El 11 de enero el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció, en el Diario Oficial de la Federación, una medida cuyo objetivo principal podría calificarse como “políticamente correcto”, una modificación a su Ley Orgánica de Pagos estableciendo una disminución de 10 por ciento sobre el total de la percepción ordinaria mensual de los consejeros electorales y otros de sus funcionarios.
Esta medida no fue la única propuesta por el INE para mostrar “su solidaridad” con la ciudadanía, pues en la misma fecha los consejeros electorales decidieron cancelar la construcción de su nueva sede, por lo que devolvieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 1,070 millones de pesos que ésta había designado para su edificación. Por si fuera poco, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, informó a través de Twitter que renunciaban a la prestación de telefonía celular.
Pero no todos los consejeros del INE aceptaron la disminución de salarios, Benito Nacif Hernández, impugnó la determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando que la medida violaba “los principios de certeza y legalidad que deben regir la actuación del instituto”, que la determinación transgredía la Constitución Mexicana y que el organismo debía cuidar su credibilidad, ya que de acuerdo con las normas del INE, los consejeros no pueden renunciar a la remuneración a la que tienen derecho de acuerdo con el artículo 123 constitucional.
Hace unas horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio la razón a Nacif Hernández al declarar inválido el acuerdo al que había llegado el INE, argumentando que la Junta General Ejecutiva del instituto “carece de competencia para decretar la disminución de la remuneración lo cual deja patente una violación directa a la Constitución”.
La argumentación del consejero apunta en la dirección correcta toda vez que, en ninguna institución pública o gobierno los funcionarios deberían tener la facultad de modificar sus salarios, en particular hacia arriba, de asignarse bonificaciones, aguinaldos, ni otro tipo de prestaciones o premios por desempeño, como ocurre con frecuencia en México. De todos es sabido que diputados, magistrados, presidentes municipales se suben el sueldo a voluntad, haciendo caso omiso de las necesidades de una población cada vez más empobrecida.
No es ético que en un país donde, de acuerdo con el INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2016, casi la mitad de la población ocupada (47%), 24.5 millones de personas, vivan con un sueldo máximo de dos salarios mínimos, algo así como 160 pesos diarios, mientras los funcionarios públicos reciben sueldos exorbitantes por un trabajo no satisfactorio si se considera que en muchos rubros como la justicia, la seguridad, los servicios, el empleo, la pobreza no están dando los resultados esperados.
Las medidas, calificadas por el mismo INE, como “extraordinarias de austeridad y racionalidad económica”, fueron anunciadas en un contexto de descontento social y en razón de las críticas hechas a una institución electoral que ha perdido el prestigio que alguna vez le dio la organización de elecciones creíbles, en el marco de una de las democracias más caras del mundo y cuyos presupuestos se vuelven incongruentes ante la precarización de las condiciones de vida a nivel nacional y la insatisfacción con los resultados electorales.
Académica de la Universidad Iberoamericana
