Reitero hoy lo que he dicho durante los siete años que han transcurrido desde mi secuestro: En lo personal no guardo agravios ni miedos, soy un hombre libre, pero las autoridades deben llevar a cabo una política criminal que trate de impedir conductas tan abominables y, en su caso, castigarlas. Nada propicia más los delitos que la impunidad.
Por lo que al chileno se refiere, indudablemente debe respetarsele su presunción de inocencia, ser sometido a un debido proceso y, de resultar culpable, ser sancionado conforme a la ley. En todo momento respetando sus derechos humanos.
En cuanto a la información en el sentido de que la Cancillería mexicana y la chilena llevarán con agilidad el proceso de extradición a Chile, por tratarse de un asunto de la mayor importancia para aquel país, y el derecho del imputado de allanarse a ella para tratar de evitarla, según su conveniencia, las autoridades mexicanas no pueden eludir su responsabilidad de esclarecer la conducta del detenido, a quien se le atribuyen múltiples secuestros durante los más de 10 años que estuvo en México. Más aún que no se trata de conductas unipersonales, sino de grupo y que implicaron el flujo de mucho dinero de por medio.
Las autoridades mexicanas, con la decisión que adopte, le dirán a la sociedad cuál es su compromiso.