El mayor corredor migratorio en el planeta lo conforma la frontera México-Estados Unidos: nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en migración.
Un estudio del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la ONU, realizado en 2014, señala que el principal destino de los connacionales es el territorio estadounidense, y según un análisis del Pew Research Center, actualmente radican 34.6 millones de mexicanos en ese país. Estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores dan cuenta que 5.7 millones de ellos se encuentran en condición de indocumentados.
Durante el mayor flujo migratorio mexicano registrado (de 1990 a 2007), 7 millones 440 mil 523 mexicanos migraron hacia Estados Unidos, miles de ellos llevaron consigo a sus hijos menores de edad; niños y adolescentes que, desde entonces, han abrazado en aquella nación la posibilidad de una mejor calidad de vida a través de oportunidades de estudio.
Aunque no existen cifras oficiales, autoridades mexicanas calculan que existen cerca de 600 mil jóvenes de origen mexicano afiliados al Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que desde 2012 protege a más de 750 mil jóvenes que llegaron como niños a EU.
Esos jóvenes llamados dreamers hoy enfrentan la amenaza de deportación por el endurecimiento de las medidas migratorias del nuevo gobierno estadounidense.
El desafío no es menor. Se trata de preparar una estrategia integral, transversal y muy bien articulada para que los jóvenes que retornen al país no vean truncados sus esfuerzos para concretar sus aspiraciones de ser profesionistas y elevar su competitividad.
En el ámbito federal, bajo la premisa de asegurar cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa, el Ejecutivo propuso al Congreso mexicano un paquete de reformas a la Ley General de Educación encaminadas a otorgar facilidades a los migrantes que regresan al país para flexibilizar su reinserción al sistema educativo nacional, sin que necesariamente cuenten con los documentos que acrediten sus conocimientos.
La propuesta —que es motivo de análisis y estudio en las comisiones del Senado— incluye además de los niveles de educación básica y media superior, a las universidades. Se trata de modificaciones a seis artículos del ordenamiento jurídico que, en conjunto, resultan sustanciales para eliminar obstáculos en los procesos de revalidaciones de educación superior.
La realidad es mucho más compleja que la sola inserción de esos jóvenes al sistema educativo. Recordemos que según datos de la Secretaría de Gobernación, tan solo en 2016 en el Estado de México retornaron 557 niños y adolescentes, de los cuales 341 no fueron acompañados por un adulto.
Sin embargo, no podemos dejar de lado el rostro social de este fenómeno, pues los jóvenes repatriados enfrentarán no solo un sistema educativo que no conocen, sino una realidad social y cultural muy distinta a la experiencia que han tenido en aquella nación y todo ello requiere además de la coordinación eficaz de las autoridades para regularizar los procesos administrativos, un acompañamiento humanitario, sobre todo para aquellos que retornarán sin la compañía de sus padres o algún familiar.
Hoy más que nunca la sociedad y todas las instancias del Estado mexicano estamos llamados a articular una estrategia integral para enfrentar el retorno de los jóvenes y propiciar positivamente su reinserción tanto educativa como social, en un marco de pleno goce de sus derechos.
Secretaria de Educación en el Estado de México.
@AnaLiliaHerrera
