables. En la resolución de la Controversia Constitucional 117/2014 entre el Senado de la República y el IFT, la Corte resolvió que: los órganos autónomos constitucionales no pueden contrariar lo expresamente establecido en las leyes (principio de legalidad). Pero en un inesperado giro, la Corte ha publicado que los órganos autónomos constitucionales –como el IFT, Cofece, Banco de México, INAI e INE– sí pueden hacer sus propias normas (modificaron el principio de reserva de la Ley) con lo que tenemos a las primeras autoridades en el país que en los hechos pueden legislar a nivel del Congreso de la Unión.
Pero no sólo legislar, se está quedando atrás el principio de que las autoridades sólo podían hacer lo que las leyes permitían. Ahora, en una nueva “ingeniería constitucional” la Corte parece dar amplios poderes a todos los órganos autónomos en donde les dice pueden hacer lo que quieran, salvo que contraríen las leyes.
Así, juntando la estadística de juicios en contra de los particulares por parte de los juzgados especializados con la reciente decisión de la Corte vemos que se ha conformado un conjunto de autoridades que están desde luego por encina del Congreso de la Unión, ya no se diga del Presidente de la República, y que han anulado al Poder Judicial de la Federación. Así, tenemos parte por diseño y parte por casuística una serie de nuevos poderes que controlan prácticamente todo el desarrollo económico del país y no le rinden cuentas a ningún poder electo. Bueno, sencillamente no le rinden cuentas a nadie.
Este modelo puede ser muy peligroso al no existir ningún tipo de contrapesos e incluso expone, en miras a las elecciones del 2018, a serias presiones políticas a todos los organismos reguladores. Quien controle estos organismos podrá, en los hechos, gobernar económicamente el país y no rendirle cuentas a nadie.
Twitter:@JTejado
