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Muchas son las aproximaciones teóricas que intentan explicar qué es una Constitución. Desde la concreción de los acuerdos políticos fundamentales, hasta la coraza normativa que contiene y protege, en la vía del derecho, los valores que explican a la cohesión de una sociedad, mucho se ha escrito y debatido al respecto.
Sin entrar a hacer una descripción pormenorizada de cada una de esas posturas teóricas, lo cierto es que una Constitución es el vínculo que genera y explica a una colectividad. Una Constitución es un diferenciador.
La Constitución es la expresión con la que una comunidad intenta distinguirse de otras, a partir de principios compartidos que sostienen la aspiración por contar con una identidad colectiva. Así, la creación de una Constitución, nunca es un capricho.
Sin embargo, entre las cosas que se pueden reprochar al ejercicio de creación de una Constitución para la Ciudad de México, se encuentra precisamente la sensación de artificialidad que la rodea.
Surgida de un pacto político que no ha sido aclarado ni justificado, que no se basó en un reconocimiento claro de los rasgos de identidad plasmados en derechos y libertades ya característicos de la capital del país, sin asideros históricos o sociales sólidos (recordemos que menos del 30% del electorado participó para elegir diputados), quizás en el futuro la nueva norma será básicamente reprochable al representar además la pérdida de una oportunidad única que, a pesar de haber sido un accidente, podría servir para explicar y difundir entre los capitalinos lo que nos identifica, paso indispensable para debatir quienes somos y hacia dónde vamos como conjunto social, qué hemos ganado y qué no podemos darnos el lujo de perder.
¿Si desde antes de la existencia del Constituyente el aborto ya estaba despenalizado, si ya se reconocía el matrimonio igualitario, si había ya un hartazgo y sufrimiento generalizado por los abusos de desarrolladores y autoridades en materia inmobiliaria, por señalar algunos ejemplos, por qué no tenemos un recuento claro de las razones y debates que cada diputada y de cada diputado están dispuestos a defender en estos asuntos?
Esas razones y posturas deberán estar disponibles para todos y deben ser preservadas, con el fin de ser eventualmente sometidas a un escrutinio amplio en el futuro pues , una vez aprobada la Constitución, habrá que debatir y determinar con todos los elementos de juicio al alcance si la nueva norma se ajusta o no a lo que queremos que nos identifique.
En este sentido, el reto para el constituyente de la Ciudad de México es contar con un sistema transparente de rendición de cuentas que sirva de base para socializar sus decisiones. ¿Al votar se basan en mediciones demográficas, en encuestas o en posiciones personales e ideológicas? ¿Tendremos manera de saber en el futuro por qué cada legislador votó como votó?
En sus manos está la posibilidad de redimir todo este esfuerzo sin un origen claramente legítimo, para dotarlo de alguna utilidad hacia el futuro, convirtiéndolo en una experiencia aprovechable cuando haya que discutir, por ejemplo, la preservación o cambio del régimen constitucional federal, lo que en mi opinión resultará inevitable pronto, debido a la crisis ya inocultable en materia de justicia y derechos humanos, por la que atraviesa el país.
Exijamos que lo que nació como un capricho, ofrezca al menos esa utilidad.
Socio Director del Centro por un Recurso Efectivo, A.C. y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana
