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El pasado 27 de noviembre, en el bar Mandala, ubicado en el corazón de la zona hotelera de Cancún, unos hombres armados abrieron fuego contra tres empleados del establecimiento. Ninguno sobrevivió.
El viernes siguiente, en un centro de alto rendimiento deportivo de la misma ciudad, dos futbolistas extranjeros, uno colombiano y otro estadounidense, fueron heridos de bala. Cuando huían, sus agresores arrojaron una cartulina advirtiendo a las víctimas que dejaran de extorsionar centros de prostitución, disfrazados de casas de masajes.
Ese incidente bien pudo haber sido resultado de una confusión, pero probablemente existe un vínculo con la cadena de ataques que han sufrido centros de prostitución en Cancún y la Riviera Maya en meses recientes.
El pasado 26 de octubre, un establecimiento que se presentaba como spa (y que probablemente proveía otro tipo de servicios) fue rafagueado por sujetos desconocidos, dejando heridas a dos personas. Un día antes, otra casa de citas sufrió un ataque similar, sin dejar víctimas allí, pero sí un narcomensaje donde se amenazaba a los dueños de serias consecuencias si le seguían pagando derecho de piso a los Zetas.
Estas no son más que unas postales de la epidemia de extorsión que se ha apoderado de la Riviera Maya en años recientes. El saqueo de la delincuencia organizada se cierne, por supuesto, sobre centros de prostitución y narcotienditas, pero también sobre negocios perfectamente legales. En julio pasado, dos dueños de restaurantes de Cancún fueron atacados a balazos en un periodo de 24 horas (ambos sobrevivieron). En Playa del Carmen, según me informan fuentes locales, no hay negocio visible, del giro que sea, que no haya recibido una visita o una llamada de extorsionadores. Casi ninguno denuncia el hecho y muchos, tal vez la mayoría, pagan.
Este impuesto de la delincuencia organizada empieza a tener consecuencias económicas. Según reportes de la prensa local, unos 100 negocios de Playa del Carmen cerraron sus puertas en el último año al verse en la imposibilidad de seguir pagando el derecho de piso. No es irracional esa decisión. En el caso de algunos bares, por ejemplo, el cobro era de no menos de 40 mil pesos mensuales.
¿Quién está detrás de este atentado constante en contra de una de las economías regionales más prósperas del país? De acuerdo a reportes de la prensa local, hay varias células de Zetas operando en la región. Existe evidencia, asimismo, de presencia de grupos relacionados a algunas facciones del Cártel del Golfo. Más recientemente, han surgido algunos indicios de un posible desembarque del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Hasta ahora, toda esta presencia delictiva no se ha traducido en una oleada de violencia homicida. Quintana Roo es de los pocos estados que han visto disminuir el número de homicidios en 2016. Pero esa paz mafiosa es probablemente muy endeble, como lo demostró el ataque reciente al bar Mandala. No se requiere mucho para que una disputa por la plaza se vuelva incontrolable.
Frente a este escenario, ¿qué han hecho las autoridades estatales y municipales? Robar y extorsionar por cuenta propia (al menos hasta el reciente cambio de gobierno). Para una muestra, vean este reportaje: http://bit.ly/2cwT6gw.
Cancún y la Riviera Maya no son aún Acapulco en términos de disfuncionalidad y violencia, pero van decididamente en esa ruta. Enfrentan la misma combinación tóxica de delincuencia organizada y corrupción institucionalizada. El resultado no puede ser muy distinto.
Ya perdimos un paraíso en el Pacífico. Ojalá las autoridades hagan algo antes de que se pierda otro en el Caribe.
alejandrohope@outlook.com.
@ahope71
