Más Información
En 1992, la Organización de Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura, mejor conocida como la UNESCO, creó el Programa de Memoria del Mundo con el objetivo de preservar la memoria documental de la humanidad.
El Programa se ordena en tres grupos: el grupo nacional por país, el regional y el mundial y es el programa gemelo de su hermano mayor y más famoso: el de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Desde entonces, en el Programa Memoria del Mundo se han inscrito numerosas colecciones y acervos como el Diario de Ana Frank; la Colección de Códices prehispánicos; las primeras inscripciones islámicas, los escritos de Simón Bolívar; un ejemplar de la primera Biblia impresa por Gutenberg; el acervo documental que registra la construcción y la caída del Muro de Berlín; el expediente que contiene el juicio de Sudáfrica contra Nelson Mandela, entre otros. Vale la pena recordar que el expediente del caso Radilla resuelto por la Suprema Corte de México también forma parte del Programa Memoria del Mundo en su vertiente regional.
En el año 2013, desde la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mi cargo, se planeó, diseñó y elaboró la propuesta que el máximo tribunal del país presentó a la UNESCO, con el fin de incluir al Juicio de Amparo en el Programa Memoria del Mundo dentro del grupo universal.
La idea surgió a partir del descubrimiento de que el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra para toda persona el derecho a contar con un recurso judicial efectivo que “la ampare” en caso de que sus derechos humanos sean violados, fue una propuesta de la delegación mexicana que, encabezada por uno de esos héroes ignorados por la historia oficial del país, don Pablo Campos Ortiz, reconoció, en los hechos y para todas las personas, un derecho humano instrumental invaluable. No en balde Octavio Paz, entonces joven asistente y cronista de ese grupo de diplomáticos, dejó constancia del embrión de esa propuesta, tal como fue gestado en los trabajos de la Conferencia de San Francisco, origen a la Organización de las Naciones Unidas.
Así, México propuso un nuevo derecho universal, el cual fue retomado por otros instrumentos internacionales, dando pie a la creación de jurisdicciones regionales de protección como las que hoy están a cargo de la Corte Interamericana, la Corte Africana y la Corte Europea de Derechos Humanos.
Bajo mi coordinación se conformó un grupo de muy alto nivel, supervisado por Francisco Tortolero e integrado por Alberto Abad, José Luis Caballero, Mauricio del Toro, Rafael Estrada, Octavio Herrera y Luna Mancini. Trabajamos varios meses para elaborar y afinar la propuesta teórica, así como para seleccionar el grupo de expedientes de amparo, en su mayoría del siglo XIX que la acompañan. Sin la ayuda de este grupo de expertos, habría sido imposible llevar el proyecto a buen puerto.
En la reunión celebrada en la segunda semana de octubre por el Comité Asesor de UNESCO en Abu Dabi, se recomendó inscribir la propuesta realizada desde la Corte, como patrimonio documental universal de la humanidad, es decir, no sólo para el país, no sólo para la región, sino para todo el planeta. Por ello, de acuerdo con las reglas del Programa, nuestro máximo tribunal de justicia deberá preservar y poner a disposición de todo interesado el acervo registrado.
Lo anterior no sólo es motivo de orgullo para quien esto escribe y para el grupo de expertos que colaboró en el diseño, elaboración y presentación de la propuesta, sino también reviste una gran importancia para el trabajo sustantivo de los tribunales federales del país, en un momento en que los derechos humanos en México no gozan de cabal salud.
El registro otorgado por la UNESCO sirve para recordarle al mundo, pero en especial a los mexicanos, que el Juicio de Amparo, que es el mecanismo que permite funcionar al sistema de impartición de justicia federal, es, en su origen, un derecho humano que sirve para proteger el resto de los derechos humanos.
Este hecho, ahora confirmado por la UNESCO, generará con seguridad altos grados de mortificación y coraje en cualquiera que conozca algo sobre la evolución de nuestro sistema federal de impartición de justicia. Y es que uno no puede sino preguntar, con la mejor buena fe, ¿en qué momento desviamos el camino y desnaturalizamos esta valiosísima herramienta? ¿Cómo logramos deformar al Juicio de Amparo, hoy percibido por el grueso de la población como un lujo, como un laberinto enredado y excluyente, que no sirve para proteger los derechos de las personas?
Sin embargo, lo cierto es que el registro de UNESCO tiene un lado positivo, una cara luminosa: la esencia del Amparo, ahora entendido como el modelo original del recurso judicial efectivo que existe para proteger los derechos humanos en México, sigue intacta. Me parece que en la Décima Época jurisprudencial, la que estamos viviendo desde octubre de 2011, debe estar en el interés de todos, pero en especial de los impartidores de justicia federales, recuperar esa esencia, ese prestigio, devolverle su identidad alejándonos ahora de las formas de denegación de justicia, de anulación de los derechos humanos que, a lo largo de más de un siglo, se volvieron la norma en la manera de entender e interpretar el sistema jurídico en México.
Socio Director del Centro por un Recurso Efectivo y profesor de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM
@carpervar
