A tres años de la entrada en vigor de la reforma educativa, su implementación se ha centrado exclusivamente en modificaciones administrativas que trastocan el espacio laboral del docente, afectando los servicios educativos y por ende el aprendizaje de millones de niñas, niños y jóvenes.
En la Legislatura LXII se aprobaron reformas constitucionales y legales que han sido insuficientes para enfrentar los rezagos e inequidades del sistema educativo nacional. Al contrario, han desatado un conflicto político y social de gran magnitud.
Lo anterior es alarmante porque el Ejecutivo federal ha optado por aplicar agresivamente dicha reforma, mediante evaluaciones punitivas, que han demostrado que por sí mismas no mejoran la educación, ni abren oportunidades para el desarrollo del magisterio. La educación pública de calidad no se puede alcanzar sin compromisos sustantivos del Estado, como es la inversión en infraestructura escolar, universalización de la cobertura, formación y actualización de los docentes y mejoras en sus condiciones laborales.
Advierto que tarde o temprano será necesario someter a revisión la reforma de 2013. Deberemos hacer una revisión transparente e inclusiva, sobre la base de fortalecer la escuela pública, laica, gratuita y de calidad que compagine el interés superior de niñas, niños y adolescentes que van a la escuela con el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores de la educación.
Ente esta situación me di a la tarea de presentar modificaciones a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a fin de establecer la responsabilidad que le corresponde al Estado en este proceso, además de incorporar la visión de una evaluación para la mejora del desarrollo del profesional y la mejora en la calidad educativa.
La forma de prosperar en la práctica profesional debe ser a través de los programas de formación continua, reconociendo además como derecho de los maestros recibir de las autoridades educativas el apoyo, respeto, consideración y reconocimiento profesional.
En la propuesta que he presentado a la Cámara de Diputados propongo que las autoridades educativas diseñen e implementen un programa de difusión, con el propósito de enaltecer la dignidad de la profesión docente y, a su vez, mejorar las condiciones laborales y salariales de los maestros, de modo que, como futuro campo de trabajo, resulte atractivo para los egresados de la educación superior.
En el PRD estamos comprometidos y asumimos que la educación es el camino correcto para fomentar el desarrollo individual y colectivo de nuestra sociedad, porque representa la mejor vía para lograr la movilidad social y acabar con el principal problema de México, que es la desigualdad; estamos a favor de mejorar la educación, de crear nuevas y mejores escuelas, de dar mantenimiento y equipar las existentes, de fortalecer la formación docente y otorgar certidumbre y las mejores condiciones de trabajo para los maestros.
Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
@FMartinezNeri
