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La empresa ganadora, Tecnoprogramación Humana en Sistemas Operativos, conocida por sus siglas como Theos, pactó un precio superior al que le había significado ganar un contrato similar con la Comisión Nacional del Agua.
En el primer caso el costo por unidad de equipo de cómputo con su correspondiente UPS, es decir posibilidad de respaldo frente a fallas en la energía eléctrica, fue de 700 pesos; en el segundo en alrededor de 490.
La diferencia es de más/menos 250 millones de pesos.
La licitación del ISSSTE apuntaba a 33 mil computadores e impresoras; la de Conagua a 7 mil 450.
El contrato de la instancia de seguridad social se adjudicó en forma directa vía la extensión de otro vigente con el Fovissste, con la novedad de que fue la única participante.
En las condiciones planteadas en el concurso, casi bajo línea para la adjudicada, nadie se atrevió a plantear oferta alguna.
La licitación se lanzó el 3 de marzo pasado, en vida aún del que fuera director general del organismo, Sebastián Lerdo de Tejada, bajo la responsabilidad de la Dirección de Administración del Organismo.
La empresa Theos había aparecido en la escena grande durante el gobierno de Vicente Fox, adjudicándose varios contratos para el malogrado proyecto Enciclomedia.
El caso es que un año antes la Conagua había convocado a un concurso similar, incluida la entrega, migración de datos, instalación y puesta de los equipos.
El contrato por 31 meses, adjudicado a Theos, fue por 111 millones 517 mil pesos por siete mil 460 microcomputadoras, y 7 millones 424 mil 88 servidores departamentales.
En el concurso participaron las empresas Mainbit, Alef Soluciones Integrales y Microformas.
En el caso del ISSSTE, el contrato fue por 2 mil 294 millones de pesos, para cubrir de marzo de 2015 a julio del 2018.
Anteriormente, decíamos, Theos había obtenido un contrato con el Fovissste por 58 millones 623 mil pesos, en un escenario de oferta de servicios similares.
Este se firmó a finales de 2013.
En el escenario de precariedad presupuestaria del gobierno ante la caída del precio y la oferta de Petróleos Mexicanos, se prepara el despido de 15 mil servidores públicos, de los cuales 7 mil son de base y 8 mil por honorarios.
La poda a las partidas para el año próximo será de 220 mil millones de pesos, equivalente al doble de lo “ajustado” para este año.
¿No podíamos empezar por cuidar las licitaciones públicas?
Balance general. La contratación de una póliza para asegurar el satélite “Centenario” ha provocado una fricción entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
Este ha enviado 22 solicitudes a la dependencia para transparentar la información, incluida la posibilidad de ofrecer una copia del documento íntegro.
El problema es que por un lado el asunto está inmerso en el escenario de lo que constituye el rubro seguridad nacional, y por otro existe un contrato de confidencialidad pactado con la firma adjudicada.
La dependencia entregó una versión pública de la póliza que no satisface a la instancia.
El jaloneo se mantiene vivo.
Como usted sabe, el satélite, lanzado al espacio por una empresa rusa, se destruyó antes de llegar a su órbita.
La póliza tenía vigencia del primer minuto de ese día al 15 de mayo de este año.
El monto asegurado se dividió en dos planes, alcanzando un total de 389 millones 700 mil dólares… que se pagaron religiosamente pocas semanas después del percance.
La dependencia no pagó ningún deducible.
Kia por amparo. Aunque la exposición de motivos del gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para renegociar las condiciones pactadas por el antecesor, encabezado a su vez por Rodrigo Medina, para que la automotriz coreana Kia Motors instalara una planta en la entidad federativa, habla de que éstas rebasaron 15 veces lo previsto por la ley, la posibilidad de triunfo es mínima.
En un pleito jurídico la empresa armadora podría alargar derechos adquiridos, al margen de la ilegalidad de lo pactado.
De hecho, se habla de que podría recurrir a un amparo cuyo punto final lo daría la Suprema Corte.
Su hándicap, naturalmente, es el tiempo, dado que la escalera podría agotarse en tres años.
Ahora que El Bronco podría en el entretanto fincarle, a su vez, responsabilidades a los funcionarios responsables.
Dedo en el renglón. Ubicada como la presunta autora de la filtración publica de llamadas telefónicas de directores de la constructora OHL que descobijan sus formas de relación con la autoridad, la empresa Infraiber mantiene vivas las hostilidades.
La firma que perdió un contrato para contabilizar el aforo vehicular de las autopistas de cuota del Estado de México, acaba de plantear un recurso jurídico para impugnar el aumento de tarifas de peaje a una de las concesionadas a OHL.
Estamos hablando del Circuito Exterior Mexiquense.
Según la impugnante, de mantenerse la ruta el costo para los automóviles para 2021 será 65% más alto del que existía en 2013.
La vía hacia el alza se construyó al modificarse por sexta ocasión los contratos que permitieron la concesión.
Pemex en la lupa. En el marco de un seminario sobre Reforma Energética y Desarrollo Industrial organizado por la comisión de Energía del Senado, se analizará la situación financiera que enfrenta Petróleos Mexicanos, de cara a la competencia abierta.
El ponente será Francisco Ibarra Palafox, secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En la larga lista de temas se ubica también “Empresa pública y desarrollo industrial en el nuevo modelo energético, ¿Qué papel para Pemex, CFE?”.
Además, “El cambio de piel. La nueva industria de la explotación de petróleo en México” y “La reforma energética como la oportunidad para reactivar el sector petroquímico del país”. El evento se realiza mañana.
albertobarrancochavarria0@gmail.com