Mientras que se palpa en el ambiente la inminencia de la conclusión del año, no sin dejar de reconocer un claro banderazo de inicio al proceso electoral del 2018, que una vez más se configura como la madre de todas las batallas electorales; dos graves amenazas se ciernen desde el Senado de la República sobre el turismo, y en ellas es posible identificar, una vez más, lo poco que el esta actividad ha permeado en posicionarse como una fundamental para la vida nacional.
‘Turismo, prioridad nacional’ es una suerte de mantra impulsado desde las trincheras turísticas, adoptado y proclamado por los actores gubernamentales, incorporado en el marco legal del país (Artículo 1, Ley General de Turismo) y después relegado e ignorado en muchas esferas críticas de la vida nacional.
Este gobierno federal, como muchos otros que lo precedieron, hizo suyo el mismo discurso sobre la consabida prioridad del turismo desde el inicio mismo de su gestión, en el marco del lanzamiento de la Política Nacional Turística (sic); no se puede negar que algunas acciones gubernamentales han honrado esta declaración, como la mejora de la comunicación institucional en materia de seguridad, la facilitación migratoria para algunos mercados, la decisión de impulsar un nuevo aeropuerto para la ciudad de México y una revisión del convenio bilateral aéreo con Estados Unidos, como ejemplos concretos.
Así las cosas, sin embargo, no necesariamente el conjunto de los actores gubernamentales reconoce lo que la ley mandata y el Titular del ejecutivo compromete; al parecer, es el caso de la Profeco y de quienes impulsan desde el gobierno la apertura de casinos. En Profeco las corruptelas de los inspectores de la institución son –en el dicho de hoteleros y restauranteros– el pan nuestro de cada día, al amparo de una enorme discrecionalidad que ha llevado a la imposición de sellos de suspensión de actividades por el grave hecho de servir dos enchiladas en una orden, en vez de tres… No obstante lo anterior, en esta ocasión nos referimos a la intentona de modificar la Ley General de Protección al Consumidor, en un ejercicio amparado por un amplio número de legisladores de diferentes partidos, pero del que se sabe con claridad que es empujado desde la institución y que ha generado una gran preocupación en la industria turística pues parte de supuestos prejuiciosos e inequitativos, que proponen, injustificadamente, nuevas regulaciones y sanciones desmesuradas que serán un terreno fértil para la corrupción.
Mención especial merece en la Iniciativa que puede aprobarse en cualquier momento en el Senado (aunque son muchos los temas que preocupan), la asignación de responsabilidades desmesuradas para las agencias de viajes que las dejarán en una situación de desamparo, pues siendo intermediarios se vuelven responsables directos por los fallos del prestador de servicios; la satanización de la industria de tiempo compartido que siendo objeto natural por definición de regulación desde la Ley General de Turismo, será obligada a inscribirse en un segundo Registro y vería como el plazo de arrepentimiento del comprador se extendería de una semana a un mes; y las sanciones de una nueva Inquisición (no exclusivas para prestadores de servicios turísticos, pero en las que sin duda estarán en la mira) que se reserva la posibilidad de utilizar como medidas de apremio para el desempeño de sus funciones –sin especificar cuándo proceden–, del auxilio de la fuerza pública, arrestos administrativos de hasta 36 horas y clausuras de hasta 15 días.
Otro ejemplo de cómo el turismo y sus actores no son incorporados en la discusión de asuntos que tienen un grave potencial de afectación, es el de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos aprobada en diciembre de 2014 en la Cámara de Diputados –por lo que puede ser dictaminada en cualquier momento en el Senado–y en cuya exposición de motivos se falsea el hecho de que la Iniciativa fue elaborada tomando en cuenta la opinión de la representatividad empresarial turística –entre otras cosas–. Más allá de la extrañeza por sacar una legislación al vapor sobre un tema delicado que polariza a la sociedad por los riesgos que entraña, la preocupación de fondo vuelve a estar en el menosprecio al sector turístico, pues aunque el turismo es usado como pretexto para legislar, la minuta ya aprobada no tiene ninguna garantía de beneficio al sector, volviendo a dejar en entredicho la multicitada idea del turismo, prioridad nacional.
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