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El 7 de julio de 2016, Mónica Madrigal de la Campa fue asesinada a las puertas de su oficina, en Naucalpan, Estado de México. Meses atrás alguien había entrado a la empresa de la señora Madrigal: le robaron dos computadoras y rompieron la chapa de su escritorio para llevarse un disco duro que guardaba en el cajón.
El día de su muerte varios testigos vieron a dos hombres, uno de ellos vestido de mujer, frente a la oficina de la víctima. Estos hombres fueron vistos al huir del edificio, después de hacer tres disparos. Madrigal llevaba dinero y joyas. Pero a los agresores no les importaron. Solo se llevaron su computadora portátil.
Madrigal era dueña de la empresa Medicina Preventiva del Transporte, autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, para practicar exámenes psicofísicos y expedir constancias de aptitud a quienes desean obtener una licencia federal para “la operación, conducción o auxilio de los diversos modos de transporte del servicio público federal”: desde aviones hasta tráileres.
En el tiempo en que ocurrió el asesinato, Madrigal de la Campa documentaba actos de corrupción en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, DGPMPT, a cargo del doctor José Valente Aguilar Zínzer, y dependiente de la Subsecretaría de Transporte.
Allegados a Madrigal aseguran que se disponía a denunciar ante el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, los chantajes y extorsiones de que son víctimas los médicos dictaminadores autorizados por la SCT.
Dos semanas antes del asesinato, un ciudadano había levantado una denuncia de hechos ante la PGR. Dicha denuncia fue recibida a las 10:17 del 24 de junio en la oficina de la procuradora Arely Gómez.
El documento señala que el 6 de abril de 2016 una empresa solicitó, a la dirección a cargo de Aguilar Zínzer, autorización para que uno de sus médicos pudiera fungir como dictaminador.
La autorización fue rechazada (oficio No. 4.4-902) porque en los documentos entregados faltaba, entre otras cosas, una “constancia de aprobación de cursos de certificación médica con calificación mínima de 80”.
De acuerdo con la denuncia, ninguna institución del país impartía el curso solicitado. La DGPMPT informó a la empresa que su propio personal se encargaría de impartirlo, pero “en una fecha aún no determinada”. Existía el problema, por lo demás, que “la capacidad de asistentes al curso ya se encuentra saturada”.
Los médicos dictaminadores consiguieron que la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, accediera a llevar a cabo el curso, de cuatro días de duración. Cuando fueron a inscribirse les repitieron que la capacidad era de 30 alumnos y ya se hallaba cubierta por gente enviada por una funcionaria de la SCT.
El 13 de junio, el dueño de la empresa recibió una llamada telefónica. Un ex funcionario de la DGPMPT le dijo “que estaba enterado que buscaba un lugar en el próximo curso y que él por medio de sus contactos en la dirección médica y la dirección adjunta en Medicina Preventiva me podría vender un lugar en 20 mil pesos, más siete mil pesos del examen… asegurando que esa cantidad era porque tenía que dar una parte a la DGPMPT”.
El dueño respondió “que no podía hacer eso porque era ilegal”. El otro le dijo que le daría tiempo para pensarlo. Horas más tarde le envió un mensaje por Whatsapp: “Pedí de favor y nos aguantan a las dos para entregar papeles y el dinero”.
El dueño buscó una cita con el director Aguilar Zínzer, afirma el documento, para denunciar “el intento de soborno, chantaje y extorsión”. El director ordenó que se le abriera un espacio en el curso.
Al día siguiente, sin embargo, llegó un nuevo mensaje: “Te metiste con la persona equivocada, a ver cómo sacas a los usuarios de San Luis Potosí”.
Como el dueño no contestó, le llegaron tres mensajes más: “Ten los pantalones y contesta, vas a amenazar a ver a quién, no tienes nada, ni forma de trabajar con el sistema jajajaja”, “Para que sigas hablando y diciendo que me tienes grabado, también ya Tijuana, tú me avisas, no sabes con quién te metiste imbécil”, y “Ahora sí para que hables con provecho idiota”.
El ex funcionario se refería a que había logrado bloquear el acceso de la compañía al sistema de cómputo de la SCT.
Este tipo de información recopilaba Mónica Madrigal, cuando dos hombres la asesinaron.
@hdemauleon
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