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El absurdo llega justo en la antesala de cumplirse el plazo para la entrega del expediente con las declaraciones de los testigos o agentes que entregaron sobornos por 439 millones de dólares a los países involucrados.
La fecha exacta en que México recibiría la información sobre el capítulo inherente a su causa, 10.5 millones de dólares por contratos millonarios de Pemex, era el próximo viernes.
Además de la garantía de inmunidad, la fiscalía brasileña exige que la información se quede bajo siete llaves, es decir, no se haga pública, según ello para no perjudicar a los delatores.
Textualmente, la Secretaría de Corporación Jurídica de Brasil, órgano de la Procuraduría General de la República, señala que “sólo se podrá enviar información a otros países si hay el compromiso de que los documentos presentados por la propia empresa o sus colaboradores y adherentes no sean usados contra ellos ya sea en el ámbito civil o penal”.
Información por inmunidad, pues.
Hágase la justicia sólo en el que mata la vaca, perdonando al que le sostiene la pata. Corrupto, pues, es el que recibe no el que ofrece.
De acuerdo con la fiscalía brasileña encabezada por Orlando Martello, el oficio condicionante se envió a sus similares de Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Portugal, Venezuela y México.
El único país excluido fue República Dominicana, cuyo ministerio público se había firmado un acuerdo de información vía el cual pudo sustentar acusaciones contra 14 personas, ya legisladores, dirigentes políticos, exfuncionarios y hasta el ministro de Industria y Comercio Exterior, Temístocles Montás.
Según ello, el Supremo Tribunal Federal, equivalente en México a la Suprema Corte de Justicia, había ordenado que mantuvieran bajo reserva todas las pruebas obtenidas mediante los acuerdos de colaboración con directivos y funcionarios de Odebrecht, “aún cuando hubiera de por medio pedidos de colaboración internacional”.
La petición de reserva, de acuerdo con la PGR brasileña, se justifica “en razón del posible interés de las autoridades extranjeras en la adopción de medidas investigativas relativas a los hechos reportados por los colaboradores, que pueden ser perjudiciales si hubiese publicidad del material antes de que sea enviado a las autoridades”.
Como recordará usted, hace unas semanas, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, se publicó que el responsable del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, había señalado que el receptor de un soborno de cinco millones de dólares había sido el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya.
Este negó el cargo.
Las filtraciones apuntaban, en los últimos días, a funcionarios de nivel medio de la empresa productiva del Estado.
En paralelo, se había dado a conocer que el gobierno mexicano había rechazado un pago de 10 millones de dólares, que luego se elevó a 20 y finalmente a 30, como resarcimiento del daño, y así llegar al carpetazo.
Blindaje a Odebrecht.
Balance general. En torno al diferendo entre México y Estados Unidos sobre las exportaciones nacionales del dulce, ayer apareció en el periódico The Whashington Post un desplegado firmado por la American Sugar Alliance, bajo el título de Cuando aloha quiere dices adiós.
En este se culpa al país de provocar, el año pasado, el cierre de la producción local del dulce en Hawái.
Naturalmente, la intención es reforzar la tentación de la Casa Blanca de imponerle aranceles al flujo del dulce mexicano.
El caso es que para el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina Gallardo, se trata de “mentiras inverosímiles”.
86% de la producción de azúcar de Hawái se había cancelado antes de la entrada en escena de la liberación del precio de ésta, bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir en 2008.
La autoridad del Estado nunca mencionó a México como factor del colapso.
De acuerdo con Cortina la intención en que se entrega la refinación de azúcar mexicana a dos empresas de ese país.
Vía a la formalidad. En un escenario en que se considera un gran triunfo el haber bajado a 59% el porcentaje de la economía que se desenvuelve en la informalidad, la Secretaría de Economía acaba de crear un instrumento para darle otro jaloncito hacia abajo.
Estamos hablando de la Sociedad de Acciones Simplificadas en cuyo marco se acelera la tramitología para constituir una empresa formal.
La promesa es hacer la conversión en un solo día sin erogar un centavo.
La posibilidad se creó vía una modificación a la Ley General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía.
Ruíz Esparza preside. Bajo la presidencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, hoy se abre en Leipzig, Alemania, la Conferencia Mundial de Transporte.
Entre los temas a discutir está “Gobernanza en el Transporte” que plantea un marco que oscila desde el acceso urbano hasta la conectividad global.
Entre los asistentes estará Andrés Fabre, director general de Aeromar, empresa interesada en tener presencia internacional dada su participación en destinos turísticos de interés mundial como el Mundo Maya-Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Cancún.
Recta final. Colocada en la recta final el diferendo de años entre la minera canadiense Excellon Resurce a los ejidatarios de La Sierrita de Durando, en los próximas días el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dictará la sentencia final.
Los campesinos le exigen a la firma el pago de 22 millones de pesos por concepto de renta de cuatro años de terrenos que mantenía la empresa, quien les regresó hace cuatro años mil 90 hectáreas de mil 100 cedidas.
Las otras 10 se entregaron a su vez en diciembre pasado.
Zancadilla a San Luis. En el insólito de la temporada apareció un documento apócrifo que en el papel lo emitía la calificadora de deuda Moody’s en que se mostraba un escenario de perfil catastrófico para San Luis Potosí.
Lo cierto es que la entidad federativa mantiene uno de los saldos de deuda más manejables: 4 mil 327.4 millones de pesos.
De hecho este año pagará por el servicio, incluyendo contraprestaciones por contratos de asociación publico privada, 436.9 millones de pesos.
La calidad crediticia es A (mex) con prefectura de bajo riesgo.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
