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El 27 de abril del 2016 se publicó la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios con el propósito, entre otros, de moderar el nivel de endeudamiento de los estados, municipios y otros entes locales. Ello, debido a que éste creció en un 300 % en la última década y, en 2013, llegó a representar el 90% del total de las participaciones federales y el 36% de los ingresos propios.
Una de las líneas de acción trazadas por la ley es la creación del Registro Público Único, cuya finalidad es la inscripción de “todas” las obligaciones y empréstitos contratados por los entes públicos locales, es decir, se pretende que haya un registro confiable de la deuda pública que asumen las entidades federativas y los municipios.
De la ley, que tiene un enorme contenido técnico, basta leer las definiciones de su artículo 2 para concluirlo, incluye un sistema de alertas sobre los indicadores de endeudamiento de los entes públicos. En términos sintéticos, consiste en un semáforo que indica si el saldo relativizado de la deuda es bajo, medio o alto y establece límites aceptables para que se pueda proceder a la contratación de más.
El sistema de alertas del endeudamiento local, conforme a los transitorios de la Ley, debió haber entrado en vigor el primero de abril de este año. Esto no sucedió por cuestiones normativas y de gestión administrativa. La más importante es que el reglamento de dicho sistema se publicó hasta el 31 de marzo y se estableció un régimen para recabar la información financiera de las entidades federativas que venció el 31 de mayo. La SHCP tiene hasta el último día de junio para publicar el resultado anual de los indicadores y niveles de endeudamiento.
El semáforo tiene tres indicadores principales. Deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición, servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición así como obligaciones de corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.
Por la complejidad técnica (normativa, presupuestal y contable), hay un propósito explícito de simplificar la presentación de la información por la SHCP en su página de internet para que el ciudadano común puede juzgar el comportamiento financiero del gobierno de su entidad federativa y reaccionar oportunamente con los medios políticos a su alcance ante un aumento excesivo del endeudamiento. Transparencia es la clave, la cual es muy útil en los procesos electorales.
La calificadora de riesgos de inversión, Moody’s investor service, en un comentario del sector publicado el 3 de abril, señala que el sistema de alertas es un paso en el sentido adecuado, pero no robusto y que dará resultados en el mediano plazo. Además, destaca que es un instrumento público para analizar el perfil crediticio y prevenir un sobre endeudamiento.
La principal debilidad del sistema de alerta radica en que la fuente de información proviene de las autoridades hacendarias de las entidades federativas, las cuales no son auditadas periódicamente por instancias externas, lo que pone en duda la veracidad y aumenta el riesgo de un registro incorrecto de la deuda.
Si bien es cierto que el semáforo no está en operación todavía, las cifras actualmente publicadas en la página de internet arrojan un resultado previsible: Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Sonora tienen alta probabilidad de ubicarse en un endeudamiento alto. Esto se puede afirmar en razón a que el monto de su deuda es superior a la mediana del resto de las entidades federativas.
Entonces, si hoy la información ya se tiene disponible en internet ¿cuál es la diferencia con el sistema de alerta que iniciará su operación en breve? Primero es que, a pesar de las carencias señaladas por Moody’s, este semáforo es una evaluación periódica en términos comparables y llevada a cabo con una metodología única y segundo, se presenta en categorías más accesibles al ciudadano común: verde, amarillo y rojo. Además, tiene una regla sencilla si el indicador principal está en rojo, el % de la deuda pública/ingreso es suficiente para no autorizar mayor endeudamiento.
El aspecto más importante para que el sistema de alertas funcione es un registro adecuado de la deuda y obligaciones, especialmente el compromiso de pagos futuros de las asociaciones público privadas, que el legislador identifica correctamente como un elemento que puede afectar las finanzas de los entes locales en el mediano plazo.
El semáforo dará los avisos. Ahora corresponderá a la sociedad y a los electores tomarlo en cuenta o seguir creyendo que las promesas de campaña de los candidatos pueden ser financiables si un estado tiene un alto grado de endeudamiento y un servicio de la deuda creciente. Esto se llama madurez financiera y el sistema de alertas contribuye a obtenerla.
Profesor de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte
cmatutegonzalez@yahoo.com.mx
