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Y el apagón analógico sigue dando de qué hablar. No fue la Constitución, sino la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) la que será reformada para modificar los planes originales. Después del frustrado intento de algunos legisladores de aplazar en todo el país la fecha del apagón, surge este “plan b”, que tiene virtudes y mañas. Veamos de qué se trata.
La regulación. La Constitución estableció en la reforma de 2013, que la transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015, sin excepciones. Pero luego, la LFTR (art. 19 transitorio) incluyó al apagón dos candados de dudosa constitucionalidad: el relacionado con la penetración de tecnología digital con receptores o decodificadores en el 90% de la población de escasos recursos de los hogares definidos por la SEDESOL, y la otra salvedad es para las estaciones no comerciales de baja potencia que podrán seguir transmitiendo si no han transitado a digital o no se ha logrado, en su área de cobertura, el 90% de penetración mencionado.
¿Quién incumplió? Aun cuando la propia LFTR obliga a concesionarios de estaciones públicas y comerciales, a hacer las inversiones necesarias para lograr el tránsito a la televisión digital terrestre, la realidad es que ninguno de los dos cumplió al 100%. Así, tenemos 3 tipos de estaciones que no estarán listas para transitar a digital a finales de este año:
1. Estaciones principales (no de baja potencia) públicas y educativas.- cerca de 30 estaciones públicas de entidades federativas como Colima, Chiapas o Sonora, no transitaron a digital porque sus Gobiernos no las dotaron de recursos para hacerlo, y tendrían entonces que salir del aire el 31 de diciembre y con ello su concesión podría ser retirada.
2. Estaciones de baja potencia NO comerciales.- Existen alrededor de 50 estaciones públicas de baja potencia que no transitarán a digital a tiempo, pero éstas cuentan ya con la posibilidad legal de continuar transmisiones analógicas.
3. Estaciones de baja potencia comerciales.- Tenemos más de 250 estaciones complementarias (baja potencia) de los operadores comerciales (Televisa y TV Azteca) que tampoco transitarán a digital antes del 31 de diciembre de 2015 y que tendrían que salir del aire, además de ser sancionados por haber incumplido la Constitución y la Ley.
Las alternativas. Ante esta situación nada sencilla, el Senado aprobó una modificación al 19 transitorio de la Ley que “soluciona” el problema de los dos incumplidos: a los concesionarios sin fines de lucro les permitiría suspender transmisiones sin riesgo de revocación de sus títulos, o bien podrían optar por disminuir su potencia y seguir transmitiendo, mientras que a los comerciales complementarios los suma al beneficio de los públicos de baja potencia para continuar sus transmisiones analógicas, de acuerdo con el programa que establezca el IFT para que la población que cubren siga recibiendo este servicio público.
Como vimos, las estaciones públicas de baja potencia no requieren cambio legal para continuar sus transmisiones. La bronca es la tv pública —de alta potencia— y las de baja potencia comerciales. Ante esta situación, vale preguntarnos qué debemos proteger: ¿a las audiencias que se quedarán sin los contenidos de quienes deberían salir del aire?, ¿a los concesionarios públicos que podrían perder su título por no haber transitado a digital en tiempo? o ¿a los operadores comerciales para que continúen transmisiones e intenten no ser sancionados?
Al respecto, existen dos posiciones igualmente atendibles: aquellos que sostienen que la ley debe cumplirse parejo y aunque sea tv pública, que pierdan sus concesiones por no haber acatado la ley y, de igual manera, que suspendan transmisiones y sancionen a los concesionarios comerciales de baja potencia; y los que piensan que se debe hacer una excepción y modificar la ley para que las audiencias continúen con la señal mientras los incumplidos cumplen. Lo que no se vale, es buscar que el efecto de la modificación legal sea perdonar la multa a las televisoras comerciales que han contravenido la Constitución y la Ley y que, no nos hagamos, habían apostado a que ni la SCT ni el IFT cumplirían con la entrega de televisores y la fecha del apagón.
En este sentido, considero que la reforma que se aprobará en definitiva esta semana debió incluir un párrafo, para mayor claridad, en el que se precisara que la modificación era sin perjuicio de las sanciones aplicables. Sin embargo, sostengo que, incluso con la redacción que quedará, el IFT puede —y debe— iniciar procedimientos sancionatorios pues el texto establece una excepción para proteger a las audiencias y tutelar su derecho a la información, pero no excluye a los concesionarios comerciales de posibles sanciones, esta lectura sería inconstitucional, como en mi opinión lo es la modificación.
En conclusión, con esta reforma a la LFTR no se aplaza el apagón analógico general, esta modificación solo involucra al 3% de la población, así que ni afectará a Grupo Imagen en su entrada al aire, ni al proyecto de red compartida en la banda de 700 MHz, pero sí será otra prueba a la autonomía del IFT quien deberá iniciar los procedimientos de sanción correspondientes.
En la sobremesa. Dos eventos interesantes esta semana: El Foro Internacional sobre Derechos de las Audiencias, organizado por María Lizárraga, Jefa de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, que tendrá lugar en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México los días 8 y 9 de diciembre de 9 a 14 horas en el que expondrán panelistas nacionales e internacionales sobre la alfabetización mediática y derechos de las audiencias. Entrada libre, cupo limitado, regístrese: georgina.torres@ift.org.mx
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información organiza el seminario: Reformas Estructurales, Transparencia y Rendición de Cuentas, cuyo objetivo es abordar la implementación y resultados de las diferentes reformas incluyendo la de telecomunicaciones. Se llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre en las instalaciones del INAI, aquí más información: http://eventos.inai.org.mx/reformasestructurales/.
* Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México. Este artículo refleja la posición personal de la autora.
Twitter: @soyirenelevy
