El relleno sanitario más grande de América Latina, el Bordo Poniente, en donde la Ciudad de México había depositado residuos sólidos durante un cuarto de siglo, cerró sus puertas el 19 de diciembre de 2011.
La ciudad se quedó sin un tiradero propio al cual llevar las 80 mil toneladas de basura que genera diariamente, según Inegi.
Los camiones recolectores tuvieron que emprender lentos viajes hacia tiraderos ubicados en Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Xonacatlán y Santa María Tianguistengo. Mientras tanto, en la ciudad, los residuos se fueron acumulando en sitios no aptos para su depósito.
Aparecieron, como parte inevitable del paisaje metropolitano, bolsas de basura en camellones, áreas verdes, bajopuentes, baldíos, parques, postes —toda clase de mobiliario urbano. Surgieron plagas de ratas y cucarachas: malos olores penetraron todos los rumbos de la ciudad.
Con el cierre del Bordo Poniente, las actividades de preselección de residuos sólidos se trasladaron muchas veces al espacio público. Dichas actividades crearon áreas siempre sucias y obstruidas. A todo esto —acumulación de residuos, proliferación de olores fétidos— se sumó una cadena de omisiones de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), y de los titulares de las 16 delegaciones capitalinas, que —según la Recomendación 7/2016, emitida el pasado 14 de julio por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF— atentaron contra el derecho a un medio ambiente sano de quienes viven y transitan en la Ciudad de México.
A partir de quejas formuladas por vecinos de las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, la CDHDF inició una investigación que evidencia el desastroso manejo de residuos sólidos en la capital del país y la absoluta carencia en las delegaciones “de herramientas, equipo y materiales para prestar adecuadamente el servicio”.
En la Ciudad de México, la recolección de basura es realizada por un parque vehicular compuesto por 2 mil 460 camiones. El 9% corresponde a vehículos cuyos modelos van de 1970 a 1980. El 22% pertenece a modelos surgidos entre 1981 y 1991. El 41% del parque que recolecta basura en la ciudad salió de la agencia entre 1992 y 2002. Solo el 28% corresponde a modelos de entre 2003 y 2013.
Además del lentísimo viaje a los tiraderos designados, estos camiones en mal estado deben hacer largas filas afuera de las estaciones de transferencia, “emitiendo humos de color negro”.
Eso no es todo. Según la recomendación, las 12 estaciones de transferencia que se hallan en la ciudad han recibido un inadecuado mantenimiento, y generan “escurrimientos, charcos con líquidos pestilentes, moscas asociadas a la descomposición de materia orgánica, y en general malos olores”.
De acuerdo con la CDHDF, 15 de las 16 delegaciones reconocieron la existencia de tiraderos no autorizados dentro de sus respectivas demarcaciones, y algunas confesaron enfocarse sólo a “la acción de contención” (recolección de los residuos que aparecen día a día), cuando la normatividad “insta a la autoridades a su erradicación”.
La recomendación señala que según el Plan Metropolitano de Residuos Sólidos, las autoridades deben buscar una coordinación institucional para garantizar que los residuos sólidos tengan dónde almacenarse, tratarse y transformarse. Sin embargo, la Sobse “no conoce el Plan y por ende no ha empezado las gestiones necesarias para lograr dicha coordinación”.
La parte más relevante del documento es quizá la que señala las pésimas condiciones de trabajo de quienes limpian la ciudad. La recomendación es el primer documento oficial que admite que en la recolección de basura hay mano de obra gratuita y voluntaria: personas que trabajan en el servicio público, “sin percibir salario ni prestación alguna”, “en condiciones inseguras e insalubres” y sin contar con “el equipo y la capacitación necesarios”.
La CDHDF concluye que la Sedema y la Sobse violan el derecho humano a un medio ambiente sano al permitir que el depósito de residuos y el manejo de los mismos “no satisfaga las necesidades de la población”. Señala a los responsables de las 16 delegaciones de omitir el manejo adecuado de los residuos y de no contar con un programa de servicio de limpia debidamente estructurado y formalizado.
La relatoría de hechos es contundente: omisión e ineficacia de autoridades, y una ciudad que lleva cinco años sumergida en sus desechos.
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