No importa la saña: en México, solo una de cada cinco muertes violentas de mujeres ha sido declarada como feminicidio. En algunos estados los casos llegan al escándalo. En los últimos cuatro años, en Tamaulipas, por ejemplo, 441 mujeres fueron asesinadas.
En 50 casos los cuerpos fueron mutilados. Hubo víctimas decapitadas, desmembradas, incluso una de ellas apareció desollada. Se detectaron seis cuerpos con rastros de violencia sexual.
Pero solo una de esas muertes fue tipificada como feminicidio.
A nivel nacional, de 9 mil 581 muertes violentas ocurridas entre enero de 2012 y junio de 2016, solo mil 807 fueron consideradas feminicidios por las autoridades: solamente el 19 por ciento.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas, ha dado a conocer un estudio irritante y desconcertante: Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios.
Se trata de un censo sobre la muerte violenta de mujeres en México, que ilumina inesperadamente zonas no visibles del país que habitamos.
El estudio señala que Guerrero es el estado con la mayor tasa de crímenes de género en México: suceden 12 muertes violentas por cada cien mil mujeres: una cifra que supera incluso a la de los países que son considerados como los más peligrosos del mundo para las mujeres.
En el municipio de Iguala hay un homicidio por cada siete mil mujeres. En Honduras, por ejemplo, la tasa es de un homicidio por cada 13 mil; en Guatemala de uno por cada 20 mil, en El Salvador de uno por cada 28 mil.
En Acapulco, en 2015, la tasa fue de uno por cada 9 mil, peor que en la región más crítica del continente.
El MCCI solicitó a las procuradurías y fiscalías de los 32 estados el número de mujeres que habían muerto de manera violenta en el periodo analizado (2012-1026). Pidió que dichas instancias especificaran si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones, quemaduras, etcétera.
De 9 mil 581 víctimas, 7 mil 694 habían sido descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir. Pero sus casos no se juzgaron como feminicidios y sus agresores recibieron penas menores.
El estudio recuerda que el Código Penal de la Federación toma en cuenta varias circunstancias para tipificar como tal un feminicidio: que la víctima tenga signos de violencia sexual; que presente lesiones o mutilaciones, que haya existido una relación entre la víctima y el victimario; que se hayan registrado amenazas o agresiones previas al asesinato; que la víctima haya sido incomunicada, o que su cuerpo haya sido expuesto en un lugar público.
Sin embargo, solo 11 estados han incorporado estas causales en sus propios códigos. En el resto de las entidades, de acuerdo con el documento, las condiciones anteriores no son indicativas de feminicidio.
En Puebla hubo 275 homicidios dolosos de mujeres entre 2013 y 2016, pero las autoridades del estado, al igual que las de Quintana Roo y Chihuahua, se negaron a informar las causas de estos asesinatos.
El estudio asegura que en el país hay hoyos negros en la procuración de justicia que permiten que feminicidios en toda regla sean tipificados con penas menores; sostiene que juzgar la muerte violenta de una mujer como un homicidio común deriva, necesariamente, en impunidad.
De cara a estas cifras, la investigación se pregunta qué tan significativo puede resultar el hecho de que de las 32 fiscalías y procuradurías que hay en el país, solo dos estén en manos de mujeres (Baja California y Tlaxcala). La pregunta queda abierta.
La conclusión del documento es que en México hay muertas que no se ven. Muertas incluso que se esconden: en 2015, procuradurías y fiscalías reportaron ante el Inegi 322 feminicidios.
Ese año, según información obtenida por transparencia, las mismas autoridades iniciaron 566 averiguaciones previas por este delito.
Valeria Durán, autora del estudio, asegura que en México los feminicidios aumentan, “aunque oficialmente permanecen en las sombras”.
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