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En nuestra anterior entrega hablábamos de la disonancia existente entre las aseveraciones del discurso político que proclaman al turismo como una prioridad y, al mismo tiempo, encontrar posiciones públicas que contradicen, claramente, aquel planteamiento. Esto a propósito de la iniciativa presupuestal que presentó en fecha reciente la Secretaría de Hacienda.
Más allá de recordar que la condición de prioridad asignada al turismo no es una concesión graciosa, pues el marco legal vigente así lo establece explícitamente, el turismo parece seguir siendo visto como una actividad segundona y que sigue produciéndose por una suerte de ‘generación espontánea’.
Al menos así parece demostrarlo el requerimiento presupuestal planteado por la Secretaría de Hacienda, pues habiendo pedido 7.3 miles de millones de pesos al Congreso en 2015 para el Sector Turismo, ahora sólo solicita 3.5 miles para 2017; es decir, una reducción de 52.4% en términos nominales, cercana al 60% en términos reales…
¿En dónde se sitúa el mayor impacto que se derivaría de concretarse, sin cambios, esta solicitud? Mi impresión es que lo haría en tres dimensiones: competitividad de los destinos turísticos, credibilidad del mensaje gubernamental y ánimo de los actores de la industria.
Es cierto que la evolución de la acción del Estado en materia de turismo ha conducido a que la participación de la inversión pública en la elaboración de los servicios y productos turísticos sea relativamente menor: no se esperaría ver, en nuestros tiempos, empresas aéreas, hoteleras o turísticas de índole estatal, por ejemplo; sin embargo, no se puede olvidar que la producción turística demanda de una aceitada red de servicios y bienes públicos, que son el soporte y complemento de la participación del sector privado.
El destino turístico está constituido sobre el territorio y en este es claro que los gobiernos locales, además de regular su uso, deben proveer los servicios para satisfacer las necesidades de las poblaciones locales, pero también de la estructura de producción asentada en cada localidad; en la medida en que existe un deterioro de la infraestructura y de la calidad de los servicios públicos ocurre, también, una degradación de la calidad turística y, por ende, un proceso de pérdida de competitividad. Ante la crónica limitación de los presupuestos locales, las pequeñas obras de infraestructura y equipamiento que mejoran las condiciones de los destinos se vuelven, por demás estratégicas, y han demostrado un gran potencial para detonar la inversión privada. Un buen ejemplo de este efecto se da en el Programa Pueblos Mágicos. En esta lógica es sorprendente, inexplicable y, al tiempo, desalentador, el que el requerimiento en este rubro (etiquetado en la partida de subsidios) sea 71.7% menor, pasando de un poco más de 2 mil millones de pesos en 2015 a 568 millones para 2017, sin olvidar que estos recursos se multiplican con aportaciones de los propios gobiernos estatales. Por otro lado, la partida de inversión pública, que incluye obras de Fonatur para algunos destinos, muestra una importante reducción de 65.6% en lo solicitado, cayendo de mil 869 millones en 2015 a 642 para 2017.
No está a discusión que la presión sobre el gasto público y el complicado entorno para el futuro próximo son, evidentemente, condiciones para insistir en una cuidadosa asignación de los recursos públicos; sin embargo, cuidar el dinero no debe significar que se le escatimen apoyos a una actividad como el turismo, que sigue demostrando un valor estratégico para el desarrollo nacional.
Por todo ello, insistimos que el Congreso debe rectificar lo presentado por Hacienda. Parece oportuno, también, que quienes participamos en la actividad turística —decenas de miles de empresas y millones de personas— dejemos atrás el ‘Síndrome del niño maltratado’ y seamos capaces de decir, fuerte y claro, que es inadmisible el tratamiento que se le quiere dar al sector, recordando lo que en 2013 comprometió, públicamente, el titular del Poder Ejecutivo “… reitero que para el gobierno, el turismo es un sector prioritario y estratégico para el desarrollo nacional. Y no puede ser de otra manera”.
* Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Anáhuac México.
@fcomadrid
