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“Un desarrollo que mantiene la exclusividad y privacidad en cada uno de los departamentos”, se leía en la página de “mds arquitectos”.
Ahí se anunciaba un desarrollo ubicado en pleno corazón de la colonia Roma Norte (Mérida 169), compuesto por “ocho exclusivos departamentos dúplex”.
“Su diseño arquitectónico es el resultado de la historia y lo contemporáneo”, proseguía la página. Quería decir que sobre una antigua casa de comienzos del siglo XX, catalogada como patrimonio artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, se levantaría un moderno desarrollo vertical con departamentos de entre ocho y casi doce millones de pesos.
Todo tentaba a los clientes potenciales: el condominio contaría con lobby, roof garden, circuito cerrado, bodegas, jardín, elevadores, acabados de lujo y seguridad.
Además de alterar el inmueble original, los constructores excedieron los niveles permitidos por el uso de suelo. Varios vecinos acordaron denunciarlos ante las autoridades.
El INBA solicitó que el inmueble fuera verificado y que la obra fuera suspendida. El 26 de enero pasado la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc impuso una multa a los propietarios y determinó la clausura total de la obra.
Los constructores sólo habían respetado la fachada, aunque la legislación ordena que al intervenir una construcción antigua se conserve también el espacio que se extiende entre la puerta de entrada y la primera trabe.
Los sellos colocados por diversas dependencias fueron quebrantados dos veces en el mes de abril. El día 25 de ese mes las autoridades delegacionales remitieron a 53 trabajadores al Ministerio Público.
En medio del jaloneo se descubrió que la obra no contaba con el registro de Manifestación de Construcción, ni con licencia de construcción especial que autorizara la demolición de la casa de inicios del siglo XX.
En los archivos oficiales la antigua casa seguía en pie y el desarrollo vertical no existía ni siquiera en planos.
La denuncia de los vecinos ante el INBA desnudó la verdad.
Los constructores, sin embargo, creían que la documentación del inmueble se encontraba al día. Según la denuncia penal que presentaron la semana pasada, habían contratado a tres gestores —Socorro García Fuentes, Susana García Fuentes y Jaime Chávez Torroella— en unas oficinas cercanas a las instalaciones de la delegación Cuauhtémoc (Héroes Ferrocarrileros número 6 interior 14).
¿Se los recomendaron otros constructores? ¿Alguien les había marcado el camino que pasaba por dicha oficina de gestoría? En todo caso, a cambio de un millón 800 mil pesos, los gestores les entregaron oficios, autorizaciones y licencias. Pero todas ellas eran falsas. Se falsificaron incluso firmas y “documentación original” del INBA.
La directora jurídica y de Gobierno, Zuleyma Huidobro, anunció ayer que al carecer de la autorización del INBA el resto de los trámites realizados por los constructores quedarán sin efecto “en automático”.
La obra tendrá que ser demolida.
El resultado en esta historia de corrupción es otro inmueble con valor artístico que pierde la Ciudad de México.
La pregunta a la mano es la siguiente: ¿cuántos edificios en la delegación Cuauhtémoc habrán sido construidos del mismo modo? ¿Qué autoridades cierran los ojos ante estos edificios fantasmas y a cambio de qué?
El caso apenas comienza.
Nota: A propósito de mi entrega de ayer (Condesa: otra historia de corrupción), la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc apunta que la Manifestación de Construcción tipo “B” que concedió el 4 de julio de 2016 para que se edificara un inmueble en Antonio Sola número 11 autorizaba únicamente la construcción de tres niveles —y no de seis.
Indica que al realizar el trámite en la Ventanilla Única delegacional los desarrolladores cumplieron con cada uno de los requisitos: que los constructores se opusieron en noviembre a que la delegación realizara una verificación, y se les sancionó con una multa.
Señala que el 26 de diciembre se inició un nuevo procedimiento de verificación que aún no ha concluido, y que el 4 de abril y el 8 de mayo se recibieron solicitudes de la PAOT para que se realizaran en el edificio “acciones de verificación en materia de construcción” y se valorara “la demolición de los tres niveles excedentes”.
“Negamos que en la Dirección General Jurídica y de Gobierno exista corrupción”, dice el mensaje.
Las dos historias apuntan a lo mismo: un cártel inmobiliario falsifica documentos o cumple en ventanilla con los requisitos, para luego hacer edificios a su antojo.
En ambos casos se necesita el apoyo oficial de alguien.
@hdemauleondemauleon@hotmail.com
