Aquí no pasa nada hasta que pasa. Tláhuac y el Nuevo Sistema Penal.

Una vorágine tomó a la CDMX. Repentinamente, mientras el jefe de gobierno donaba patrullas recicladas (6) en Ciudad Juárez, montaba a caballo en Chihuahua y ofrecía apoyo a nombre de la CONAGO con fuerzas de seguridad pública en Acapulco, la otrora región más transparente se manchó de sangre y de noticias que estuvieron soterradas durante los últimos años. Sin que nadie le dijera “agua va” al jefe delegacional en Tláhuac, se empapó su imagen pública cuando la Armada de México hizo un operativo para capturar a El Ojos en dicha demarcación, en el que el delincuente murió.

Los testimonios levantados por la prensa en los días subsecuentes a la muerte y sepelio del mafioso dan cuenta de la red de complicidades y la actividad delictiva extendida en Tláhuac durante años. Secuestros, robos, narcomenudeo, cobro de piso, extorsión, entre otras “linduras” han sucedido impunemente en esa demarcación. Hay quienes acusan al delegado de tener nexos con estos grupos delincuenciales, lo que Salgado Vázquez ya negó en conferencia de prensa. “Ni lo conocía”, dijo.

¿Cuáles son las causas de esta situación crónica? ¿Por qué hay una tendencia al alza de los delitos y de la sensación de inseguridad en la población en el último año? Lo sucedido en Tláhuac deja al descubierto que no es un problema sólo causado por la impartición de justicia relacionada con el nuevo sistema de justicia penal oral. Hay una descomposición añeja en los procesos de prevención del delito y procuración de justicia relacionado con los policías que limita significativamente la capacidad de respuesta de los gobiernos locales (estatales y CdMx), así como municipales y delegacionales.

En este contexto, el pasado domingo, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, publicó un posicionamiento oponiéndose al diagnóstico de la CONAGO, que considera que la causa del incremento de la delincuencia en tiempos recientes es atribuible al nuevo sistema penal y, como consecuencia, propone una reforma legislativa para que se aumenten los delitos que ameriten prisión preventiva. La agrupación de abogados, a través de su Presidente, De la Garza Marroquí, sostiene que las fallas reales están en la falta de capacitación de los operadores y en la desinformación (El Universal, 23-07-17).

Si concatenamos los hechos anteriores, se puede afirmar que una reforma que amplié las conductas delictivas graves –aquellas que no conceden el derecho a la libertad provisional- no reducirá los índices de inseguridad, ni siquiera lo contendrá. El reto no es legislativo, sino de que acciones de gobierno sean más contundentes y precisas. En este punto, el Ministro Cossío ha sido enfático. No basta un andamiaje jurídico alineado con los compromisos internaciones asumidos por México en materia de derechos humanos, ni que en la ley se adopten las mejores prácticas del mundo, para solucionar conflictos potenciales es necesario un trabajo meticuloso y ordenado en las instituciones administrativas que conviertan los buenos propósitos del legislador en políticas públicas eficientes.

La debilidad institucional (no atribuible a ningún partido político en específico) es lo que pone en crisis a la seguridad pública. El nuevo sistema de procuración e impartición de justicia penal o el regreso al anterior, hay voces que lo piden, no puede ofrecer certeza de que la impunidad se reduzca ipso facto, si no hay un trabajo de dignificación y profesionalización de los cuerpos policiacos.

La restricción del principio de presunción de inocencia con el aumento de los delitos sujetos a prisión preventiva durante la sustanciación del juicio no es garantía de mayor seguridad pública. Con base en el reconocimiento del jefe de gobierno que hay un gran problema por la existencia de 5 mil mototaxistas irregulares en Tláhuac, se pudiera afirmar, con una lógica propia de un tripero, que “este grupo al servicio de El Ojos eventualmente pudiera beneficiarse de la laxitud del nuevo sistema”, sin embargo, la realidad es más compleja y obliga a preguntarnos: “¿hay elementos para inculpar penalmente a los moto-taxistas?, ¿hay forma de probar jurídicamente, no periodísticamente, la delincuencia organizada? y ¿existen intenciones y condiciones reales para perseguir eficazmente a estas mafias en la ciudad y en el país?

En el fondo, vivimos una crisis de confianza en la autoridad de contacto directo e inmediato con la ciudadanía y la salida de esta no puede ser afectar el principio de presunción de inocencia. Tláhuac es una llamada de atención a los gobiernos para que actúen en otras zonas que están igual o peor y que nadie sabe, supuestamente, que existen. Aquí no pasa nada hasta que pasa.