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En abril pasado, el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, señaló que en la investigación oficial del caso Ayotzinapa había indicios de tortura, sospechas de siembra de evidencias, posible encubrimiento de autoridades federales, obstrucción y abandono injustificado de nuevas líneas de investigación.
En ese informe había algo más. El video devastador de una diligencia de la que no existía registro en el expediente, y en la que el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, aparece inspeccionando el río San Juan un día antes del que, según la versión oficial, acudió por primera vez a aquel sitio y halló las bolsas donde aparecieron los restos del estudiante Alexander Mora Venancio: la piedra de toque que confirmaba lo que Jesús Murillo Karam llamó “la verdad histórica”.
Zerón replicó que no había nada anormal, que aquellas diligencias formaban parte “de investigaciones que se sustentan en un mandamiento ministerial”, y aseguró que lo que aparecía en el video era sólo una de las múltiples visitas que realizó a Guerrero como “parte de la investigación más profunda de un hecho delictivo en la historia reciente de la procuración de justicia en México”.
El funcionario dijo también que aquella visita había sido atestiguada por dos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cosa que los personajes señalados desmintieron: de acuerdo con su versión, no llegaron nunca hasta el río San Juan y, por lo tanto, no pudieron ser testigos de las diligencias realizadas por la PGR en aquella zona.
Zerón capeó el temporal como pudo. Pero el informe le había dado una cuchillada de la que ya no podría reponerse.
El 19 de agosto, en una jugada más de la partida que sostienen alrededor del caso el gobierno mexicano y los representantes de los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, el vocero de estos últimos informó que los familiares de los alumnos habían decidido romper todo diálogo con la PGR “al percatarse de que la información que se les estaba proporcionando con respecto a los avances en las averiguaciones en contra de Tomás Zerón era la misma que se les había estado dando en las sesiones anteriores”.
Los padres advirtieron que no volverían a sentarse hasta que no hubiera una resolución definitiva en torno a la responsabilidad de Zerón en la posible siembra de evidencias.
El tiempo empezó a correr. Los padres de los 43 tenían a su favor una fecha: se acercaba el segundo aniversario de la desaparición de los alumnos. Venían el ruido, las entrevistas, los reportajes, las marchas. La atención internacional.
Los representantes de los padres se preparaban para dar la estocada final a la investigación oficial.
Tomás Zerón nunca fue mal visto en Los Pinos. Tras su paso por la hoy desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la que ocupó cargos directivos, había llegado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y colaborado con uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto: el entonces procurador Alfredo Castillo.
Llevado a la PGR en 2013 por Jesús Murillo Karam, sus bonos se fueron al cielo cuando, en colaboración con la Marina, desarrolló parte del trabajo de inteligencia que hizo caer a El Chapo Guzmán en un condominio de Mazatlán. Y también, cuando en sólo unas semanas le entregó a Murillo elementos para postular la “verdad histórica”.
Ayer, doce días antes de que se cumplieran dos años de la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, se anunció que Zerón había renunciado a la Agencia de Investigación Criminal. Corrió la versión de que la Consejería Jurídica de Los Pinos había precipitado su caída, bajo el argumento de que su presencia en la PGR agravaría la presión por el segundo aniversario de Ayotzinapa y seguiría desgastando la imagen presidencial, disminuida por una oleada de escándalos recientes: el pago de predial del departamento de Angélica Rivera en Miami por un posible contratista del gobierno federal; el plagio de la tesis de licenciatura del propio Peña Nieto y la fatal visita a México del candidato republicano, Donald Trump.
Así que se decidió enviar esta señal: Zerón era insostenible en la PGR. Pero no en el gobierno federal: ayer mismo se informó que el presidente Peña Nieto lo había designado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en “reconocimiento a sus acciones” y “la capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”.
Sólo hay una lectura: Peña cree en “la verdad histórica”.
@hdemauleon
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