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Cuando Felipe Calderón decretó la guerra contra el narcotráfico, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad civil era completamente innecesario. La supuesta ola de violencia que sirvió como justificación para echar mano de estas fuerzas nunca existió: el ingreso del Ejército y la Marina en la lucha contra los cárteles de la droga solo desató en el país una violencia delirante.
Estas son las demoledoras conclusiones de un estudio (“Seguridad interior: elementos para el debate”) que acaba de dar a conocer la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
El número de homicidios cometidos en México venía cayendo desde 1995. Había llegado a su punto más bajo en 2004. Las gráficas contenidas en el documento muestran que hubo un ligero repunte en 2006. En diciembre de ese año, la guerra contra el narcotráfico comenzó en Michoacán.
Entre 2007 y 2010, los homicidios registrados en la entidad se dispararon. No solo ahí. Su crecimiento fue dramático en los estados en donde intervinieron las fuerzas militares.
El documento admite que había razones para que el Estado se apoyara en las Fuerzas Armadas en el caso de Michoacán. De 550 homicidios en 2004, se había pasado a mil 2 en 2006. Puede decirse que en Michoacán la estrategia funcionó inicialmente: en 2007 el número de homicidios regresó casi al nivel de 2004.
Pero en los estados en donde se siguió el ejemplo de Michoacán, la violencia aumentó de modo alarmante.
Según el estudio, en 2007 la tasa de homicidios en Baja California, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas pasó de 12 a 66 por cada cien mil habitantes.
En 2014 la tasa en esos estados era de aproximadamente 29 homicidios por cada cien mil.
El estudio afirma que en 2006 se cometían en Guerrero unos 588 homicidios al año. Desde que las Fuerzas Armadas entraron al estado los números subieron a mil 800 en 2009 y a 2 mil 633 en 2012.
“La información oficial disponible muestra que no existió una crisis de seguridad, ni una ‘ola de violencia’ (salvo en el estado de Michoacán) que justificaran el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados del país entre 2006 y 2007. Los datos oficiales revelan que la implementación de estos operativos, lejos de disminuir la violencia existente (que se encontraba en mínimos históricos), la incrementó en forma drástica”, se lee en el reporte.
El resultado fue una epidemia de violencia a nivel nacional. Se llegó a más de 27 mil homicidios en 2011, el triple de los cometidos en 2007. La tasa nacional pasó de 8.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, a 23.7.
“Hasta ahora no se ha hecho público diagnóstico oficial alguno, ni con datos de homicidios ni con otros delitos, que demuestre la ocurrencia previa de una ‘ola de violencia’ que justificara el despliegue de las Fuerzas Armadas”, insiste el documento.
De acuerdo con las pesquisas del Instituto Belisario Domínguez, las fuentes que suelen citarse para sustentar los operativos permanentes del Ejército contra el narco son discutibles “por sus características metodológicas (poco sólidas o incluso desconocidas), como los análisis basados en homicidios dolosos, en homicidios por presunta rivalidad delincuencial o incluso en datos que no se relacionan con delitos violentos, como muertes por sobredosis” (el documento cuestiona las cifras del Secretariado del SNSP, argumentando que algunos estados presentan reportes de homicidios más bajos ante este organismo que ante el Inegi).
La Dirección de Investigación Estratégica concluye que 10 años después del drástico aumento en los homicidios en México, “no hay diagnósticos oficiales públicos y detallados que justifiquen esta guerra”.
La “ola de violencia”, si se atiene uno a las conclusiones del estudio, fue un invento del gobierno de Calderón que terminó provocando una epidemia verdadera. La epidemia sin fin en la que México, una década después, continúa sumergido.
@hdemauleon
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