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México tiene una deuda histórica con su población afrodescendiente. Durante décadas nuestro país se ha pensado como un producto del mestizaje entre personas europeas e indígenas en una narrativa que ha negado nuestra diversidad étnica y cultural y que, particularmente, ha invisibilizado la presencia de pueblos y comunidades afrodescendientes que llevan cientos de años en nuestro país.
Esta invisibilidad está presente no sólo en el imaginario social, sino también al más alto nivel de nuestro orden jurídico. A diferencia de lo que ocurre con los pueblos indígenas—reconocidos como sustento de nuestra pluriculturalidad en el artículo 2° constitucional—las comunidades afrodescendientes no son siquiera mencionadas en la carta magna. La falta de reconocimiento legal ha provocado que dichos pueblos no tengan reconocimiento de sus derechos colectivos ni tengan acceso a programas sociales y productivos diseñados específicamente para atender sus necesidades.
Hasta hace muy poco, no sabíamos cuántas eran las personas afrodescendientes, dónde se encontraban o qué necesidades tenían. Hoy, gracias a la Encuesta Intercensal del año pasado sabemos que aproximadamente 1.4 millones de personas en el país se autoidentifican como afromexicanas, mientras que cerca de 600 mil se identifican como tal “en parte”.
La información estadística también nos ha dado una idea de sus principales carencias. Vemos ya, por ejemplo, que el porcentaje de niñas y niños con déficit alimentario es prácticamente el doble en hogares afro (14.8%) que en hogares no afro (7.7%). En el ámbito alternativo de calidad de la vivienda, el porcentaje de hogares afrodescendientes con piso de tierra es más del doble (10.2%) que en el resto de los hogares (4.5%).
Agendas como las contenidas en la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Declaración y el Programa de Acción de Durban, y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) señalan los múltiples rezagos que como Estado y sociedad tenemos la obligación de remediar. En esos documentos se enfatiza, por ejemplo, la necesidad de visibilizar a las comunidades afrodescendientes mediante datos estadísticos, la importancia de avanzar en el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos, así como la urgencia de atender sus necesidades y rezagos mediante políticas públicas específicas.
Los retos que enfrenta este sector son mayúsculos. El principal es el reconocimiento de pueblos y comunidades afrodescendientes como sustento de la pluriculturalidad de la nación mexicana, en cuya dirección apuntan dos iniciativas de reforma federal hoy presentadas ante el Senado.
Lograr el reconocimiento constitucional obligará a que se destinen recursos a las comunidades afrodescendientes mediante programas sociales y productivos que respondan a sus necesidades. Dichos programas deberán acompañarse de datos duros sobre la población afrodescendiente. En ese sentido, es fundamental que el próximo censo general de población repita y mejore el ejercicio de la Intercensal 2015.
Es fundamental que las instituciones del Estado mexicano colaboren para atender un reclamo constante de la población afrodescendiente: el combate a los prejuicios y estereotipos que aún subsisten y justifican la discriminación estructural que enfrentan. Algunas de esas organizaciones han señalado, por ejemplo, que el estigma asociado a la identidad afro ha provocado que muchas personas no se reconozcan como parte de sus comunidades, lo que actúa en detrimento de las propias estrategias del Estado.
Una forma concreta de combatir la discriminación es empoderando a las personas afro, a sus propias organizaciones y asociaciones. Son ellas quienes cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias para promover que las propias comunidades valoren y reconozcan su identidad como afromexicanas y afromexicanos.
Favorecer la inclusión plena de la población afrodescendiente nos beneficia a todas y todos. Además de su contribución económica al desarrollo de sus regiones, estas comunidades poseen una herencia cultural excepcional que enriquece la gran diversidad de nuestro país. Por ende, y en oposición a la invisibilidad que por generaciones se ha conferido a las personas afro en México, el Estado no puede permanecer omiso ante este desafío.
Coordinador de Asesores de Conapred
