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La riña carcelaria más reciente ocurrió ayer, esta vez en Acapulco. Hasta el miércoles este tipo de hechos era relativamente común en Tamaulipas y Nuevo León. ¿Hay que sumar un nuevo estado a la lista de entidades con débiles sistemas penitenciarios?
En el puerto guerrerense hubo al menos 28 muertos y no es la cifra de víctimas más elevada. En febrero de 2016 murieron 52 reos en el penal de Topo Chico, en Monterrey. Los enfrentamientos entre presos han dejado 347 muertos en ocho años.
La explicación de la autoridad estatal señala: “El incidente se inició por la pugna permanente de grupos contrarios”. Parece un despropósito hablar de un conflicto “permanente” y no haber actuado antes. Los hechos se dieron luego de que internos del módulo de máxima seguridad salieron de sus celdas. En teoría la vigilancia en esta área debe ser mayor; por lo tanto, en la cárcel domina el desgobierno o, mejor, el gobierno de los delincuentes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido con frecuencia de la situación que prevalece en los llamados “centros de readaptación social” del país. Periódicamente realiza un diagnóstico de una muestra de las cárceles mexicanas. Lo que sorprende en sus evaluaciones es la existencia de dos situaciones diametralmente distintas. Hay penales estatales que obtienen elevadas calificaciones (8.57 el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo y 8.53 el Cereso de San Miguel de Allende), mientras otros están más que reprobados (3.91 obtuvo el Cereso de Chilpancingo). ¿Cómo pueden existir en el país estados que logran el control de sus prisiones y otros en los que las cárceles sólo son una suerte de refugio dorado para criminales?
Si la máxima autoridad en una entidad federativa no tiene disposición de limpiar las cárceles y recuperar el control, no habrá resultados satisfactorios y la cifra de enfrentamientos crecerá.
El choque en Acapulco se suma a la ola de inseguridad que ya vivía Guerrero. Apenas la semana pasada EL UNIVERSAL dio a conocer datos de la Federación de Cámaras de Comercio del estado que reportaban 200 empresarios asesinados en lo que va del año, 120 de ellos asentados en Acapulco. Por violencia y extorsiones han cerrado al menos mil 800 establecimientos en el puerto, en el mismo lapso.
El deterioro de la seguridad en Guerrero se mantiene a pesar de operativos federales; la violencia altera la vida cotidiana de la población, además de ahuyentar visitantes y empresarios. Aún es tiempo para que los diversos sectores sociales, políticos y económicos unan fuerzas y propuestas, y enderecen el rumbo del estado.
