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No hay duda que la irrupción de la economía colaborativa en los tiempos que vivimos ha provocado (y seguramente seguirá haciéndolo) profundos cambios en los negocios turísticos. La también llamada economía entre pares se hace presente en diferentes aristas de la industria turística, en el caso mexicano, señaladamente, en las modalidades de alojamiento —Airbnb de manera dominante— y el transporte local a través de plataformas como Uber y Cabify.
Debo decir que no soy un exaltado fanático de Uber en particular; reconozco por supuesto sus bondades: me gusta mucho el aprovechamiento de la tecnología y la aparente confiabilidad y seguridad que ofrece esta empresa, tanto en la transparencia de los precios como en la integridad física de las personas; en contraste, como usuario encuentro debilidades como la falta de pericia de algunos conductores y su desconocimiento de las ciudades, así como la alta dependencia de la tecnología que no necesariamente sustituye la habilidad y las competencias de un buen operador de taxi. En una perspectiva de análisis, sigo pensando que hay un reto mayor en materia de competencia para el que las autoridades no han sabido responder cabalmente; ciertamente, la competencia debe ser bienvenida, especialmente en terrenos como el del transporte local en el que privan las complicidades económicas y electorales, pero el terreno de juego debe ser parejo para unos —taxistas tradicionales— y otros —prestadores del servicio Uber—.
Escribo estas líneas porque en las últimas semanas la cancha se vuelve cada vez más dispareja en los destinos turísticos del Caribe mexicano, que son, sin duda, el buque insignia del turismo mexicano. No se trata sólo de los viejos vicios de la falta de taxímetros en las unidades y la facilidad —cara dura— con la que una tarifa en pesos se cobra en dólares, ni del despropósito ambiental que prohíbe a los taxistas tomar pasaje en los aeropuertos (¿Y si los celosos señores del PVEM se pusieran el disfraz ecologista para al amparo del mito del cambio climático —Trump dixit— reducir sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono permitiendo que los taxis autorizados pudieran llevar pasaje en uno y otro sentido?). No, el punto está en que luego de la reciente incursión de Uber —septiembre de 2016—, producto de una clara demanda turística y local (en el año previo 160 mil visitantes abrieron su app buscando la disponibilidad del servicio y en los primeros seis meses de operación se prestaron 117 mil servicios), la reacción de las intereses locales en el transporte llevó a que la autoridad estatal (no se puede imaginar que suceda de otra manera) propiciara, de acuerdo con Uber, diversas afectaciones entre las que se cuentan la detención de mil 750 coches, el decomiso irregular y con violencia de más de 500 unidades y 22 denuncias penales de ciudadanos víctimas de agresiones. Destacados miembros de la industria turística de la zona me dijeron la semana pasada que no es inusual la agresión a turistas que utilizan el servicio que se comenta. Tal vez las detenciones y sanciones tengan algún fundamento legal… pero ¿a quién benefician estas acciones del gobierno estatal? Pues no pareciera que ni a los turistas, ni a la industria turística de la región. Más bien, apuntan en la dirección de la defensa de otro tipo de intereses. No es una novedad, lamentablemente, el que el turismo quede en medio de los haberes políticos y económicos del transporte local; al paso del tiempo se han cometido múltiples agresiones, incluso armadas, en contra de turistas en diversas latitudes del país. Por cierto, no recuerdo cuando fue la última vez que intervino la autoridad para sancionar abusos de los taxistas, o las invitaciones a las prácticas de prostitución o venta de droga que existen en esta modalidad de transporte, al menos en Cancún.
Hoy, es claro que en Quintana Roo se hace urgente un nuevo modelo de transporte local que favorezca la competencia bajo reglas claras que, efectivamente, se cumplan, anteponiendo la seguridad física y contractual de los turistas, entendiendo que si este eslabón se rompe se romperá toda la cadena turística con irreparables consecuencias. De igual manera, este modelo, de una vez, por todas, muy bien podría extenderse al resto de los destinos turísticos.
Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Anáhuac México.
Twitter: @fcomadrid
