De acuerdo con el togado, titular del juzgado séptimo de Distrito, José Francisco Pérez Mier, son contrarias a la Constitución las reformas a Ley Federal de Sanidad Vegetal bajo cuyo manto se permitía el ingreso.
La modificación se dio a la vera de la decisión del gobierno de modificar un convenio bilateral con el país del norte en cuyo marco se anotaban diversos requisitos de carácter fitosanitario para el acceso a la papa producida por el vecino del norte.
El documento original se había firmado en 2003 bajo cuyas telas se le daba exclusividad al tubérculo Made in USA para ingresar primero a la zona fronteriza, luego al centro y sureste del país.
El problema es que la mercancía no pasó la prueba de inocuidad.
El borrón y cuenta nueva fue objetado por la Confederación Nacional de Productores de Papa (Conpapa), al considerar que los riesgos, seguían latentes, colocándose en peligro la producción alterna a la siembra del tubérculo, por ejemplo, chile, berenjena y tabaco.
El organismo ha logrado mantener el statu quo a base de amparos.
En el escenario, Conpapa, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, inició una guerra de desplegados contra el gobierno.
Al fragor del enfrentamiento se habló de que el país había laxado sus reglas a presión de Estados Unidos… ¡como condición para integrarnos a la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, conocido como TPP!
En la lid, los productores solicitaron al Insituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos el documento firmado por las partes… que se entregó tachoneado, según ello para no dañar la relación bilateral.
Lo curioso del caso es que la Secretaría de Economía había señalado que el documento de la discordia había sido reservado por 12 años por el propio INAI.
Bajo el testimonio, sin embargo, el juez de la causa le otorgó a Conpapa una suspensión provisional, que se convertiría en definitiva.
El juicio, pues, empezó a correr.
El acuerdo subterráneo lo firmó el 12 de marzo del 2012 el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari.
Al calce se colocaron las rúbricas de la subsecretaria de Industria y Comercio, Lorenza Martínez Trigueros, además de un funcionario de Agricultura, Javier Trujillo Araiza, y el presidente, entonces, del Consejo Nacional Agropecuario, Carlos Cortés García.
El texto señalaba letra por letra que México establecerá o pondrá en funcionamiento, previo a la conclusión del TPP, los mecanismos y reglas necesarias para la importación a su territorio de papa fresca para consumo, proveniente de Estados Unidos, aunque se reconocía que el esquema estaría sujeto a ciertas medidas de mitigación del riesgo.
El toma y daca provocó que se le colocaran una y otra barreras a la posibilidad de que el presidente de Conpapa saltara a la presidencia del Consejo Nacional Agropecuario.
Lograda la silla contra viento y marea, Bosco de la Vega Valladolid ha mantenido una actuación discreta.
Se diría que ocultó la cabeza.
La guerra de la papa.
Balance general
. Aunque no hay declaración de guerra formal, las escaramuzas entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana se mantienen vivas.
La manzana de la discordia, ahora, es la posición de sus presidentes frente al escenario fiscal.
Mientras Gustavo Walther de Hoyos sostiene que debe reducirse la tasa del Impuesto sobre la Renta para darles mayor dinamismo a las empresas, Juan Pablo Castañón aduce que no es el momento para mermar el ingreso público.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, había planteado una respuesta similar.
Como usted sabe, la reforma fiscal elevó el tributo a una tasa máxima de 35%, cuyo monto es mayor al promedio de los países integrados al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Anteriormente los organismos habían chocado al negarse el sindicato patronal a firmar el acuerdo que derivó del “gasolinazo”.
Golpe a minera
. Firmado hace varios años un contrato entre los ejidatarios de los municipios de Bermejillo y Mapimí de Coahuila con la minera canadiense Excellon Resource para arrendarle mil 100 hectáreas, un tribunal colegiado acaba de determinar que la firma incumplió los términos de éste, lo que la obliga a pagar daños y perjuicios.
La empresa les había regresado las tierras a los campesinos en 2013 tras otro fallo que resultó salomónico al multar al arrendatario, pero también al arrendador, en este caso por un bloqueo de 100 días a las instalaciones de la mina.
En el marco, se le otorgó un amparo a la firma encabezada por Brendan Cahill para que no se construyera una planta tratadora de agua, lo que constituía uno de los argumentos de los ejidatarios para rescindir el contrato.
En el ping pong la compañía del país de la hoja de arce, que ha realizado una inversión de 3 mil millones de pesos, está analizando la salida del país.
Hidalgo en la mira
. Quien acaba de reunirse con el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, José Luis Romo, es el representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, Larry Rubin, a quien se considera como posible embajador en el país.
Rubin se ha entrevistado en los últimos días con los secretarios de Estado de su país, Rex Tillerson, y de Comercio, Wilber Ross, además de representantes de la Casa Blanca.
Aparentemente el interés es promover inversiones hacia la entidad federativa que ha logrado en 10 meses amarrar apuestas productivas por 13 mil millones de pesos.
Takeda-Aspen Labs Hace unos días la firma farmacéutica mundial de origen japonés Takeda frenó un acuerdo comercial con el consorcio global Aspen Labs, cuyo director para América Latina es Carlos Abelleyra.
La intención es aprovechar la experiencia de la firma en el mercado de tratamientos innovadores para promover el portafolios de Takeda denominado Primary Case.
Los medicamentos se prescriben en las áreas de gastroenterología y ginecología.
El acuerdo alcanza a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Curazao.
albertobarrancochavarria0@gmail.com