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Otra vez sobre derecho de réplica… discúlpeme por insistir en el tema, pero es importante señalar ahora ciertas cuestiones antes de que el Senado termine de discutir y votar el dictamen que contiene la ley que regulará este derecho. Ya la semana pasada hubo una intentona de aprobar el dictamen de ley reglamentaria tal como venía de la Cámara de Diputados —sin moverle una coma— para que no tenga que regresar a ella. La cuestión es que la discusión se pospuso, por eso es necesario evidenciar algunos argumentos que demuestran que, así como está este dictamen, NO representa un avance para el país.
Mire usted, hay tres tipos de senadores y senadoras, los que no importando qué razones existan, van a votar a favor del dictamen (todos o la mayoría del PRI y el VERDE y los rojiazules del PAN, ahí ya ni la lucha se le hace); los que ya están convencidos de que este documento tal y como está no representa un avance sino un retroceso y entonces quieren modificarlo (los del PRD y algunos del PAN), y por último los indecisos (varios del PAN y otros aislados). Por lo que hace a las organizaciones relacionadas con el derecho a la información, ninguna ha respaldado este dictamen, por el contrario, se han pronunciado en contra.
Ya antes he manifestado varias cuestiones puntuales por las que este dictamen no representa un avance, sino un retroceso, en esta ocasión sólo le compartiré uno más —contundente en mi opinión— y le platicaré un tema de forma que requiere un análisis que el Senado no ha hecho.
El dictamen es violatorio de la Constitución, pues obliga al afectado por la información difundida a probar ante el juez, si el medio de comunicación le niega la réplica, la falsedad o inexactitud de la información publicada y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado (artículo 25, fracción VII). Es decir, si un noticiero difunde que Juan Pérez es narcotraficante, él pedirá réplica ante el medio de comunicación para decir que no lo es, si el medio no le otorga la réplica, entonces irá ante el juez y ahí morirá su derecho pues no podrá probar que NO es narcotraficante. Es de todos sabido que el que afirma tiene la carga de la prueba. Además, el daño ocasionado es obvio, no debería ser objeto de prueba. Esto es absurdo, absurdo e inconstitucional porque hace nugatorio el ejercicio del derecho de réplica.
Por otra parte, el dictamen no fundamenta la competencia federal que pretende ejercer. La cuestión es que nuestra Constitución establece que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”, esto significa que para que una atribución sea federal, debe estar expresamente otorgada a la Federación en la propia Constitución. Este no es el caso del derecho de réplica. Veamos:
El artículo 6 constitucional señala que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.” Como vemos, no dice “ley federal, o ley del Congreso de la Unión”, ni que el derecho a la información será garantizado por la Federación. Así nos vamos al artículo 73, que incluye el catálogo de competencias del Congreso (y por lo tanto el federal), y no encontramos al derecho de réplica en ninguna de sus fracciones, ni en otro precepto de la Constitución. El decreto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones de junio de 2013, dispone que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para regular el derecho de réplica, pero dicho artículo no asigna competencias, únicamente se refiere a los plazos.
Al respecto, ya hubo una discusión en la SCJN respecto de la facultad de los estados (Michoacán y Guerrero) de legislar sobre derecho de réplica en materia electoral. No se alcanzó la mayoría de votos para declarar inconstitucionales las leyes estatales que regulan dicha materia y permanecen vigentes. Es más, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió opinión sobre el tema a solicitud del Ministro Fernando Franco González Salas, y consideró que el derecho de réplica respecto a los medios electrónicos (radio y televisión) es federal pero en los impresos la facultad es local (https://www.scjn.gob.mx/PLENO/OPTEPJFDocs/AI%2042-2014-%2055,%2061-71.PDF páginas 12 y 13).
El Congreso está obligado a fundamentar y motivar su competencia y el dictamen que pretenden aprobar, no lo hace. No puede huir del asunto, deben decidir si la materia es federal o si es concurrente o coincidente con los Estados e incluir los razonamientos respectivos, de lo contrario, se estaría violentando el proceso legislativo y desde luego la propia Constitución. El dictamen, pues, requiere cambios, sostener que aprobarlo como está es un avance porque ya tendríamos la ley reglamentaria que espera desde 2007, es demostrar la imposibilidad del Estado de garantizar mínimamente los derechos fundamentales. Mejor sigamos esperando.
En la sobremesa. Televisa dominante. La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó el Dictamen Preliminar sobre la investigación de dominancia de la empresa Telecable, comprada por Televisa. Concluyó que, como consecuencia de dicha concentración, Grupo Televisa adquirió o incrementó el poder sustancial en el mercado de televisión de paga en 63 de 65 municipios en los que opera Telecable. Aun falta que se emita el dictamen final, pero por ahí andará la cosa seguramente.
Subprocuraduría. Carlos Ponce Beltrán encabezará la recién creada Subprocuraduría de Telecomunicaciones en Profeco. Abogado de profesión, era presidente de la Asociación Mexicana de Internet y formaba parte del Consejo Consultivo del IFT. Tiene un enorme reto por delante.
Vacantes. El viernes pasado cerró la inscripción para concursar por dos plazas que dejarán vacantes los comisionados Fernando Borjón del IFT y Francisco Javier Núñez de la COFECE. Ojalá el Comité de Evaluación, integrado por el Banco de México, el INEGI y el INEE esta vez sí le den al proceso la transparencia a que obliga la Constitución.
*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México. Este artículo refleja la posición personal de la autora.
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