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En diversos análisis realizados durante las pasadas elecciones se afirmó que, si el PRI perdía el Estado de México, Enrique Peña Nieto no tendría la posibilidad de elegir al candidato de su partido a la presidencia de la República. “Haiga sido como haiga sido” el PRI conservó esta importante entidad, sin embargo, esto no garantiza que Peña pueda nombrar, sin obstáculos, a su “posible sucesor”, sobre todo si se tiene en cuenta la rebelión en gestación.
El PRI ha sido un partido que ha tenido la virtud política de saber leer el contexto histórico y tomar las medidas necesarias para continuar en el ejercicio del poder. Lo hizo así durante los 71 años previos a la alternancia en el 2000, cuando el PAN, con Vicente Fox a la cabeza, le arrebató la presidencia.
Se dirá, y con razón, que en esos 71 años no hubo quien le hiciera competencia y entonces era más fácil cambiar una ley electoral, hacer una reforma política y liberalizar el sistema político sin correr el riesgo de dejar de ser un partido hegemónico, pero disminuyendo la presión que podría llevar a una revuelta social y/o política. ¡Cierto!
Se argumentará también que el momento actual es cualitativamente diferente, que existe competencia electoral, que la alternancia es ya una realidad, que la ciudadanía puede decidir votar por más de un partido diferente al PRI para cualquiera de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal, federal, y para elegir a los miembros de la Cámara de Senadores y las Cámaras de Diputados, federal o locales. ¡Cierto!
Se contraargumentará diciendo que, a pesar de las diferentes condiciones históricas, el PRI sigue siendo un partido con espíritu de cuerpo y que es justo eso lo que lo ha mantenido como una de las principales fuerzas del espectro político, aunque ya no la única y no siempre la primera. ¡Cierto!
Sin embargo, el PRI no ha sido una institución monolítica y en varios momentos de su historia ha enfrentado lo que podríamos llamar “rebeliones”. La previa a la actual dio lugar a la formación de un nuevo partido, el PRD, en 1989. El 14 de agosto de 1986, el diario Unomásuno dio a conocer la existencia de la Corriente Democrática dentro del PRI, grupo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, el cual dio origen a la formación del Frente Democrático Nacional, que poco después se convertiría en el PRD.
El contexto en el que el PRI tuvo que enfrentar aquella crisis no puede compararse del todo con la que el partido enfrenta ahora; sin embargo, hay factores que asemejan ambas circunstancias.
Las semejanzas:
Primero, ambas rebeliones, la de 1987 y la de 2017, se dan en momentos previos a periodos electorales en los que se disputa la silla presidencial. En 1987, el presidente en turno, Miguel de la Madrid Hurtado, simuló modificar el método en la elección de su sucesor dando paso a una “pasarela de presidenciables”: Ramón Aguirre Velázquez, Alfredo del Mazo González (padre de Alfredo del Mazo Maza), Sergio García Ramírez, Miguel González Avelar, Manuel Bartlett Díaz y Carlos Salinas de Gortari, aunque al final no pudo ocultar que el candidato a sucederlo fue producto del acostumbrado “dedazo”.
La decisión del presidente al dejar fuera a Cuauhtémoc Cárdenas de la lista de posibles candidatos más el “destape” de Salinas de Gortari, fueron dos hechos que marcaron claramente el rumbo que el partido seguiría en materia económica. Su decisión, provocó el rechazo de la Corriente Democrática que defendía un programa de corte nacionalista-revolucionario y que se oponía al modelo neoliberal impuesto desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, encabezada por Carlos Salinas.
En 2017, 30 años después, la rebelión se presenta en el contexto previo a la elección presidencial de 2018 y se dirige a impedir que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sea el único fiel de la balanza que decida quién será el candidato del partido a la presidencia. No importa que el PRI haya conservado las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México.
Esta rebelión tiene lugar en los días posteriores a las elecciones en que se contendió por 3 gubernaturas y 212 presidencias municipales. Aunque existen antecedentes de militantes priistas que en los meses previos se “han movido”, como Ulises Ruíz Ortiz e Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadores de Oaxaca y Yucatán, respectivamente, en contra de la actual dirigencia del partido y, por tanto, en contra de las decisiones de un presidente de la República, cuya popularidad es la más baja desde que se mide este indicador, es ahora, en los meses previos a la XXII Asamblea Nacional del Partido, que tendrá lugar entre el 6 y el 11 de agosto, después de cuatro meses de foros de discusión a lo largo de la estructura territorial del partido en todo el país, cuando la rebelión toma cuerpo.
Segundo, ambas rebeliones buscan redireccionar al partido y recuperar el pacto social que en décadas pasadas le permitió permanecer al frente del gobierno. En 1987, la salida de la Corriente Democrática del PRI fue resultado directo de la falta de democracia interna y el intento por cambiar la práctica del “tapado”, a lo que se sumó una visión más amplia que buscaba modificar la política neoliberal que generó mayores niveles de pobreza en el país y la intención de llevar al priismo nuevamente al lado de la población. Se enfrentaron entonces dos ideologías: una nacional-revolucionaria y otra tecnocrática, con el triunfo de esta última.
Hoy, en 2017, se impone nuevamente, de acuerdo con algunos militantes priistas, la necesidad de refundar al partido como lo muestran algunos párrafos de la carta que un grupo de priistas encabezados por el grupo Democracia Interna, conducido por Ulises Ruíz, dirigieron al actual presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y a la secretaria general del mismo, Claudia Ruíz Massieu para exigir su renuncia, a saber:
Para fortalecer e incrementar la militancia y para conseguir las simpatías de más mexicanas y mexicanos es necesario, insistimos, reconstruir a nuestro Partido volviendo a los principios que lo vieron nacer, retomando a la democracia hacia adentro para poder proponer a la ciudadanía, ávida de democracia, un nuevo proyecto de nación.
Con preocupación vemos que los trabajos que se están llevando a cabo rumbo a la Asamblea Nacional parecen más bien un foro para promover y justificar las reformas estructurales del Gobierno Federal y no la oportunidad para escuchar a la voz de la mayoría que propone alternativas al modelo neoliberal que ha conducido a nuestro país los últimos 25 años, sin conseguir reducir el porcentaje de mexicanos en pobreza que hoy es igual al que se tenía en 1990.
Vaya una vuelta de tuerca, 30 años después el eje de la discusión para repensar al partido sigue siendo el modelo económico neoliberal. La pregunta aquí es ¿podrán quienes dirigen al país y al partido abandonar un modelo que hace agua por todos lados, pero que les ha permitido hacer “grandes negocios” o se empeñarán en sostenerlo caiga quien caiga? ¿llevará esto a un nuevo desgajamiento y la formación de un nuevo partido?
Las diferencias:
Primera, en 1987 la presidencia de la República era aún una institución fuerte, más o menos respetada, sobre todo en función del presidente en turno y su estilo de gobierno, que contaba con los mecanismos necesarios para dirigir la administración y al país en una dirección o en otra.
En 2017, la presidencia es una institución debilitada, ridiculizada, copada por los poderes que alguna vez controló, con pocas capacidades para llevar a buen puerto un proyecto de país y obligada a pactar con los diversos centros de poder que se han diversificado en detrimento del que alguna vez fuera el poder central. Si antes ordenaba, ahora pide; si antes dirigía ahora negocia; si antes presionaba, ahora es presionada.
Segunda, en 1987 el PRI era partido hegemónico y contaba aún con los elementos que le permitían ganar las elecciones con bastante holgura y no con 2 o 3 puntos arriba del segundo lugar, como la famosa “caída del sistema”. El presidente de la República era priista y junto con su instrumento principal, su partido, podía mover las piezas que componían al sistema político, incluyendo su propio poder, el ejecutivo, a los otros dos, el legislativo y judicial, a los poderes fácticos (gobernadores, medios, Ejército, Iglesias, grupos del narco y la delincuencia organizada, a la sociedad dividida en sectores, etcétera.
En 2017, el sistema político ha pasado ya por una transición en la cual un partido diferente al PRI, el PAN, ha gobernado por doce años, desmontando en parte el engranaje que permitió al partido hegemónico ejercer un poder incontestado antes del año 2000 y que junto con las reformas electorales que el mismo PRI se ha visto forzado a pactar, han hecho de la competencia electoral una realidad que obliga a este partido a “ganarse” lo que antes tenía asegurado.
Tercera, en 1987 el PRI conservaba cierto prestigio y los presidentes emanados de éste conservaban cierto nivel de popularidad. Tenía mayoría en las Cámaras, gobernaba todos los estados y municipios del país y tenía rangos de votación que iban del 98% en el caso de la elección de Lázaro Cárdenas, al 74% en la elección de Miguel de la Madrid.
En 2017, el prestigio del PRI ha decaído junto con la popularidad del presidente salido de sus filas, cuyos índices de credibilidad han llegado al 9%, ya no tiene mayoría en ambas Cámaras, la perdió por primera vez en 1997, ya no gobierna en todos los estados, sólo en 15, y de acuerdo con el texto dirigido a Ochoa Reza y Ruiz Massieu:
El PRI ganó el Estado de México en la suma de sus votos más los de los partidos que lo apoyaron, pero como Partido, obtiene menos votos que otra fuerza política; en Nayarit, se pierde el Gobierno, el Congreso y las ciudades más importantes; en Coahuila se gana el Gobierno pero se pierde el Congreso y ciudades tan importantes como Torreón y Monclova y en Veracruz, se pierden las diez ciudades más importantes y pasamos a ser la tercera fuerza en esa entidad, por debajo incluso del mismo Partido que en el Estado de México. (Sic)
El contexto que dibujan las diferencias respecto de 1987 explica en parte la rebelión que hoy se gesta al interior del PRI, pero no se piense que la preocupación de las y los rebelados comienza o termina con la refundación del partido, las cuestiones prácticas también importan. ¿Quién va a elegir al próximo candidato? ¿Quién va a ser el próximo candidato o candidata?
Por lo pronto ya se autodestapó Ivonne Ortega quien afirma que el PRI tiene que pedir perdón a la ciudadanía y cuestionó los graves tropiezos electorales que su partido tuvo este 4 de junio. En ese mismo sentido, Ulises Ruíz y los “abajofirmantes” del texto referido, 89 en total, afirman que Ochoa Reza debe renunciar y dejar de hacer “cuentas alegres”.
Quitar a Ochoa Reza y Ruiz Massieu de la presidencia y secretaria del PRI supondría quitar a dos de las piezas con las que Peña Nieto piensa dirigir el proceso mediante el cual se elija al candidato del PRI a la presidencia de la República. Entre las características que dicho aspirante debe tener, a decir de quienes están inconformes, se cuentan: una militancia mínima de 10 años dentro del PRI y haber ocupado cargos de elección popular, lo que dejaría fuera, para comenzar, al Secretario de Educación Aurelio Nuño Mayer y pondría en línea directa a Miguel Ángel Osorio Chong, actual Secretario de Gobernación, o a la misma Ivonne Ortega.
En conclusión, el ataque al presidente y secretaria general del PRI es parte de una rebelión que busca dejar al ya de por si debilitado presidente de la República, sin la posibilidad de nombrar al candidato de su partido para las elecciones del 2018 y marcar lo que en su momento el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León llamó la “sana distancia”. Los nombres de quienes podrían ocupar estos cargos son la pista para conocer a quienes, tras bambalinas, están operando tal revuelta y buscando separar a su partido, el PRI, de una presidencia que de activo principal pasó a convertirse en pesada carga.
