Hace ya 7 años se promulgó la actual Ley General de Turismo y no fue sino hasta 2015 en que se publicó su Reglamento. Uno de los aspectos novedosos de dicha Ley fue la recuperación de un esquema de clasificación hotelera, mismo que había sido abandonado en la Ley Federal de Turismo de 1992.
A primera vista, conviene subrayar, retomar esta disposición no encajaba en lo que se perseguía en la Secretaría de Turismo de los primeros años del Presidente Calderón, como justificaciones para una nueva ley: transversalidad, entendida como la forma en que se coordinan las dependencias del Ejecutivo Federal para atender la materia turística; distribución de funciones entre el gobierno federal y los locales; y ordenamiento del crecimiento, en una perspectiva de la oferta en los destinos.
Pero, la clasificación avanzó y está vigente, y los hoteleros del país no están entusiasmados con ella y a pesar de diferentes intentos no parece haber avances para su implementación. ¿Por qué? Pues básicamente por dos razones: por un lado preocupa, y preocupa mucho, abrir una puerta más a actos de corrupción que siguen estando presentes en la vida cotidiana de los negocios turísticos y, por otra parte, no se acaba de entender cómo una disposición típica de la segunda mitad del siglo XX —la clasificación hotelera— venga a generar valor en un escenario de turistas del siglo XXI.
Parece claro reconocer que el mercado ha sustituido al gobierno y asigna clasificaciones con alto valor de credibilidad; ya sea que estas se realicen por mayoristas, operadores de viajes o por guías de viajes; o por los propios usuarios quienes comparten sus experiencias de viaje a través de las redes sociales y de sitios especializados —‘Trip Advisor’ es un típico ejemplo de ello—.
Y si esta es la situación, entonces ¿qué hacemos con la aparente obligación legal de clasificar, que hoy se encuentra en un impasse?
Bueno, pues ante todo entender cómo se genera valor para la cadena de producción y cómo se le dan certezas a los usuarios, en el marco del ordenamiento legal vigente. Para ello parece útil, de manera inicial, hacer una cuidadosa lectura de lo que se mandata en la Ley, en dónde en el artículo correspondiente a las Facultades de la Secretaría de Turismo (artículo 4) se señala, en la primera parte de la fracción XII, “Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República…”. Aquí, lo que se dice, es que la clasificación puede o no ser obligatoria —dependerá de la regulación a establecer—, siendo el cumplimiento de la regulación para la clasificación hotelera lo realmente obligatorio.
Mención especial merece el que en el artículo correspondiente a las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos (artículo 58) no se detalla específicamente la de someterse a una clasificación. Únicamente se lee en la fracción X de dicho artículo la obligación de “Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la presente Ley”. Es pertinente señalar que aunque el Reglamento de la Ley habla de un Sistema de Clasificación Hotelera , tampoco se señala de manera explícita la obligación de los prestadores de someterse a ella. Vale decir solo se prevé clasificación turística para el subsector del alojamiento
En todo caso, es curioso que las imprecisiones en el cuerpo legal que, por cierto, podrían dar paso a una lluvia de amparos, sean, en mi opinión, la salida a una clasificación útil para el mercado. De esta forma en la regulación que siente las bases respectivas y que corresponde con el documento denominado Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera que, hasta donde se sabe está pendiente de publicación, la clasificación hotelera debe ser voluntaria —habrá actores de la industria que encuentren valor en ella—, pero el uso de las estrellas asociadas a la susodicha clasificación deberá ser reservada para quienes decidan optar por adherirse al sistema respectivo —de cumplimiento obligatorio—; con ello se genera valor al regular los abusos que se cometieron en el pasado, luego de la abrogación de la Ley de 1992 y se atienden las preocupaciones de una parte de la industria. Por cierto, es claro que el mercado seguirá promoviendo los esquemas de clasificación propia con estrellas y sin estrellas oficiales.
Finalmente, si se decidiera impulsar la adopción de la clasificación por alguna otra razón, es posible vincularla con estímulos como los anunciados en el recientemente presentado programa ‘Mejora tu hotel’.
Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac México Norte.
@fcomadrid
