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En una sociedad acostumbrada al desorden, al incumplimiento de la ley y al crimen sin castigo, la presencia de sujetos que hacen en la vía pública lo que les da la gana —para quienes las leyes y los reglamentos son papeles sin valor alguno— es una realidad que exhibe la debilidad institucional y la indefensión ciudadana.
Una de las secuelas previsibles de la inseguridad que se sufre en el país ha sido el auge de las empresas que ofrecen blindaje de vehículos y sistemas de seguridad para los negocios: alarmas, circuitos cerrados, dispositivos de acceso a oficinas o plantas, además de pequeños o grandes ejércitos de guardaespaldas.
Estos personajes del submundo conocidos popularmente como “guaruras” viajan en camionetas negras con tumbaburros (para embestir a los coches que se niegan a abrirles paso), suelen usar lentes oscuros, portan sus armas de manera ostensible y se comportan con una agresividad que intimida.
Lo mismo políticos que hombres de negocios o celebridades del espectáculo se hacen acompañar por estos sujetos prepotentes no sólo por miedo a ser secuestrados sino, también, porque así envían una señal de poder. Algunos empresarios connotados llegan a disponer de un mini ejército de más de doscientos guardaespaldas para su protección y la de sus familias.
La gente común les teme, e incluso los policías preventivos se amilanan porque saben, sin sombra de duda, que estos sujetos actúan con total impunidad, dado que están al servicio de alguien poderoso (“no sabes con quién te metes”, les advierten cuando intentan conminarlos a respetar los reglamentos).
El martes 16 de febrero, Arne aus den Ruthen, city manager de la delegación Miguel Hidalgo, sufrió una agresión a manos de guardaespaldas de Rubén Libien Santiago, director general de Miled, un grupo editorial que tiene su sede en Toluca y que imprime publicaciones de ésas que abundan en los estados: sin lectores, pero generosamente financiadas con dineros de las arcas públicas. Cuando el funcionario delegacional verificaba el retiro de vehículos que obstruían banquetas y pasos peatonales en Paseo de la Reforma, llegaron dos vehículos de los que descendió un grupo de “guaruras” que lo insultó, golpeó y le robó su teléfono celular.
Una semana antes, el 10 de febrero, el propio Arne grabó y transmitió por redes sociales un operativo para retirar y remitir al corralón vehículos que no solo ocupaban banquetas sobre Reforma sino que usaban “estrobos luminosos” exclusivos de la policía. Los “guaruras” de Libien trataron de impedir la acción oficial y pusieron en el altavoz de un celular a su jefe, quien ante la negativa del funcionario de tomar el teléfono, le lanzó insultos que quedaron grabados y terminarían circulando en las redes sociales.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ejerció acción penal en contra del único de los guardaespaldas que fue detenido, acusado de “ultrajes a la autoridad” y “robo agravado con violencia física y pandilla”. Faltan de ser aprehendidos los otros tres, así como el autor intelectual, Rubén Libien.
Según cálculos de la Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad Privada existen en el país entre 8 mil y 10 mil empresas de seguridad privada, donde laboran alrededor de un millón 50 mil guardias. Los datos son preocupantes desde cualquier punto de vista; sobre todo cuando se advierte que estamos frente a una suerte de “ejército irregular” —disperso, fragmentado, informal— que supera en número a los aproximadamente 544 mil que constituyen la fuerza policiaca nacional (entre federales, estatales y municipales).
Los “guaruras” son el brazo armado de una cofradía ilegal e ilegítima; un poder impune, conformado por empresarios con negocios oscuros (o perfectamente lícitos) y delincuentes (abiertos o furtivos), ante los cuales son muy pocos los funcionarios que, como Arne aus den Ruthen y la jefa delegacional Xóchitl Gálvez, tienen la determinación de restablecer el orden perdido en tantos espacios de ésta y muchas otras ciudades del país.
Presidente de Grupo Consultor
Interdisciplinario. @alfonsozarate
