Hace casi año y medio el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hizo un llamado a la sociedad mexicana para discutir seria y responsablemente la situación del salario mínimo en México. Mancera planteó la necesidad e importancia de iniciar un proceso de recuperación gradual del poder adquisitivo de los trabajadores mexicano, el cual se había venido deteriorando sistemáticamente desde hace ya varias décadas.
Las premisas detrás de dicha propuesta eran múltiples y aunque la mayor parte de ellas eran de carácter económico, había también otras de carácter ético y moral. La premisa ética fundamental es que se considera inapropiado que un trabajador formal que labora durante una jornada completa no pueda obtener un ingreso mínimo que lo ponga por encima de la línea de pobreza y que, en caso de tener una familia a la cual sostener, que no pueda obtener un ingreso que lo ponga a salvo de una situación de pobreza extrema. Desde un punto de vista económico, también se consideraba deseable iniciar un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, de tal manera que esto permitiera, por un lado, mejorar los niveles de bienestar de dichos trabajadores, al mismo tiempo que fortaleciera el mercado interno y, por el otro, que se reconocieran los avances en productividad que se habían observado en los últimos años.
Para cumplir con tal objetivo, el jefe de Gobierno convocó a un grupo de académicos (en el que yo participé) para elaborar un diagnóstico detallado de la situación del salario mínimo en México. Este estudio fue elaborado en los meses subsecuentes al anuncio inicial y fue presentado públicamente en agosto de 2014. El estudio consistió en una revisión de los aspectos teórico-conceptuales de los posibles impactos del aumento en el salario mínimo, así como de un análisis comparativo de la situación de este indicador en otras economías en el mundo. Los resultados de dicho estudio fueron relevantes porque mostraron una serie de resultados interesantes: primero, se demostró que México era un caso atípico en América Latina, ya que era el único país de la región en donde el salario mínimo se había mantenido rezagado durante los últimos años. Por otro lado, se demostró, mediante una amplia revisión de la literatura teórica, que había nuevos modelos económicos que enfatizaban la existencia de potenciales efectos positivos derivados de un aumento del salario mínimo. De igual forma, una revisión detallada de la literatura empírica demostraba que los supuestos efectos negativos de un aumento en el salario mínimo, sólo ocurrían en casos muy contados y que, en general, no existía una evidencia rotunda a favor de la existencia de dichos efectos. En dicho trabajo también se estableció una propuesta concreta de trayectoria de aumentos al salario mínimo y se identificaron algunos prerrequisitos para que dicha política fuera exitosa.
Casi en forma paralela a lo anterior, el jefe de Gobierno comisionó un estudio con un destacado grupo de abogados del CIDE y de la UNAM para que diseñaran una hoja de ruta crítica en materia legal que eventualmente permitiera la desvinculación del salario mínimo de toda una serie de precios y tarifas, los cuales se habían ido incorporando paulatinamente en la normatividad jurídica mexicana y que se habían convertido en un verdadero obstáculo para la recuperación del salario mínimo en términos reales. Esto es así porque en caso de iniciar un proceso de mejora del salario mínimo sin antes haber logrado la desvinculación antes mencionada, dicho aumento podría traducirse en un incremento significativo en un sinnúmero de precios, con su correspondiente impacto en la inflación general en el país. Dicho documento fue entregado hace varios meses a las instancias legislativas correspondientes para su evaluación y análisis.
Finalmente el día de ayer el pleno del Senado aprobó por unanimidad la desvinculación del salario mínimo de esa serie de precios y tarifas, y creó una nueva unidad de medida que sustituye al salario mínimo como referencia para el ajuste de precios que nada tienen que ver con el mercado laboral. Lo anterior, si bien es una medida que debemos aplaudir, es apenas un prerrequisito para iniciar la recuperación del poder de compra del salario mínimo. Aplaudámoslo pues, pero no se piense que ése era el objetivo. El objetivo final debería ser que esto permita aumentar el poder de compra del salario mínimo, y con ello, el bienestar de millones de mexicanos.
Economista.
@esquivelgerardo
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