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En julio de 2015, antes de que supiera que sería removida de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles se enfrentó con una dura noticia: en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto la pobreza aumentó.
Ser titular en Sedesol y que tu primera evaluación sea que hay dos millones más de pobres es una combinación indeseable para alguien con aspiraciones presidenciales como ella.
Y lo peor: tendría que esperar dos largos años a que saliera la siguiente medición de las condiciones socioeconómicas del país a ver si la cosa pintaba mejor, dos largos años en que sus rivales le podrían restregar en la cara el fracaso.
Así que a Rosario Robles se le ocurrió algo: acortar el plazo doloroso. En lugar de esperar a que el Inegi levantara la siguiente encuesta y el Coneval sacara sus conclusiones hasta el año 2017 (la medición de pobreza es bianual desde que se fundó el Coneval), cabildeó con algunos gobernadores y juntos lograron conseguir en el Congreso una partida presupuestal de más de 150 millones de pesos para hacer una medición de pobreza que arrojara resultados en un año, en julio de 2016.
Además, era un tiro certero: el Producto Interno Bruto había crecido y el aumento en el precio de los alimentos se había mitigado, es decir, los dos factores que más inciden sobre la pobreza lucían mucho mejor. Era absolutamente previsible que la pobreza disminuiría, y la secretaria y algunos gobernadores recuperarían discurso y aliento.
Con los millones autorizados, lo de menos fue convencer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que hicieran la chamba, aunque fuera inusual, aunque fuera extemporánea.
La calentura política de la secretaria Robles tuvo atroces consecuencias. Un año más tarde, con ella fuera de la dependencia y despachando como titular de la Sedatu, el Inegi y el Coneval se enfrascaron en un pleito por esta medición (consultar las columnas El Inegi mochó la escena del crimen y ¿Quién le ordenó al Inegi “maquillar” la pobreza? la semana pasada en estas Historias de Reportero). El meollo del pleito fue que el Coneval reclamó al Inegi que sus datos no eran comparables con otros años, cuando la petición era que sí fueran. Y que nunca le advirtió de esto.
¿Por qué los datos no son comparables? Porque el Inegi ajustó su metodología para medir mejor los ingresos de las familias mexicanas. Lo logró. Pero al lograrlo, volvió incomparables sus datos con los que se recogieron con las viejas metodologías. Y en efecto mejoró la pobreza en 2015 como preveían los patrocinadores del ejercicio, pero a un grado no creíble, irrisorio, irreal: había de un año a otro, 11 millones de pobres menos. Una cifra desde luego ficticia —hasta el Inegi lo reconoció así— porque en realidad no pueden compararse los pobres de la encuesta 2014 con los de los datos de 2015. Así que el Inegi, por hacer mejor su trabajo, lo terminó haciendo peor.
Y eso desató el pleito. El director del Coneval, Gonzalo Hernández, denunció la irregularidad. El presidente del Inegi, Julio Santaella, en medio de la crisis, huyó de vacaciones. Su vicepresidente, Rolando Ocampo, fue el valiente que dio la cara que escondía su jefe.
En un par de semanas se calmaron las aguas. Coneval e Inegi acordaron un grupo de trabajo para intentar volver comparable el ejercicio 2016. Si lo logran, quizá le podrán reclamar al Coneval que se precipitó en su descalificación a un trabajo profesional. Si no, el Inegi podría enfrentar graves consecuencias ante la Auditoría Superior de la Federación.
Y todo, por las ganas de medir la pobreza fuera de tiempo para usar electoralmente las cifras.
SACIAMORBOS. Cuando apareció el dato de menos pobres, luego luego se trepó la secretaria con declaraciones. Pero guardó un extraño silencio después. Quizá porque si depuran las cifras haya sorpresas.
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