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Centenario, el satélite mexicano que sería enviado al espacio el fin de semana pasado y que quedó en un lanzamiento fallido, estaba destinado fundamentalmente a cubrir necesidades de comunicación del gobierno para tener conexiones confiables entre instituciones y sobre todo para que los órganos de seguridad monitorearan dos amenazas al Estado mexicano: los cárteles del narcotráfico y los huracanes.
Los principales beneficiarios de la puesta en órbita del satélite debían ser la Secretaría de la Defensa, la de Marina, la de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las áreas de Protección Civil nacional, estatales y municipales.
La poderosa antena que poseía el Centenario —22 metros de diámetro al extenderse— permitiría conectar teléfonos satelitales con antenas cortas, en zonas de difícil acceso.
Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el satélite Morelos III, programado su lanzamiento en octubre próximo desde Cabo Cañaveral, Florida, fue concebido como “gemelo” del Centenario y como respaldo de éste, por lo que las funciones estarán cubiertas en cinco meses.
El sistema satelital mexicano impulsado durante el gobierno de Felipe Calderón incluye tres satélites: el Bicentenario, puesto en órbita en diciembre de 2012; el Centenario y el Morelos III.
Incluido el lanzamiento y el satélite mismo, el costo total del Centenario fue de 390 millones de dólares. En febrero de 2012, en el último tramo del sexenio anterior, se hizo la licitación para contratar a la empresa que lo lanzaría al espacio. La ganadora fue la rusa ILS, con su sistema de cohetes Protón.
En ese momento, su historial de lanzamientos presentaba una efectividad muy alta. Después de firmado el contrato la empresa rusa ligó cuatro fallas, lo que motivó una discusión interna en la SCT sobre la conveniencia de seguir adelante con el proyecto con ILS.
La decisión fue correr el riesgo de un lanzamiento fallido pero contratar un seguro que cubriera el 100% del costo. La contratación, este febrero, significó un gasto de 50 millones de dólares.
Desde el punto de vista económico, la decisión es incuestionable. El debate es si estratégicamente fue correcto priorizar el dinero sobre las necesidades de seguridad nacional, protección civil y comunicaciones.
SACIAMORBOS. Todo apunta, pues, a que esta vez no fue pifia del secretario. Veremos si así se confirma. Porque ya tocaba la puerta de la tercera, que dicen es la vencida. La primera fue el tren bala, cuya licitación estuvo tan mal hecha, tan a prisa, tan a modo, que incluso antes del escándalo inmobiliario ya despertaba todas las sospechas. La segunda bomba apenas reventó: el ventajoso contrato que ha permitido a la española OHL más que triplicar sus tarifas en el Viaducto Elevado tiene manufactura en el mismo escritorio.
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