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Los resultados de las elecciones del pasado domingo lanzan mensajes diversos cuya lectura depende, en buena medida, de quien los interpreta. Para algunos, y dados los problemas de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, se trata de un voto de castigo para el partido en el poder a nivel nacional; para otros es un reflejo de la situación local específica, que en realidad poco tiene que ver con el ámbito nacional, como un gobernador corrupto que deja a su delfín para cubrir su espalda. Para otros más, sólo se trata de un resultado que depende excesivamente de los candidatos (no de los partidos) y de las opciones específicas que tuvo la ciudadanía enfrente a la hora de votar. El PAN celebra victorias: para este partido hubo un voto razonado que castigó el desempeño del gobierno actual; el PRI lamenta las derrotas sufridas sin saber todavía cómo debe reaccionar... y el PRD sólo disfrutó victorias compartidas, además de registrar una reducción de sus seguidores en general.
Lo que parece incuestionable es la percepción que los resultados no eran esperados, o al menos, no en esa magnitud. Todo apuntaría a que hubo un “referéndum” a nivel nacional… y no. Pero ahí queda la percepción general, que por cierto, es alimentada por aquellos actores que se benefician de la generalización de esa percepción. Y ésta de que el resultado electoral es un voto en contra de la corrupción general que existe, puede ayudar a que los legisladores finalmente confronten una de las demandas más sentidas de la sociedad: la aprobación de la legislación secundaria (al menos siete reformas esenciales) que den vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Ojalá así sea, a pesar de la obvia resistencia que la clase política ha ejercido hasta ahora para posponer y evitar la aprobación.
Independientemente de los mensajes generales, parece evidente que al menos en aquellas entidades donde habrá por primera vez un gobierno no priísta, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Veracruz, y en algunas en donde habrá alternancia, como Chihuahua, la población espera de los gobiernos entrantes una severa política anticorrupción y de combate a la impunidad. Esperemos que se concretice la lucha prometida en todas esas entidades, pues los excesos que hemos testificado son verdaderamente intolerables, y ya lo vimos, pesaron para el electorado.
Y junto con la persecución de redes de corrupción institucionalizada en los años anteriores, en donde los moches y muy diversas maneras de corrupción son todavía el pan de cada día, seguramente veremos el destape de deuda contraída a escondidas, o disfrazadas de “proyectos de inversión”. Ello revelará, una vez más, la debilidad del sistema democrático de pesos y contrapesos, expresados en la inexistencia de un Poder Legislativo que ejerza sus funciones en nuestra Federación. Veremos a los nuevos gobernadores desfilar por la Secretaría de Hacienda para que, de acuerdo a la reciente Ley de Responsabilidad Financiera de los Estados y Municipios, los ayuden a resolver sus problemas de deuda no registrada. Necesitarán apoyo federal para liberar recursos corrientes que sus antecesores comprometieron por decenas de años en el futuro. Ya lo vimos con El Bronco, gobernador entrante de Nuevo León, que tuvo que recurrir a la Secretaría de Hacienda al inicio de su mandato. Es seguro que lo veremos en otros casos en el futuro próximo, lo cual “elevará” el monto de endeudamiento de las entidades federativas. En otros estados, donde no hubo alternancia ni del PAN ni del PRI, como Puebla e Hidalgo, se esconderá el endeudamiento hasta que el agua les llegue al cuello. Parte de esa deuda ha sido contratada incluso sin autorización de los Congresos locales, o ha violado alguno de los preceptos que ha marcado la Suprema Corte de Justicia desde 2009 en su sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad 163/2007 de la bursatilización de la deuda de Sonora y el voto concurrente del ministro Juan Silva Meza.
La Secretaría de Hacienda se ha comprometido a que no permitirá que deudas estatales que son violatorias de alguno de esos preceptos —la mayoría ya incorporadas a la Constitución en 2015— tengan la garantía del gobierno federal. Se quedarán en un cajón de deuda no registrada hasta que el tiempo las consuma en detrimento de las generaciones futuras de esos estados. Será un costo que la ciudadanía de esas entidades tendremos que pagar por nuestra falta de vigilancia de nuestros propios representantes y gobiernos constituidos. Ni modo. Quizás sólo así aprenderemos que la democracia es mucho más que solamente emitir el voto.
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.
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